Ley de Protección Integral a la infancia y la adolescencia frente a la violencia

Nagore Gardoqui. Departamento de Educación de la AACID.

Durante el confinamiento, cuando los formatos virtuales difuminaban espacios y tiempos y la avalancha de trámites burocráticos aumentaban exponencialmente las modificaciones de proyectos para tratar de ajustarlos a la incertidumbre, las voces del personal técnico recolocaban y ponían el foco en lo que era y es realmente lo importante: las personas.

Me contaba esa técnica, y ahora maestra, cómo el móvil se había convertido en el hilo (frágil pero existente) para mantener viva la comunicación con una alumna que se veía enjaulada, entre las cuatro paredes de su casa, con su maltratador, que no era otro sino su padre.

Esta realidad silenciada de cualquier forma de violencia contra la infancia y adolescencia (desde el castigo físico a la violencia sexual o ciberacoso) precisaba de un cambio de paradigma: el del buen trato a la infancia. Como expone Clara Martínez, directora de la Cátedra Santander de Derechos del Niño de la Universidad Pontifica de Comillas: “No basta con no tratar mal a los niños, sino que hay que establecer mecanismos para tratarlos bien”. Lo cual implica a su vez un cambio cultural en el modo de entender qué es una persona menor de edad.

El proyecto de Ley de Protección Integral a la Infancia y la Adolescencia frente a la Violencia, aprobado recientemente en el Congreso de los Diputados, supone un gran paso en la protección de los derechos de los menores por su carácter integral, convirtiéndose en una ley pionera en el ámbito europeo y mundial, aunque susceptible de mejoras.

Con los aprendizajes de la Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre de Medidas de Protección Integral contra la Violencia de Género, con la que guarda grandes similitudes, comprendimos que la erradicación de la violencia no se circunscribe al ámbito legal. Debemos tener una mirada interdisciplinar y transversal, implantando buenas prácticas psicosociales y profesionales que promuevan la prevención, con medidas de sensibilización, de plena realización de los derechos de la infancia y adolescencia, de detección, protección y reparación de las víctimas.

Este texto normativo, como no podría ser de otra manera, está vinculado con la Convención sobre los Derechos del Niño, resultando primordial el Derecho a ser escuchados, y no únicamente en los procesos administrativos, judiciales o de otra índole relacionados con la acreditación de la violencia o reparación o en los casos de separación o divorcio, sino mucho antes: viendo lo invisible, sabiendo leer y entender qué nos cuentan, nombrándolo, clamándolo, siendo por ello especialmente importante el despliegue de iniciativas preventivas.

El anteproyecto también habla de la importancia de una educación en todas las etapas formativas que, con independencia de la titularidad del centro, incluya el respeto a la dignidad y derechos de las personas, la igualdad de género, la diversidad familiar, la educación afectivo-sexual y la educación alimentaria y nutricional, instando a elaborar protocolos específicos en cuya redacción participen los menores.

Porque, y no lo olvidemos, niños, niñas y adolescentes, son ciudadanos y ciudadanas que, aunque por edad aún no puedan votar, son titulares de derechos, personas con dignidad y una parte fundamental de la sociedad a la que pertenecen. Como recordamos desde el III Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE), los niños, niñas y jóvenes son agentes fundamentales del cambio y desde la Agencia Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AACID) promovemos su participación y capacidad activista transformadora otorgándoles el protagonismo que merecen como titulares de derechos que son.

La violencia tiene alargados tentáculos. Es necesario evitar que se produzca, reproduzca y que los menores crezcan y vivan sin miedo ni culpa. Por eso, en esta visión integral, la igualdad de género nos hace poner la mirada en la violencia machista, haciendo necesario adecuar la ley de violencia de género para incluir la violencia vicaria (la ejercida sobre familiares o allegados menores de edad para causar perjuicio o daño a las mujeres).

Desde la AACID no podemos mirar a otro lado. Como recogemos en el PACODE, entre la población destinataria prioritaria de la cooperación andaluza, se encuentran mujeres, infancia y juventud en riesgo por ser personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad o en riesgo de exclusión social, reconocidos y protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.

Consecuentes con todo lo antedicho, desde la AACID apostamos por una Educación Transformadora que nos dote de una mirada crítica que nos ayude a identificar los elementos y sistemas que crean y/o perpetúan desigualdades e injusticias para transformar esa realidad en aras de la justicia social, siendo lentes fundamentales para ello el enfoque basado en los Derechos Humanos y el enfoque de género.

Y en este sentido, acompañamos a entidades como la Fundación Save The Children con el proyecto “PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LA INFANCIA: ESTRATEGIAS DESDE LA EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO” o a la ONGD Proyecto Solidario- Asociación Internacional para la Cooperación al Desarrollo y Ayuda a la Infancia con su intervención “PON TU CORAZÓN EN LA MANO. STOP A LA VIOLENCIA SOBRE LA INFANCIA. FASE 2”.

Ambas propuestas, con sus peculiaridades específicas, comparten sin embargo enfoques holísticos que aúnan la sensibilización y capacitación de niñas, niños, adolescentes y adultos en el ámbito escolar con la incidencia y movilización social. En suma, acciones transformadoras para revertir y prevenir situaciones injustas que afectan a las generaciones de esa sociedad que queremos ser.