El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley del Voluntariado, una norma con la que se pretende reconocer, promover y garantizar la participación de los ciudadanos andaluces en tareas solidarias a través de entidades sin ánimo de lucro. Con esta iniciativa, la Junta de Andalucía asume la necesidad de consolidar y reforzar un movimiento voluntario independiente y vigoroso al servicio de una mayor calidad de vida en la comunidad autónoma, especialmente entre los sectores más desfavorecidos. Actualmente desarrollan tareas de voluntariado en Andalucía unas 100.000 personas, cifra que la Junta espera triplicar con la entrada en vigor de la futura ley.
El proyecto actualiza la normativa autonómica aprobada en 1993 y amplía el concepto de voluntariado más allá de su vertiente asistencial en servicios sociales para dar cabida a otros ámbitos de la participación ciudadana, como la educación, el medio ambiente, la cultura, el deporte, la defensa de los derechos humanos, la protección del patrimonio histórico o la cooperación internacional.
El texto legal define el voluntariado como un actividad de interés general que se ejerce libremente y de manera gratuita y que en ningún caso podrá reemplazar trabajos remunerados o servir a la Administración para prestar servicios públicos de su exclusiva competencia. De este modo, se excluye de la regulación a aquellas personas que mantienen vinculaciones mercantiles o laborales, desarrollan actividades destinadas a la acumulación de méritos y realizan la prestación social sustitutoria. También quedan fuera del ámbito de la ley los voluntarios dedicados a emergencias y protección civil, que se regirán por una normativa específica.
Entre las disposiciones recogidas en la nueva norma, destacan las destinadas a reforzar la función social de las organizaciones de voluntariado; garantizar su autonomía y libertad; promover una acción voluntaria de calidad y amparar los derechos y deberes de los voluntarios y de las entidades.
Respecto a los derechos del voluntario, se subraya el respeto a su integridad y libertad personales, el estar asegurado y el disponer de una formación y unos medios adecuados para el desarrollo de sus actividades. Como principales deberes, se citan la confidencialidad sobre su trabajo y el rechazo a cualquier compensación económica o material que le puedan ofrecer los destinatarios de sus servicios. A éstos se les reconoce, entre otros, el derecho a conocer la duración y las características del programa al que se acojan.
Registro
Por su parte, las entidades deberán disponer de ficheros donde consten las altas y bajas de sus voluntarios y los programas donde han colaborado. En el caso de que reciban ayuda pública, estas organizaciones estarán obligadas a someterse a un seguimiento para justificar el destino de la misma y acreditar sus actividades. La norma también prevé la creación de un registro de entidades con el fin de conocer la realidad y las necesidades del movimiento voluntario en Andalucía.
En cuanto al papel que el proyecto reserva a las administraciones autonómica y local, destacan las funciones de sensibilización social, promoción de la participación ciudadana, prestación de recursos públicos, agilización de los procedimientos administrativos y control de los programas conjuntos que dispongan de financiación pública. Más específicamente, a la Junta de Andalucía le corresponderá coordinar las políticas públicas en materia de voluntariado y vigilar el cumplimiento de la futura ley. Asimismo, se establece la creación de una partida en el presupuesto de la Junta destinada al fomento del voluntariado, con independencia de las dotaciones previstas por cada consejería.
El texto legal fija también los criterios de relación entre las administraciones públicas, las organizaciones y los propios voluntarios, además de establecer la creación del Consejo Andaluz y de los Consejos Provinciales del Voluntariado. Estos órganos de asesoramiento y representación contarán con la participación de administraciones, sindicatos, organizaciones empresariales y partidos políticos.
Finalmente, la norma prevé la elaboración del Plan Andaluz del Voluntariado como principal documento guía de la política de la Junta en este ámbito. Su aprobación corresponderá del Consejo de Gobierno previo informe del Consejo Andaluz del Voluntariado.
El proyecto de ley aprobado hoy ha sido consensuado con el movimiento asociativo y los principales agentes sociales de la comunidad autónoma. En su elaboración han participado técnicos y expertos de nueve consejerías de la Junta, así como las organizaciones de voluntariado con mayor implantación en Andalucía, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y las principales organizaciones empresariales y sindicales.