¿Qué hacemos?

¿Cuál es el marco de referencia de la política andaluza de cooperación?

El Estatuto de Autonomía de Andalucía consagra, en su artículo 10.3.23, como uno de los objetivos básicos de la Comunidad Autónoma «la cooperación internacional con el objetivo de contribuir al desarrollo solidario de los pueblos«. En desarrollo y concreción de este objetivo básico de la Comunidad Autónoma, se elabora la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo, en la que se establecen las directrices y medidas adecuadas para alcanzar el objetivo estatutario. La Ley contempla la política de cooperación internacional como “expresión de una plena convicción de la responsabilidad común respecto a la situación de pobreza y marginación que vive una gran parte de la población mundial” y como signo “de una voluntad de contribuir, de forma cada vez más sistemática y organizada, al progreso y desarrollo humano de las poblaciones más necesitadas y a la mejora de sus condiciones de vida para conseguir la dignidad integral a la que todas las personas tienen derecho” cimentado “en la necesidad de contribuir para que la vida de las personas de países menos favorecidos se desenvuelva en condiciones dignas”. El artículo 6 de la Ley, establece que la política de la Junta de Andalucía en materia de cooperación internacional para el desarrollo se articulará mediante el Plan Andaluz de Cooperación para el Desarrollo (PACODE). El PACODE 2020-2023, aprobado por Acuerdo del Consejo de Gobierno de 18 de diciembre, es el documento estratégico que fija las bases y directrices del modelo andaluz de cooperación internacional para el desarrollo de manera coherente con lo establecido en la Ley Andaluza de Cooperación. Consolida el compromiso del gobierno andaluz con esta política pública social, en respuesta a la obligación moral y legal recogida en nuestro Estatuto de Autonomía, y renovada en el Pacto Andaluz por la Solidaridad y la Cooperación Internacional de 2013.

¿Cuáles son los Objetivos de la Política Andaluza de Cooperación?

La estrategia propuesta, que continúa la senda marcada por el segundo PACODE, plantea como objetivo general, tomando como referencia la Ley Andaluza de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LACID), contribuir a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo humano sostenible dentro de la senda que marca la Agenda 2030. Este objetivo se realizará desde la integración de los enfoques de género, de sostenibilidad ambiental y cambio climático, territorial y de derechos humanos. Este objetivo se articula en torno a dos ámbitos estratégicos:
  • Contribuir a la lucha contra la pobreza, la desigualdad y la promoción del desarrollo humano sostenible con enfoque de género en los países prioritarios de la Cooperación Andaluza.
  • Conformar una ciudadanía global informada, formada, movilizada y comprometida con el desarrollo humano sostenible a escala planetaria.

 ¿Cuáles son las opciones estratégicas por las que ha optado el Plan?

  • El alineamiento sectorial y presupuestario con la Agenda 2030.
  • El fomento de la coherencia de políticas para el desarrollo sostenible con enfoque de género en la administración pública, donde el plan se convierte en palanca aceleradora de la aplicación de la Agenda 2030 en Andalucía.
  • La coordinación entre actores y niveles administrativos buscando alianzas estratégicas conscientes de que el cumplimiento de la Agenda 2030 implica compartir responsabilidades bajo un enfoque multiactor y multinivel.
  • La revalorización de la cooperación realizada directamente por la Junta de Andalucía.
  • La incorporación de los diálogos con el sector privado explorando posibles vías de colaboración.
  • La revisión de los instrumentos de cooperación: nuevas bases reguladoras de apoyo a intervenciones desarrolladas por las universidades y ONGD, programas de educación para el desarrollo en el espacio formal, la participación en convocatorias europeas de proyectos y la puesta en marcha de iniciativas piloto para fomentar los consorcios entre actores (alianzas estructurales).
  • Y por último, la apuesta por la gestión del conocimiento y por la comunicación de lo aprendido, contribuyendo al círculo virtuoso del aprendizaje.

¿Cuáles son los grupos de población destinatarios del Plan?

El PACODE presta una atención preferente a aquellos grupos de población que están expuestos a una gran vulnerabilidad o se encuentran en riesgo de exclusión social, reconocidos y protegidos por la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948. Entre tales grupos se encuentran las mujeres sin recursos, la infancia y la juventud en riesgo, la población indígena, la población desplazada y refugiada, incluyendo la población refugiada ambiental, y las personas con discapacidad. Junto a ello, el Plan presta una mirada especial a la infancia, visibilizándola, reconociendo expresamente a las niñas y los niños como sujetos de derecho, tratando de forma integral todas las dimensiones que atañen a su bienestar y permiten su desarrollo, impulsando y desarrollando una igualdad real en la infancia desde la prevención y la coeducación. También son destinatarias de esta política las y los profesionales andaluces de cooperación y la sociedad en general, a quienes van dirigidas las actuaciones de formación, investigación e innovación y las de educación para el desarrollo.

¿En qué áreas geográficas se trabaja?

El PACODE 2020-2023 considera la misma priorización geográfica que el anterior:
  • América Latina: Bolivia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Haití, Honduras, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú y República Dominicana.
  • Norte de África y Oriente Medio: Marruecos, Mauritania, Túnez, Población Saharaui y Territorios Palestinos.
  • África Subsahariana: Burkina Faso, Guinea Bissau, Malí, Mozambique, República Democrática del Congo, Senegal y Togo.
Así, son 25 países en total los considerados en el nuevo PACODE.

¿Cuáles son los compromisos presupuestarios?

Por ámbito de trabajo los compromisos presupuestarios de la cooperación andaluza para este período de planificación son:
  • Destinar, al menos, el 10% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la acción humanitaria.
  • Destinar, al menos, el 12,5% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a la educación para el desarrollo.
  • Destinar, al menos, el 2,5% del total del presupuesto de la AACID a la Formación, Investigación e Innovación.
Geográficamente, los compromisos que se plantean son:
  • Destinar a países prioritarios, al menos, el 90% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía del objetivo destinado a la generación de procesos de desarrollo. La financiación de intervenciones en territorios no prioritarios se realizará, en su caso, mediante la firma de acuerdos por razones específicas y justificadas
  • Destinar, al menos, el 30% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía a los Países Menos Adelantados.
Finalmente, la cooperación andaluza asume el compromiso de que al menos el 20% del total del presupuesto de cooperación de la Junta de Andalucía se destinará a intervenciones relacionadas con la equidad de género y la mejora de las condiciones de vida de las mujeres, para lo que se establecerán los instrumentos e incentivos oportunos.

La evaluación de la cooperación internacional para el desarrollo andaluza

La actual política de cooperación al desarrollo en Andalucía asume como propio el contrato social global que implica la AGENDA 2030, centrando sus acciones en el cumplimiento de los 17 objetivos de desarrollo sostenibles (ODS) que la componen. Esta apuesta por no dejar a nadie atrás, requiere, como en toda política pública, de herramientas de evaluación que permitan lograr una mayor y mejor eficacia y eficiencia en la gestión de los fondos públicos. Un compromiso ya puesto de manifiesto en la Ley 14/2003, de 22 de diciembre, de Cooperación Internacional para el Desarrollo (LACID) y que ahora cobra aún mas relevancia en linea con la filosofía de evaluar para mejorar, al objeto de contribuir desde la evaluación a generar procesos que promuevan un desarrollo humano sostenible. Entre los retos de la Agencia Andaluza de Cooperación para el Desarrollo (AACID) en este nuevo contexto, se encuentra el de fortalecer la función evaluativa como uno de los pilares fundamentales de su acción con el fin de mejorar el impacto de las políticas de desarrollo en la consecución de los ODS y reforzar así su firme compromiso por la puesta en marcha de medidas transformadoras en el marco de la Agenda 2030. Acorde con dicho compromiso, la AACID, en el marco del Plan Andaluz de Cooperación Internacional para el Desarrollo 2020-2023, impulsará la mejora de la gestión del conocimiento basada en aprendizajes, con el objetivo de aumentar la utilidad de los ejercicios evaluativos. También están previstas acciones de formación para contribuir al fortalecimiento de las capacidades en materia de evaluación en el sistema andaluz de cooperación, así como la elaboración de análisis y estudios sistemáticos junto a especialistas del ámbito evaluativo. Con la aplicación de estas medidas, la AACID persigue fortalecer los sistemas de seguimiento y evaluación, prestando especial atención a la apertura de espacios de participación ciudadana poniendo una vez más en el centro de estas políticas a las personas, como una de las cinco dimensiones sobre las que se sustenta la Agenda 2030. Otro de los retos que afronta la AACID es impulsar el seguimiento y la evaluación de la implementación de la Agenda 2030, una tarea que abordará con el acompañamiento del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). La evaluación siempre ha sido un elemento de primer orden en la acción de la AACID. A modo de ejemplo, entre las acciones evaluativas desarrolladas recientemente cabe destacar el proceso de evaluación estratégica externa (llevado a cabo entre noviembre de 2019 y marzo de 2020) de la cooperación bilateral directa de la Junta de Andalucía en África (concretamente en Marruecos, Senegal, Mozambique) y en América Latina (concretamente Centroamérica y Caribe). Con estas evaluaciones se han podido extraer y sistematizar las lecciones aprendidas sobre el instrumento de cooperación directa, todo ello en aras de garantizar la transparencia y la rendición de cuentas de la institución. Por último, destacar también el proceso evaluativo realizado en 2018 bajo el formato de evaluación conjunta AACID-AECID de la Iniciativa Regional América Latina y el Caribe Libre de Trabajo Infantil, así como las tareas de análisis de informes de evaluación de las intervenciones de cooperación ya finalizadas.