El Consejo de Gobierno ha acordado hoy manifestar su criterio favorable a la propuesta de modificar la Ley 2/1999 de Sociedades Cooperativas Andaluzas, presentada por el Grupo Socialista en el Parlamento de Andalucía. Esta toma en consideración se justifica ante la conveniencia de adaptar dicha norma a las últimas novedades legislativas y a los cambios producidos en el sector de la economía social durante sus tres años de vigencia.
Las modificaciones se dirigen básicamente a flexibilizar la contratación de personal asalariado sin desvirtuar la naturaleza de las sociedades cooperativas y a ampliar el ámbito de operaciones de las cooperativas agrarias con terceros para poder suministrar Gasóleo B.
En cuanto al primero de los aspectos, se mantiene la norma general de que el número de jornadas legales al año por cuenta ajena no supere el 30% del total de las realizadas por los socios trabajadores, si bien se introducen supuestos excepcionales para ampliar esta proporción y permitir así el crecimiento de las empresas.
De este modo, la propuesta establece que no se computen las jornadas realizadas por trabajadores con contratos en prácticas o para formación; contratados indefinidos con más de un año de antigüedad que se nieguen a ser socios; empleados integrados en la cooperativa por subrogación legal, y beneficiarios de disposiciones de fomento del empleo de disminuidos psíquicos y físicos u otros colectivos con especiales dificultades de inserción laboral. Tampoco contarían en el cómputo anual las jornadas de trabajadores contratados por periodos no superiores a seis meses debido a necesidades de producción, ampliación del objeto social y lanzamiento de nuevas actividades, obras o servicios.
La segunda de las modificaciones propuestas se dirige a eliminar las limitaciones del suministro de gasóleo B a terceros por parte de las cooperativas agrarias cuando así lo recojan sus estatutos. Con esta medida se pretende contrarrestar la incidencia negativa que ejerce sobre el sector la tendencia alcista de los precios de los carburantes.
La Ley de Sociedades Cooperativas Andaluzas, aprobada en 1999, sustituyó a la que estaba vigente desde 1985 para adecuar la regulación del sector a la nueva normativa mercantil generada por las directivas de la Unión Europea. Una de sus aportaciones más relevantes fue la reducción a tres del número mínimo de socios para constituir una cooperativa de trabajo asociado, anteriormente fijado en cinco. Esta medida, con la que se dio respuesta a una de las principales demandas del sector, ha sido determinante en el aumento del número de cooperativas registrado en los últimos años en la comunidad.
Crecimiento del sector
El sector de la economía social integra en Andalucía a más de 8.400 cooperativas y sociedades laborales, con 490.000 socios y más de 63.000 empleos directos. Su actividad genera cerca del 12% del PIB de la región, un porcentaje similar al de sectores tan importantes de la economía andaluza como el turismo o la agricultura.
Andalucía es la primera comunidad autónoma en número de personas ocupadas por la economía social y la segunda en cuanto a número de empresas, muy cerca de Cataluña. El sector está experimentando durante la última década un fuerte ritmo de crecimiento: el pasado año se crearon en la comunidad 1.786 nuevas empresas (682 cooperativas y 1.104 sociedades laborales), lo que supuso un aumento del 16% respecto a 2000.