El Consejo de Gobierno ha aprobado un acuerdo por el que se impulsa y desarrolla el proceso de delegación de competencias en la Subdelegación del Gobierno de la Junta en el Campo de Gibraltar, con el objetivo de acercar a los ciudadanos de esta comarca los ámbitos de decisión administrativa de la Comunidad Autómona. Entre las materias cuyas competencias se delegan a partir de ahora, figuran las referidas a Gobernación y Justicia, Trabajo e Industria, Obras Públicas y Transportes, Educación y Ciencia, Medio Ambiente y Asuntos Sociales.
Según el acuerdo aprobado, el subdelegado del Gobierno andaluz en el Campo de Gibraltar orientará, coordinará e impulsará la gestión de la Administración autonómica en este ámbito territorial, cuyas especiales características hacen aconsejable un tratamiento específico.
Con esta iniciativa se cumple el proceso de desconcentración administrativa impulsado por el Gobierno andaluz con el objetivo de dar una respuesta más cercana e inmediata a los ciudadanos de las zonas más alejadas de los órganos administrativos centrales.
El acuerdo prevé también la entrada en funcionamiento, en un plazo de seis meses, de una Oficina de Respuesta Unificada en la subdelegación campogibraltareña para facilitar una mayor aproximación de la Administración a los ciudadanos de la comarca.
La Subdelegación del Gobierno de la Junta para la comarca del Campo de Gibraltar, creada por el Consejo de Gobierno el 8 de abril de 1997, tiene las funciones de orientar, coordinar e impulsar la actividad de la Administración autonómica en el ámbito territorial de los municipios de Algeciras, Los Barrios, San Roque, La Línea, Castellar de la Frontera, Tarifa y Jimena de la Frontera.
La existencia de este órgano de gobierno obedece a las especiales características geográficas y poblacionales de esta comarca, con un número de habitantes similar a la Bahía de Cádiz y cuyo municipio más cercano a la capital de la provincia se encuentra a más de 100 kilómetros de distancia. Por otra parte, el Campo de Gibraltar reúne singularidades económicas, laborales y de infraestructuras que demandan una mejora de la prestación de servicios públicos y un acercamiento de la Administración autonómica a sus ciudadanos.