El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de creación del Servicio Andaluz de Empleo (SAE), organismo que se encargará de la gestión integral y coordinada de todas las políticas sobre esta materia en la comunidad autónoma. El texto será remitido ahora al Parlamento de Andalucía, tras haber obtenido el respaldo de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias y de las organizaciones sindicales y empresariales firmantes del V Acuerdo de Concertación Social de Andalucía.
El Servicio Andaluz de Empleo será un organismo autónomo adscrito a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, en cuyo consejo de administración participarán los agentes económicos y sociales y el Consejo Andaluz de Municipios. Contará con un presupuesto inicial de 394 millones de euros anuales, a los que se añadirán otros 294 cuando se materialicen las transferencias de las políticas activas de empleo a la comunidad autónoma. Será financiado con cargo al presupuesto de la Junta y a través de subvenciones, aportaciones y donaciones, rendimientos de su patrimonio y créditos que se traspasen de otras administraciones públicas.
La futura entidad tendrá como principales funciones la gestión de los planes y líneas de ayudas para el fomento del empleo estable y del autoempleo; el registro de las demandas de puestos de trabajo; la prospección e intermediación en el mercado laboral; la asistencia técnica a los departamentos de la Junta y a otras administraciones públicas, y el desarrollo de las competencias que sean transferidas a la comunidad autónoma en materia de empleo. Su actividad se desarrollará atendiendo a principios de igualdad de oportunidades, solidaridad territorial, gratuidad y calidad de servicio para trabajadores y empresas.
De acuerdo con las previsiones de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el SAE promoverá cada año la formación de unos 95.000 trabajadores desempleados a través de cursos de Formación Profesional Ocupacional (FPO); fomentará la constitución de 7.000 trabajadores autónomos, y contribuirá a crear 400 nuevos empleos para personas discapacitadas en los Centros Especiales de Empleo. Asimismo, ofrecerá orientación laboral a 12.000 desempleados (130.000 cuando se transfieran las competencias de las políticas activas de empleo).
El Consejo de Administración del SAE estará presidido por el titular de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por 18 vocales. De ellos, nueve serán designados por este departamento, cuatro por las organizaciones sindicales más representativas de la comunidad autónoma, otros cuatro por las principales organizaciones empresariales y uno por el Consejo Andaluz de Municipios.
Este órgano directivo se encargará fundamentalmente de elaborar las directrices de actuación y de aprobar las propuestas de planes y programas. También elaborará el borrador de anteproyecto de presupuesto y realizará la memoria y las cuentas anuales. Además, marcará la regulación de los criterios de concesión de ayudas y propondrá la presentación de proyectos a la Unión Europea.
De acuerdo con el proyecto de ley, el SAE contará también con un director-gerente encargado de ejecutar los acuerdos del Consejo de Administración, ocho direcciones provinciales y una red de oficinas que dará servicio a todo el territorio andaluz.
Centros
En tanto se traspasan las competencias pendientes, el SAE dispondrá inicialmente de más de 120 centros de orientación, siete centros propios y 1.200 colaboradores en materia de FPO y 13 escuelas especializadas en formación de excelencia, además de las 112 Unidades Territoriales de Empleo y Desarrollo Local y Tecnológico. Una vez materializadas las transferencias, a esta red se sumarán las 190 oficinas y los dos centros de formación que el Instituto Nacional de Empleo tiene en la comunidad autónoma.
Finalmente, el SAE dispondrá de un Consejo Asesor presidido también por el titular de Empleo y Desarrollo Tecnológico e integrado por un vicepresidente y 22 vocales. De ellos, seis serán nombrados por la Junta de Andalucía, cuatro por los sindicatos, cuatro por las organizaciones empresariales y cuatro por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias. Los restantes miembros serán personas de reconocido prestigio en materia de empleo propuestas por el Consejo de Administración.