El Consejo de Gobierno ha desestimado el recurso de reposición interpuesto por la asociación ASAJA-Sevilla contra el acuerdo del pasado 4 de mayo por el que el Gobierno andaluz aprobó las actuaciones necesarias para el proyecto del Corredor Verde del Guadiamar y declaró la urgente ocupación de las fincas afectadas por el mismo. Dicho acuerdo, confirmado hoy en todos sus términos, autorizaba la expropiación de una superficie de 3.816 hectáreas por razones de interés público medioambiental.
En su resolución, el Gobierno andaluz rechaza, en primer lugar, la alegación de ASAJA sobre la inconstitucionalidad de la Ley 11/98 de acompañamiento de los presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999 (que en su artículo 13 declara de utilidad pública e interés social las actuaciones del proyecto de Corredor Verde), ya que la Administración autonómica no puede entrar en el análisis de los posibles defectos de una norma con rango de ley, ámbito sólo reservado al Tribunal Constitucional.
El Consejo de Gobierno subraya que en el acuerdo recurrido no existe vulneración alguna de los principios de razonabililidad, proporcionalidad y tutela efectiva, que han sido respetados. Asimismo, entiende que las alegaciones sobre vulneración del derecho de propiedad desconocen absolutamente la naturaleza y esencia tanto de este derecho como de la potestad expropiatoria. En este sentido, se recuerda que, cuando al administrado se le priva de bienes o derechos por razones de interés público, su garantía patrimonial se consigue a través de la correspondiente indemnización como equivalente económico de los mismos.
En cuanto a la supuesta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, el Consejo de Gobierno sostiene que el ejercicio de la postestad expropiatoria no interfiere en este derecho fundamental, del mismo modo que tampoco impide a los afectados permanecer en su posición procesal actual y con la protección que les asiste ante los Tribunales, a la espera de los resultados de los procesos en marcha.
En relación a la legalidad de la actuación administrativa para acometer el proyecto del Corredor Verde, el Gobierno andaluz estima que se cumplen todos los requisitos exigidos en la vigente normativa de expropiación forzosa. Asimismo, el ejecutivo considera que concurren las circunstancias excepcionales que justifican la urgente ocupación de las fincas.
Finalmente, el Consejo de Gobierno desestima también la solicitud de suspensión del acuerdo impugnado por ASAJA, al no darse las circunstancias que pueden justificarla, especialmente la existencia de daños de difícil o imposible reparación.