El Consejo de Gobierno ha aprobado el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes. El nuevo plan prevé una inversión total de 767.213 millones de pesetas y la realización de 191.000 actuaciones que beneficiarán a un millón de andaluces, aproximadamente.
Este plan centra sus prioridades en la rehabilitación de viviendas (53% del total de actuaciones) y en los colectivos sociales más desfavorecidos (personas con rentas inferiores a los tres millones de pesetas anuales, menores de 35 años, inmigrantes, mujeres maltratadas, etc.). A su vez, presta especial atención al capítulo de la calidad de la vivienda y se conforma como un agente dinamizador de la actividad económica, en conso- nancia con las orientaciones del IV Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
Respecto al plan anterior, el aprobado hoy incrementa en un 9,1% el número total de actuaciones. De las 191.000 previstas, la Junta de Andalucía acometerá 106.050, de las cuales 86.200 corresponden a vivienda y 19.850 a intervenciones en materia de suelo. Por su parte, las actuaciones provenientes del Plan Nacional de Vivienda se cifran en 84.950 (71.800 en vivienda y 13.150 en suelo). En relación con el reparto establecido en el plan anterior, la Administración estatal disminuye su contribución en un 12%, mientras que la Junta la aumenta en un 35%.
En cuanto a la inversión total prevista, la aportación autonómica será de 288.770 millones, de los cuales 189.067 corresponden al presupuesto de la Junta y 99.713 serán conveniados con las entidades financieras. La inversión del Plan Nacional de Vivienda alcanza los 478.443 millones (66.898 de los presupuestos del Estado y 411.545 procedentes de convenios con las entidades financieras).
Promoción pública
Los programas de promoción pública previstos en el Plan (destinados a los colectivos con rentas inferiores a los 2,5 millones de pesetas anuales) suman un total de 67.500 actuaciones. De ellas, 55.500 corresponden a rehabilitación y construcción de viviendas y las 12.000 restantes a intervenciones en materia de suelo residencial.
Las viviendas construidas dentro de los programas del sector público (promoción pública directa, actuaciones singulares, eliminación de infravivienda y el régimen autonómico de promoción pública en alquiler) se adjudican en régimen de alquiler durante periodos de cuatro años renovables.
En este capítulo se incluyen también los programas de autoconstrucción, con ayudas de hasta tres millones por vivienda; la rehabilitación del patrimonio público residencial y las iniciativas para liberar vivienda pública. En este sentido, el III Plan Andaluz de la Vivienda reorienta la promoción pública en alquiler hacia los colectivos con problemas, como los inmigrantes, las mujeres maltratadas y los jóvenes menores de 35 años, grupo éste que representa más del 50% de la demanda real de vivienda en Andalucía. Una de las principales medidas consiste en ofrecer ayudas de un millón de pesetas a los inquilinos de las 50.000 viviendas públicas en alquiler existentes en Andalucía para que sean abandonadas y puedan acceder colectivos desfavorecidos, una medida que puede beneficiar a más de 3.000 familias.
El plan también establece como uno de sus objetivos prioritarios la solución a los problemas de las viviendas que no cuentan con los servicios básicos, conocidas como infraviviendas. En este apartado, las subvenciones se incrementan hasta los 3,3 millones de pesetas. Asimismo, se incluye el plan contra el chabolismo que la Junta desarrolla desde el pasado año y cuyo objetivo se centra en eliminar 16.000 chabolas en toda la comunidad.
Sector protegido
En cuanto a los programas de iniciativa privada que cuentan con ayudas públicas, las actuaciones previstas alcanzan las 123.500 (102.500 en vivienda y 21.000 en suelo).
Dentro de este sector, los destinatarios de las viviendas de protección de régimen especial (con ingresos anuales de entre 2 y 2,5 millones) podrán beneficiarse de ayudas de hasta el 13% del precio final de la vivienda, así como de subsidiaciones de tipos de interés entre un 5% y un 30%. Estas subsidiaciones también se establecen para las viviendas protegidas de régimen general, cuyos destinatarios cuentan con ingresos de entre 2,5 millones y 5,5 millones anuales.
Rehabilitación
Los diferentes programas de rehabilitación suman un total de 83.000 actuaciones, lo que supone el 53% de todas las actuaciones previstas en materia de vivienda, tanto en el sector público como en el privado. Esta cifra representa un incremento del 10% respecto al II Plan Andaluz de Vivienda y del 31% respecto al primero.
Dentro de la rehabilitación de viviendas protegidas de iniciativa privada, el programa acogido a la normativa autonómica ofrece ayudas de hasta el 50% del presupuesto total, con cantidades entre 800.000 y 1,1 millones de pesetas. Estas subvenciones se destinan a andaluces con ingresos inferiores a 2,5 millones cuyas obras de rehabilitación no superen los 1,6 de presupuesto y, en casos excepcionales, los de 2,5.
Por su parte, el programa estatal prevé ayudas de 400.000, 500.000 y 550.000 pesetas, según el nivel de ingresos de los destinatarios, para rehabilitación de viviendas. Asimismo, ofrece subvenciones de 200.000, 500.000 y, ocasionalmente 600.000 pesetas, para la rehabilitación de elementos estructurales de las edificaciones.
En cuanto a la rehabilitación del patrimonio público residencial, se acometerán 36.000 actuaciones, con especial atención a los cascos históricos de las ciudades.
Otra novedad destacada del plan son las subvenciones, de hasta el 75% del coste de la instalación, para dotar de ascensores a edificios de más de tres plantas, hasta un límite de 3,5 millones.
Suelo
Por último, en materia de suelo, el plan prevé un total de 33.000 actuaciones (19.850 correspondientes a la Junta Andalucía y 13.150 al Plan Nacional de Vivienda), con el objetivo de proporcionar el necesario suelo residencial para el desarrollo de los programas de viviendas. En este campo, las prioridades se centran en facilitar la creación de un patrimonio municipal y regional de suelo, así como en impulsar las actuaciones destinadas a urbanizar suelo mediante ayudas complementarias.