El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que aumenta las facilidades para el acceso a la propiedad de los adjudicatarios de viviendas de promoción pública de alquiler en Andalucía.
Esta norma, que inicialmente afectará a unos 18.000 inmuebles, modifica las condiciones vigentes hasta ahora y rebaja de ocho a cinco años el periodo mínimo de ocupación ininterrumpida exigido a los posibles compradores. Asimismo, otorga a las entidades públicas titulares o gestoras la facultad de vender a los inquilinos las viviendas de más diez años, frente a la antigüedad mínima de doce años que se fijaba antes. Finalmente, amplía de 12.020 a 12.741 euros el tope de ingresos anuales para que el solicitante pueda acceder a la propiedad.
Los precios de venta se calcularán tomando como referencia las nuevas tarifas vigentes desde enero de este año para las viviendas de protección oficial según el ámbito donde se ubiquen (ciudades y aglomeraciones urbanas por un lado y resto de las poblaciones por otro). Sobre estos valores se aplicarán unas reducciones que van desde el 10% para la viviendas de diez años de antigüedad hasta el 32% para las que superen los 20 años.
No obstante, el decreto aprobado hoy mantendrá, hasta el próximo 31 de diciembre, los precios fijados en su momento por la Empresa Pública de Suelo de Andalucía para aquellos inmuebles ofertados antes de enero de 2002, fecha en la que entró en vigor la nueva regulación tarifaria de las viviendas protegidas.