La consejera de Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación, Rocío Ruiz, ha informado en Parlamento sobre la necesidad urgente de las medidas que plantea el Decreto Ley 28/2020 que ha convalidado el Parlamento de Andalucía para el establecimiento de medidas de carácter extraordinario, con el objetivo de seguir dando servicio en las residencias y en los centros de día a las personas mayores y con discapacidad o a menores en situación de desprotección. Según contempla esta norma, se prorroga un año el concierto social con estos centros mediante la modificación de la Disposición Transitoria Primera del Decreto 41/2018, con el objetivo de mantener la vigencia de los contratos de servicios sociales que deban acogerse a la figura administrativa del concierto social.

"Teniendo en cuenta la naturaleza y características de estos servicios, no solo es inviable dejar de prestarlos temporalmente, sino que conllevaría una grave omisión de responsabilidad. La irrupción de la pandemia y la declaración del estado de alarma, que suspendió los plazos de tramitación de los procedimientos de las entidades del sector público, ha provocado que no se haya podido garantizar la adjudicación de todos los servicios antes de la fecha límite establecida", ha señalado Ruiz.

De otra forma, ha subrayado la consejera, la inesperada e imprevisible situación provocada por la pandemia de Covid-19 ha originado que "numerosos centros que actualmente están atendiendo a personas vulnerables corran el riesgo de quedar fuera del concierto social. Al quedar sin efecto el contrato vigente, sería imposible financiar plazas actualmente ocupadas y, por tanto, no se garantizaría la continuidad asistencial de las personas que las ocupan".

Esta medida afectará a los centros de atención residencial de menores y jóvenes que hayan estado sujetos a medida protectora, así como los de atención residencial, centros de día, centros de día con terapia ocupacional y centros de noche y de respiro familiar para personas mayores y personas con discapacidad en situación de dependencia.

Ampliación de la vigencia de las acreditaciones

Por otra parte, más de 100 centros concertados con la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de Andalucía no han podido renovar su acreditación durante este periodo ante la imposibilidad de efectuar las necesarias visitas para comprobar el cumplimiento de los requisitos materiales y funcionales. Además, la adaptación a las medidas dictadas por la autoridad sanitaria para frenar la expansión del virus, ha hecho que estos centros se hayan visto obligados a diseñar un plan de contingencia que redistribuya los espacios, creando sectorizaciones y usos diferentes de las estancias a los inicialmente establecidos.

Por este motivo, se ha considerado urgente plantear la ampliación de la vigencia de las acreditaciones administrativas hasta el 31 de diciembre de 2021. "En caso contrario, esta situación puede provocar la imperiosa necesidad de proceder al traslado de las personas beneficiarias en situación de dependencia a otros centros que tengan la acreditación vigente, lo cual no aseguraría la continuidad asistencial de estas personas, provocaría desarraigo en su entorno e incrementaría la posibilidad de propagación del virus entre centros", ha destacado la consejera.

Estas medidas afectan a 672 centros de atención residencial y 702 centros de día y con terapia ocupacional que suponen más de 23.000 plazas en el primer caso y más de 12.000 en el segundo.

"Las medidas que contempla este Decreto Ley constatan la ineludible necesidad de impedir que haya periodos sin cobertura contractual en la prestación de los servicios sociales de gestión indirecta. Hasta ahora, la gestión de los recursos se ha venido realizando a través de contratos de gestión de servicio público y contrato de servicios mayoritariamente con asociaciones o fundaciones, que han posibilitado la creación de una red de recursos que cuenta, en la actualidad, con una amplia experiencia y solvencia técnica, así como un amplio bagaje de conocimientos especializados", ha concluido.