El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se determinan las competencias de la Consejería de Gobernación y Justicia sobre los pagos, cauciones, depósitos y consignaciones judiciales que se producen como consecuencia de la actividad de los órganos judiciales con sede en Andalucía.
Este decreto, que cuenta con el informe favorable del Consejo Consultivo, permitirá a la Junta administrar los intereses de las cuentas que existen en los juzgados andaluces (más de 2.000 millones de pesetas en la actualidad) y reinvertirlos en la modernización y mejora de la Administración de Justicia en Andalucía. Hasta ahora, la gestión de estos intereses correspondía al Ministerio de Hacienda, que podía destinarlos a otros fines o a otras regiones.
Andalucía se convierte así en la primera comunidad autónoma que pasa a controlar estos depósitos bancarios, que ya habían sido solicitados con anterioridad por la Generalitat de Catalunya y por los gobiernos del País Vasco y Canarias. El Gobierno central denegó el traspaso de los mismos, pese a que pertenecen a la misma categoría de medios materiales traspasados previstos en la Constitución y en el Estatuto de Autonomía. Sin embargo, el Congreso de los Diputados aprobó recientemente, con el voto de todos los grupos políticos, salvo el PP y CiU, una enmienda de Coalición Canaria a los Presupuestos Generales del Estado que permite a las comunidades autónomas con competencias transferidas hacerse cargo de los intereses de estas cuentas judiciales.
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, la Consejería de Gobernación podrá sacar a concurso entre las entidades bancarias que operan en Andalucía el contrato para la gestión de estos depósitos. No obstante, se incluye una disposición transitoria que mantiene en los mismos términos el contrato actual con el Banco Bilbao-Vizcaya, entidad a la que el Estado adjudicó el concurso recientemente.