El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites para la aprobación de la nueva Ley de Función Pública de Andalucía, norma con la que se pretende diseñar un modelo de administración más moderno y eficaz mediante el aprovechamiento de las nuevas tecnologías y la adaptación de los recursos humanos a las nuevas demandas y necesidades de la sociedad andaluza.
La futura ley, que sustituirá a la Ley de Ordenación de la Función Pública de 1985, regulará de forma común aspectos generales que afectan no sólo a la Junta de Andalucía (más de 200.000 empleados, incluyendo al personal docente y sanitario) sino también a las administraciones locales y a las universidades públicas.
La apuesta por la cualificación y profesionalización de los empleados públicos es otra de las características de este anteproyecto de ley, que adapta a la realidad actual aspectos relativos a los derechos y deberes de los funcionarios, la relación de puestos de trabajo o la introducción de la categoría profesional, como reconocimiento a la aptitud profesional del empleado. También se introducen cambios en el sistema retributivo con el objetivo de que el salario esté más vinculado a la tarea profesional que se desempeñe que a la posición del empleado en la administración. En esta línea, se prevé la creación de un complemento de categoría profesional.
Asimismo, el texto dispone medidas orientadas a facilitar al personal administrativo la conciliación de la vida laboral y familiar, en la línea del recientemente aprobado Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas. Entre ellas destacan las relacionadas con flexibilidad horaria, reducción de jornada y concesión de permisos para determinadas necesidades, como la atención y el cuidado de niños.
En cuanto al acceso a la función pública y a la selección de personal, el anteproyecto implanta nuevos sistemas dirigidos a responder a la creciente especialización y a las nuevas tareas que deben desempeñar los empleados públicos. De este modo, será obligatoria la realización de un curso de selección y, para algunos grupos, la superación de una prueba de idiomas.
Finalmente, la futura ley también unificará en un único órgano de la negociación colectiva con los sindicatos y establecerá procedimientos de resolución extrajudicial de conflictos laborales.