La Consejería de Gobernación y Justicia subvencionará
este año con 5.075 millones de pesetas el coste de los
materiales de las obras que lleven a cabo los ayuntamientos andaluces
con cargo al Acuerdo para el Empleo y la Protección Social
Agraria 1997 (AEPSA, antiguo PER) o aquellas otras que se ejecuten
con cargo a los Fondos Adicionales por Inclemencias Meteorológicas
correspondientes al ejercicio de 1996.
La partida aprobada por el Consejo de Gobierno representa un incremento
de más de un 25% respecto al año anterior en el
que la cantidad destinada a coste de materiales del PER 96 fue
de casi 4.000 millones. En total, desde que en 1986 la Administra-
ción autonómica aprobara la primera inversión
por este concepto, la Junta de Andalucía ha invertido ya
más de 51.000 millones de pesetas en coste de materiales
del Plan de Empleo Agrario.
Las subvenciones aprobadas irán destinadas exclusivamente
a amortizar el capital y los intereses de los préstamos
que las diputaciones provinciales concierten con el Banco de Crédito
Local para costear los materiales de las obras. Tales subvenciones
estarán condicionadas, asimismo, a que la inversión
de la Junta y la diputación correspondiente no supere el
40% de lo destinado a mano de obra por el INEM.
Para solicitar estas subvenciones de la Junta, las diputaciones
deberán certificar que los proyectos de obras han sido
aprobados por el Instituto Nacional de Empleo, la cuantía
que éste aporta al proyecto, las subvenciones que las propias
diputaciones se hayan comprometido a conceder y la fecha prevista
de inicio de las obras. Además, las diputaciones deberán
remitir antes del 31 de diciembre a la Consejería de Gobernación
la valoración definitiva de estas obras, que deberán
ser ejecutadas totalmente durante 1998.
El actual AEPSA, como el antiguo PER, es un acuerdo que vincula
únicamente al Estado y a las corporaciones locales. Hay
que resaltar que la aportación de la Junta de Andalucía
al actual AEPSA o al antiguo PER es realizada de forma totalmente
voluntaria y con el único fin de ayudar financieramente
a los ayuntamientos andaluces, especialmente a los de menos recursos,
para los que este tipo de obras a pesar de sus grandes ventajas
sociales suponen un gran esfuerzo económico.