El Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía el inicio de acciones civiles por el vertido producido en 1998 en la mina de Boliden Apirsa en Aznalcóllar (Sevilla). Esta medida, que se adopta una vez agotada la vía penal, tiene como objetivo el resarcimiento, en concepto de daños y perjuicios, de los costes asumidos por la Administración autonómica en la restauración de la zona afectada.
La cantidad que se reclamará tendrá en cuenta las inversiones realizadas en retirada de material tóxico y medidas de descontaminación para paliar los efectos del vertido de seis millones de m3 de aguas y lodos contaminados en las cuencas de los ríos Agrio y Guadiamar. Los principales proyectos se desarrollaron a lo largo de un tramo fluvial de 4.634 hectáreas de extensión y 62 kilómetros de longitud entre la mina y los límites del Parque Nacional de Doñana.
En su acuerdo de hoy, el Consejo subraya que estas inversiones públicas no se han visto correspondidas por la empresa Boliden Apirsa, que sólo ha asumido una pequeña parte de los costes y ni siquiera se ha hecho cargo de la restauración de la antigua mina.
La vía para determinar las responsabilidades penales del vertido se cerró definitivamente el pasado 16 de noviembre, cuando la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Sevilla desestimó el recurso de apelación interpuesto por la Junta de Andalucía contra el archivo de las actuaciones acordado por el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Sanlúcar la Mayor (Sevilla). Ante este hecho, la Junta inicia ahora las acciones para determinar los responsables civiles y exigir el resarcimiento por los gastos ocasionados.