El Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Estratégico de Protección al Consumidor en Andalucía 2002-2005, que reforzará la defensa de los derechos de los ciudadanos en esta materia ante las demandas y necesidades derivadas de la globalización económica y de la aparición de nuevos productos y servicios.
Este plan, dotado con 13 millones de euros para los próximos cuatro años, incorpora como principales novedades el establecimiento de un sistema de arbitraje rápido en el sector turístico, la implantación de peritajes oficiales gratuitos para sustentar las reclamaciones de los consumidores y el reforzamiento de los controles en sectores básicos como la vivienda y alimentación.
En el aspecto preventivo, el plan orienta las iniciativas de formación e información hacia el objetivo de un consumo solidario y responsable que tenga en cuenta aspectos como la protección ambiental o el respeto a los derechos laborales en los países menos desarrollados. La estrategia formativa también se dirigirá a evitar las desigualdades que en materia de consumo puede ocasionar la falta de acceso a las nuevas tecnologías de la información por parte de los sectores sociales menos favorecidos.
Para alcanzar estos objetivos y adaptar los sistemas de protección a los nuevos cambios sociales, el plan incluye una serie de pautas para la reforma de la Ley de los Consumidores y Usuarios de Andalucía, vigente desde 1985. Esta adaptación legislativa introducirá, entre otras novedades, un régimen sancionador propio en lugar de la actual remisión a la normativa estatal, además de aumentar las competencias municipales en materia de consumo y desarrollar normas específicas para sectores cuya regulación viene siendo demandada con mayor insistencia (talleres de reparación de vehículos, servicios a domicilio, academias y vivienda, entre otros).
Arbitraje
En cuanto a los conflictos entre empresarios y consumidores, se establecen medidas dirigidas a reforzar la labor mediadora de las Juntas Arbitrales e incrementar la adhesión de las empresas a los sistemas voluntarios de resolución extrajudicial. En materia turística, el plan desarrollará un arbitraje rápido para que los conflictos en este sector clave de la economía andaluza puedan resolverse dentro del periodo de permanencia de los turistas que visitan la comunidad autónoma.
En los casos en que las empresas no se atengan al arbitraje voluntario, la Junta impulsará peritajes oficiales gratuitos para que los consumidores puedan fundamentar sus reclamaciones, sin que el coste económico de estas pruebas tenga efectos disuasorios.
Respecto a las asociaciones de consumidores y usurarios, el plan potenciará su papel de interlocución ante el sector empresarial mediante el fomento de acuerdos generales de concertación (similares a los que se llevan a cabo con los sindicatos) como vía de prevención de conflictos.
La planificación aprobada hoy incluye también diversas medidas de mejora de los instrumentos que garantizan la calidad y seguridad de los productos y servicios. Entre ellas destaca la implantación de un sistema informático de gestión de datos sobre actividades inspectoras, correctoras y sancionadoras en la comunidad autónoma. Asimismo, se reforzarán los controles sobre los artículos en el mercado, más allá de las homologaciones previas, a través de la mejora de la red de alerta que permite limitar o suspender su comercialización. En líneas generales, los controles de calidad y seguridad centrarán su prioridad en aquellos sectores que presentan un mayor interés para los consumidores, principalmente alimentación, vivienda, banca, seguros, sistemas de comunicación y suministros de agua y electricidad.