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Ruptura de la convivencia

La ruptura de una pareja de hecho y la crisis matrimonial implica la toma de decisiones con respecto al reparto de los bienes comunes y la guardia y custodia de los hijos. Estas pueden realizarse de mutuo acuerdo, o acarrear consigo conflictos de intereses, por lo que existen muchas formas de regularlo para que, por encima de todo, se garanticen los derechos y el bienestar de los menores.

Patria potestad

La patria potestad es el conjunto de deberes y derechos que tienen los padres y las madres con respecto a sus hijas e hijos menores no emancipados.

Se ejerce siempre en beneficio de la prole, de forma conjunta entre los dos, debiendo acudirse a la autoridad judicial en caso de desacuerdo.

Guardia y custodia de los hijos e hijas

Es posible compartir la guarda y custodia de los hijos entre los dos cónyuges aún cuando no exista acuerdo entre ellos, a menos que uno de los dos esté acusado en un proceso penal por atentar contra el otro o contra los hijos de ambos.

Si no hay acuerdo entre los progenitores, la autoridad judicial determinará la persona a cuyo cuidado han de quedar las hijas e hijos sujetos a patria potestad, velando siempre por el interés de los mismos.

Uso y disfrute de la vivienda conyugal

El uso y disfrute de la vivienda conyugal y del ajuar doméstico se atribuye, por tiempo indeterminado, al cónyuge en cuya compañía queden las hijas e hijos menores. Si no existe descendencia, la autoridad judicial atribuirá el uso y disfrute de la misma al cónyuge que considere más necesitado de protección.

Pensión alimenticia y pensión compensatoria

La pensión alimenticia es la cantidad que se fija como contribución de cada progenitor para garantizar el sustento, la habitación, el vestido, la asistencia médica y la educación de las hijas e hijos comunes.

La pensión compensatoria tiene un carácter indemnizatorio. Pretende compensar el desequilibrio que la ruptura matrimonial produce en la mujer con relación a la situación económica que poseía mediando el vínculo conyugal. Ha de ser solicitada expresamente, ya que la autoridad judicial no la fija de oficio, y puede consistir en una pensión temporal o por tiempo indefinido, o en una pensión de pago único, según se determine en el convenio regulador o en la sentencia.

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