Griñán pide al Gobierno central que derogue la ley de tasas judiciales porque “genera desigualdad social”
Versión para impresiónEsta ley de tasas judiciales debe ser inmediatamente derogada porque genera desigualdad social”, sostiene el presidente de la Junta, José Antonio Griñán, en una nueva entrada de su blog (http://elblogdegriñan.es/). Griñán reflexiona en su post sobre la entrada en vigor de la nueva ley de tasas judiciales, sacada adelante por el PP en el Congreso pese a contar con la oposición del resto de partidos políticos, de sindicatos, de la mayoría del sector de la justicia y de las asociaciones de consumidores.
Griñán sostiene que esta justicia de pago representa “un peldaño más en la escalada hacia la desigualdad con la que se está afrontando la salida de la crisis”. En este sentido, el presidente andaluz recuerda que la implantación de tasas judiciales de forma generalizada viene a sumarse a otras medidas igualmente lesivas por la desigualdad social que fomentan, caso de “la reforma laboral, la privatización de servicios públicos fundamentales como los sanitarios, el deterioro de la educación pública y la pérdida de la atención a las personas mayores”.
“En este deterioro acelerado de nuestro modelo social, las tasas judiciales son una forma de pretender salir de la crisis a través de la desigualdad”, reitera Griñán, quien juzga esta medida del Gobierno central como “una vuelta al pasado, pues supone volver a considerar a la gente como súbditos en vez de ciudadanos” al ponerle trabas económicas a su derecho a litigar contra las sanciones impuestas por las Administraciones públicas.
Para el presidente del Ejecutivo regional, la ley de tasas supone igualmente una vuelta al pasado porque “va en la dirección contraria a la Historia”, pues reimplanta una sistema de tarifas que, recuerda, ya derogó en 1986 un Gobierno socialista, el de Felipe González.
Griñán considera que “la función de hacer justicia debe ser fundamentalmente gratuita y debe equilibrar las relaciones desiguales que se dan en la sociedad”. Esta desigualdad se ve incluso acentuada, ha alertado, tras la reforma laboral, puesto que ésta fía “todo el poder al empresario”, rompiendo el necesario equilibrio de relaciones con el trabajador, lo que dificultará, impedirá o disuadirá a éste de litigar al encontrarse, a partir de ahora, con esta barrera económica obligatoria.
El presidente andaluz insiste en la necesidad de que “exista justicia gratuita” e insta a “impedir que se implanten tasas que puedan quebrar o disuadir del legítimo derecho de cada ciudadano a litigar con plenas garantías de que se hará justicia”.
