El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el procedimiento para la adquisición de las tierras afectadas por los vertidos tóxicos procedentes de las minas de Aznalcóllar. Una vez adquiridos, estos terrenos se destinarán a conformar el "corredor verde" que la Junta de Andalucía propone como modelo de gestión para la mejor defensa y recuperación del ecosistema y para deslindar claramente ante los ciudadanos la porción exacta de las tierras afectadas por los vertidos.
Mediante el decreto aprobado hoy, el Consejo de Gobierno andaluz faculta a la Consejería de Agricultura y Pesca a la compra de los terrenos comprendidos en el ámbito territorial afectado por el desastre y que fue delimitado por un decreto del Gobierno andaluz el pasado 12 de mayo.
Se trata de un proceso de compra en el que los propietarios pueden presentar voluntariamente ante la Consejería de Agricultura las ofertas de venta a la Administración autonómica, que efectuará la adquisición con arreglo al acuerdo que surja de la negociación. No obstante, y una vez concluido un período voluntario establecido, la Junta de Andalucía no descarta el inicio de un proceso de expropiación forzosa, si ello fuese necesario.
A la compra de estos terrenos, para la que los propietarios deberán acreditar la titularidad registral perfectamente definida, se podrá añadir eventualmente la adquisición de otros bienes no incluidos en el ámbito territorial afectado por los residuos mineros pero cuya conservación, segregada de estos terrenos, resultara antieconómica.
El decreto atribuye también a la Consejería de Agricultura la ejecución de las actuaciones necesarias para la limpieza de los terrenos, sin perjuicio de que finalmente el coste de dichos trabajos se repercuta en quien resulte responsable con arreglo a los procedimientos administrativos y judiciales que pudieran tramitarse.