El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se agiliza el procedimiento para la instalación, ampliación, traslado y puesta en funcionamiento de establecimientos e instalaciones industriales. La nueva norma permitirá reforzar los controles de seguridad y reducir el tiempo de tramitación en el 80% de los expedientes de este tipo que gestiona la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, concretamente los referidos a aquellos proyectos que no requieren autorización administrativa previa.
La reducción del tiempo de tramitación se consigue al unificar en una sola las anteriores fases de presentación de proyecto y de entrada en servicio. De este modo, una vez obtenido el justificante de haber presentado el expediente, la puesta en funcionamiento tendrá carácter inmediato en la mayoría de las actividades, como las relacionadas con ascensores, grúas, máquinas, aparatos a presión, instalaciones frigoríficas de baja capacidad e instalaciones de agua, calefacción y gas en empresas no distribuidoras, entre otras.
Para al resto de las actividades liberadas de autorización administrativa previa, el decreto reduce hasta los 20 días el plazo máximo para que la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico dé el visto bueno al expediente. Si no hay respuesta en este plazo, el interesado podrá entender que no existe objeción e iniciar así la actividad solicitada, una posibilidad que no estaba prevista en la normativa anterior.
En cuanto a las actividades sometidas a dicha autorización previa, entre las que figuran todas las que precisan de informe de impacto ambiental, el procedimiento seguirá siendo el mismo que hasta la fecha.
Inspección y control
El nuevo decreto refuerza también los controles para garantizar la seguridad de las instalaciones e industrias, al mejorar las condiciones de inspección y seguimiento por parte de la Administración y de los organismos de control. En este sentido, la norma establece como principal novedad la realización de planes de inspección industrial que serán llevados a cabo principalmente por dichos organismos bajo la supervisión de la Administración.
El procedimiento aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, que se completa con el correspondiente régimen sancionador para garantizar el cumplimiento de sus condiciones, da respuesta a las demandas de los agentes económicos y sociales andaluces, expresadas en los últimos acuerdos de concertación, para dinamizar la actividad económica y facilitar la creación de empleo a través de la agilización de trámites administrativos.
A ese objetivo se dirigen también otras iniciativas adoptadas por el Gobierno andaluz en los últimos años, entre las que destaca la creación de las Oficinas de Respuesta Unificada, órganos de ámbito provincial que integran en una sola ventanilla diferentes procedimientos y trámites relacionados con la actividad económica de las pequeñas y medianas empresas.