La Junta de Andalucía invertirá en los próximos ocho años 64.000 millones de pesetas en la construcción, ampliación y mejora de edificios e instalaciones judiciales en la comunidad autónoma. Esta iniciativa, conocida como Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía, ha sido presentada hoy ante el Consejo de Gobierno por la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín.
El plan incluye un total de 86 proyectos en 70 municipios andaluces, entre ellos las ocho capitales de provincia y las principales poblaciones, con el objetivo común de acabar con la falta de espacio y mejorar la organización de los inmuebles destinados a uso judicial. Estos proyectos actuarán sobre una superficie de más de 470.000 m2 (casi 100.000 correspondientes a edificios de nueva construcción) y tendrán en cuenta tanto la adaptación a las nuevas funciones como la facilidad de acceso para los ciudadanos (concentración de sedes, buena ubicación y disponibilidad de aparcamientos).
Entre los proyectos considerados prioritarios, que se llevarán a cabo en los cuatro primeros años de aplicación del plan, destacan la creación de las Ciudades de la Justicia de Málaga y Almería y la construcción del Instituto de Medicina Legal de Sevilla y de las nuevas sedes judiciales de Dos Hermanas (Sevilla), Ubrique (Cádiz), Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco (Córdoba), Aracena (Huelva), Andújar (Jaén) y Loja y Santa Fé (Granada).
El plan presentado hoy al Consejo de Gobierno se justifica, entre otras razones, por la apertura de 50 nuevos juzgados en la comunidad autónoma y la incorporación de 22 magistrados y de casi un millar de empleados desde que la Junta asumió las competencias de Justicia en 1997. Este crecimiento ha supuesto una fuerte presión sobre los inmuebles disponibles, que se ha solucionado en parte a través del arrendamiento de locales. Actualmente, la Consejería de Justicia y Administración Pública dedica cerca de 1.100 millones de pesetas anuales al alquiler de 64.000 m2 de inmuebles, una carga económica que se verá aliviada con la habilitación de los nuevos espacios judiciales de titularidad pública.
El Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía estará abierto a la cooperación con otras administraciones, principalmente los ayuntamientos y el Ministerio de Justicia, al que ya se ha solicitado su colaboración en el marco del Pacto de Estado por la Justicia que actualmente se discute con las comunidades autónomas.
Pacto de Estado
En relación con este pacto, la consejera Carmen Hermosín también ha informado hoy al Consejo de Gobierno sobre las principales propuestas realizadas por su departamento. Entre ellas destaca la petición de que las reformas que plantea el Ministerio de Justicia tengan un reflejo concreto en los próximos ejercicios presupuestarios y de que su financiación responda a los criterios de población atendida, número de órganos judiciales y carga de trabajo.
La titular de Justicia y Administración Pública también ha reclamado al Ministerio de Justicia su colaboración económica en los proyectos de apertura de nuevos órganos judiciales, cuyo coste ha sido sufragado hasta el momento de forma exclusiva por la Junta de Andalucía.
Desde la asunción de las competencias de Justicia en 1997, la Junta ha destinado más de 12.000 millones de pesetas a mejora de infraestructuras e incremento de personal. Entre estas inversiones destacan los 4.000 millones del Plan Adriano de informatización de órganos judiciales, que finaliza este año, y los 2.000 millones correspondientes a la apertura de 50 nuevos juzgados.