El Consejo de Gobierno ha iniciado la tramitación del anteproyecto de Ley de Carreteras de Andalucía, cuyo principal objetivo se centra en regular la planificación, construcción, financiación, explotación y conservación de la Red de Carreteras de Andalucía.
La novedad más destacada de este borrador es la introducción del concepto jurídico de dominio público viario, más amplio y avanzado que el de carretera, al integrar tanto la propia vía como sus zonas funcionales y áreas de titularidad pública adyacentes a ambas. Con ello se garantiza la planificación no sólo de la carretera en sí, sino también de los servicios necesarios para la circulación.
El anteproyecto establece también los criterios para racionalizar el reparto de la titularidad de las distintas carreteras de la red andaluza entre la Junta de Andalucía, las Diputaciones Provinciales y otros organismos.
De acuerdo con estos criterios, la Junta de Andalucía pasará a ser titular de todas las vías que conecten núcleos de población con zonas de especial pujanza económica y con centros básicos de servicios (hospitales, centros educativos, etc.). Ello supone que alrededor de un 30% (unos 3.000 kilómetros) de la actual red dependiente de las Diputaciones pasará a la Administración autonómica. A cambio, el anteproyecto otorga a los entes provinciales plenas competencias sobre el dominio público viario que permanece bajo su titularidad, unas competencias de las que hasta ahora carecían y que les permitirán establecer prioridades y elaborar sus propios planes de carreteras.
Con la aprobación de la futura norma, la Junta de Andalucía no sólo podrá expropiar los terrenos ocupados por la carretera, sino también los suelos necesarios para sus dotaciones básicas, como zonas de descanso, áreas de servicio, estaciones de servicio o áreas de atención sanitaria, que se otorgarán en régimen de concesión y no en propiedad. Para la concesión de este tipo de servicios se crea un cánon cuyos ingresos se destinarán, junto a los procedentes de sanciones y tasas, a un fondo de conservación de carreteras, una figura actualmente inédita en España.
Asimismo, el anteproyecto intenta compatibilizar la iniciativa privada con la intervención de la Administración en el dominio público viario. Para ello se crea la figura de los Elementos de Servicios, destinados también a cubrir las necesidades de los usuarios de las carreteras pero en terreno privado. Con la nueva norma, también quedará abierta la posibilidad de que los particulares colaboren económicamente en la construcción o mejora de una carretera.
En cuanto a la clasificación de las carreteras, se dividen en dos grandes bloques: vías de gran capacidad y vías convencionales. Se introduce también el concepto de red metropolitana, lo que supone un tratamiento especial para las vías que prestan servicios entre los distintos núcleos de población de las grandes aglomeraciones urbanas.
Garantías de calidad
El borrador establece cuatro tipologías de intervención en la Red de Carreteras: nuevas carreteras, mejoras, conservación y acondicionamientos generales de trazado y sección. En este capítulo de intervenciones, destaca como novedad el establecimiento de criterios de adecuación medioambiental y restauración paisajística según los distintos tipos de obras que se lleven a cabo. En relación con ello, se prevé la segregación del uno por ciento del presupuesto de ejecución material para garantía de calidad y restauración paisajística.
Respecto a la calidad de las obras, el anteproyecto añade al informe que actualmente es obligatorio para el contratista otros dos controles a cargo de la empresa pública de Gestión de Infraestructuras de Andalucía (GIASA) y de la Dirección General de Carreteras de la Junta.
Otro aspecto novedoso del anteproyecto es la creación de la Comisión de Seguridad Vial, dependiente del Presidente de la Junta de Andalucía y encargada de elaborar planes anuales de seguridad, con presupuesto propio y de acuerdo con los datos que aporte la Dirección General de Tráfico para reducir la siniestralidad.
La elaboración de un catálogo de carreteras, la adaptación de los planes de ordenación urbana al Plan de Carreteras y la inclusión de información sobre puntos de interés en la publicidad vial constituyen otros tantos aspectos destacados del anteproyecto.
En cuanto al régimen sancionador, se establece una máxima cuantía de hasta 20 millones de pesetas en el caso de infracciones graves, mientras que las leves se sitúan entre las 25.000 y las 100.000 pesetas.
Periodo de consultas
Una vez elaborado el texto del anteproyecto y elevado al Consejo de Gobierno, se inicia ahora un periodo de consultas en el que se recabarán informes y dictámenes a los siguientes organismos, entidades y colectivos: Consejerías de Gobernación y Justicia, Economía y Hacienda, Trabajo e Industria, Turismo y Deporte, Agricultura y Pesca, Cultura y Medio Ambiente; Diputaciones Provinciales; Ministerio de Interior; Delegado del Gobierno en Andalucía; Confederaciones Hidrográficas del Guadalquivir, del Sur y del Guadiana; Federación Andaluza de Municipios y Provincias; Unión General de Trabajadores; Comisiones Obreras; Confederación de Empresarios de Andalucía; Colegios Profesionales de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, Ingenieros Técnicos de Obras Públicas, Arquitectos y Arquitectos Técnicos; Consejo de los Consumidores y Usuarios de Andalucía; asociaciones de autoescuelas de ámbito andaluz y asociaciones de usuarios de la carretera.