El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto regulador de la atención educativa al alumnado con necesidades educativas especiales asociadas a sus capacidades personales. Esta norma, que desarrolla las leyes autonómicas de Solidaridad en la Educación y de Atención a las Personas con Discapacidad, beneficiará sobre todo al colectivo de alumnos discapacitados físicos, psíquicos, cognitivos y sensoriales. Sus principales novedades se centran en la ordenación de la oferta formativa de los centros específicos y en el refuerzo de la formación del profesorado en esta materia.
Para las aulas y centros específicos, el decreto fija el límite de escolarización en los 20 años y establece dos periodos formativos, uno de formación básica y otro de transición a la vida adulta y laboral.
El primero de ellos, que se inicia a los seis años y puede prolongarse hasta los 18, tiene como objetivo desarrollar la capacidad de comunicación, la integración social y la adquisición de habilidades relacionadas con entornos comunitarios y laborales, así como incrementar la autonomía personal del alumno y su bienestar físico, psíquico y social.
El periodo de transición a la vida adulta y laboral, que tendrá una duración de cuatro años y podrá iniciarse a partir de los 16 años, se dirige a la formación y orientación para el trabajo, la integración social y el desarrollo de las capacidades de autonomía personal en la vida diaria.
Otra novedad recogida en el decreto es la posibilidad de que los alumnos escolarizados en centros específicos puedan recibir también atención educativa en centros ordinarios, mediante la promoción de experiencias de escolarización combinada cuando lo requieran las necesidades educativas.
En cuanto a la formación de los profesores en materia de Educación Especial y atención a la diversidad, la norma prevé la creación de asesorías en los centros del profesorado, tanto para las etapas de Primaria y Secundaria como para Educación Infantil.
Finalmente, el decreto regula el proceso de elaboración de la evaluación psicopedagógica y del dictamen de escolarización, a partir del cual se decide el tipo de formación que deben recibir los alumnos con necesidades educativas especiales.
La realización de la evaluación psicopedagógica corresponde a los equipos de orientación educativa (encargados también del dictamen de escolarización) en las etapas de Infantil y Primaria; a los departamentos de orientación en los institutos de Secundaria, y a los profesionales de orientación en los centros concertados. En los tres casos, se garantiza la participación del profesorado y la colaboración de los representantes del alumnado.
Actualmente hay 28.346 alumnos con necesidades educativas especiales matriculados en Andalucía. De ellos, 25.029 reciben formación en centros ordinarios y 3.317 en centros específicos, tanto públicos como privados.
El sistema educativo público andaluz cuenta con 3.357 maestros especialistas en Educación Especial, Pedagogía Terapéutica y Audición y Lenguaje, de los que 2.379 prestan servicio en centros de Educación Infantil y Primaria, 698 en institutos de Secundaria y 280 en centros específicos. A ellos se añaden los profesionales de los distintos equipos de orientación educativa: 293 psicólogos, 197 pedagogos, 139 logopedas, 71 maestros de Educación Compensatoria, 126 médicos y 11 trabajadores sociales.