El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen indemnizaciones para los ciudadanos andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen franquista. Más que una reparación económica, la iniciativa del Gobierno andaluz tiene como principal objetivo reconocer públicamente la labor de estas personas en la lucha por la defensa de la libertad y de la democracia.
Las ayudas aprobadas, que podrán ser de hasta un millón y medio de pesetas y serán abonadas en un pago único, se destinan concretamente a aquellos andaluces que sufrieron penas de privación de libertad en centros penitenciarios o campos de concentración durante un periodo mínimo de tres años y que no resultaron favorecidos por las indemnizaciones fijadas en 1990 por el Gobierno central.
Se establecen así ayudas de 1.100.000 pesetas para las personas que permanecieron encarceladas entre 36 y 40 meses, incrementándose esta cuantía en 100.000 pesetas por cada seis meses adicionales de prisión, hasta llegar a un máximo de 1.500.000 pesetas. Estas indemnizaciones serán resueltas por la Consejería de Justicia y Administración Pública en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de las solicitudes, que podrán realizarse a partir del día siguiente de la publicación del decreto en el BOJA.
Residir en un municipio andaluz y acreditar la privación de libertad sufrida son algunos de los principales requisitos exigidos para los solicitantes. Si el ex preso o represaliado hubiera fallecido, podrán solicitar la indemnización el cónyuge o aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad por tal motivo.
Además de estas indemnizaciones, el decreto establece también otra convocatoria de futuras ayudas para aquellas personas que sufrieron privación de libertad durante menos de tres años o fueron condenadas a trabajos forzados por motivos políticos. Esta segunda convocatoria tendrá sólo carácter informativo a efectos de determinar el número de andaluces que padecieron tal situación y poder así reconocer su labor y su sufrimiento mediante las ayudas correspondientes.
La decisión tomada hoy por el Consejo de Gobierno responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad andaluza expresada a través de partidos políticos, colectivos sociales y el propio Parlamento de Andalucía, que en junio de 1999 aprobó una proposición no de ley solicitando a la Junta la concesión de estas indemnizaciones.