El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Ordenación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros en Andalucía, norma que establecerá una organización unitaria de los sistemas de transporte en las aglomeraciones urbanas de la comunidad para facilitar su integración con las redes interurbanas y superar la actual compartimentación de competencias entre las distintas Administraciones.
El texto define un modelo respetuoso con la autonomía local que proyecta más allá del espacio municipal la participación de los Ayuntamientos en la gestión de los intereses públicos. En este sentido, clarifica el marco de competencias atribuyendo a las corporaciones locales la gestión de los servicios de carácter exclusivamente urbano y a la Administración autonómica la coordinación en los ámbitos interurbano y metropolitano. Se establece así un procedimiento para que el Consejo de Gobierno declare de interés metropolitano aquellos servicios, infraestructuras y tráficos que puedan integrarse en un sistema de gestión a escala supralocal, como es el caso de los proyectos de ferrocarril metropolitano que actualmente se promueven en la comunidad autónoma.
Para mejorar la gestión en los ámbitos metropolitanos, donde actualmente se concentra el 55% de la población andaluza, el proyecto de ley regula dos instrumentos básicos: los Planes de Transportes Metropolitanos y los Consorcios de Transportes. Los primeros serán los documentos encargados de definir y ordenar los sistemas de transportes de cada aglomeración urbana. Los segundos se proponen como la principal fórmula de cooperación interadministrativa para aglutinar la gestión de los distintos modos de transporte en estas áreas, incluidos los taxis y los ferrocarriles metropolitanos.
Asimismo, la norma dispone la creación de un nuevo organismo, el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que se encargará tanto de coordinar la gestión de los ferrocarriles declarados de interés metropolitano como de desarrollar la política de la Junta en materia de transporte ferroviario, especialmente los servicios regionales de altas prestaciones y los metros.
En materia de financiación, el proyecto aprobado hoy introduce como principal novedad la posibilidad de que la Junta pueda adquirir compromisos de gasto para la ejecución y explotación de las infraestructuras y servicios de carácter metropolitano, más allá de los límites temporales que actualmente marca la Ley de Hacienda Pública de la Comunidad Autónoma. Este es el sistema que la Administración autonómica va a aplicar en los metros de Sevilla, Málaga y Granada, atendiendo a la complejidad, al interés estratégico y a los costes especialmente elevados de estos proyectos.
Instrumentos de planificación
De acuerdo con la futura ley, los Planes de Transportes Metropolitanos deberán contener un análisis y diagnóstico de la oferta y la demanda, una definición de los modelos de movilidad y una serie de directrices para la ordenación y coordinación de servicios, infraestructuras, tráfico e instalaciones de interés metropolitano, además de establecer el marco tarifario de los servicios. Entre sus objetivos principales figurará el de promover el uso del transporte público, especialmente por parte de las personas con menos recursos para acceder al privado. Estos documentos deberán ser aprobados por el Consejo de Gobierno de la Junta, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas o de los correspondientes Consorcios de Transportes.
La norma también prevé la figura de los Programas Coordinados de Explotación de los Transportes Urbanos e Interurbanos, que se desarrollarán en aquellos casos en los que sea necesario resolver problemas de coordinación derivados de la coincidencia de servicios e infraestructuras urbanas e interurbanas dentro de un mismo espacio. La elaboración de estos programas corresponderá a las corporaciones locales y su aprobación a la Consejería de Obras Públicas y Transportes.
Tanto para los planes como para los programas de explotación, el proyecto de ley introduce procedimientos dirigidos a garantizar la participación de los agentes sociales y económicos más representativos.
Nuevos organismos
En cuanto a los nuevos organismos de coordinación previstos en la norma, los Consorcios de Transportes estarán integrados por las distintas Administraciones de acuerdo con una representación que será de al menos del 50% en el caso de los Ayuntamientos, mientras que a la Junta y a las Diputaciones se asigna un 45% y un 5%, respectivamente, sin perjuicio de la eventual participación de la Administración central.
Entre otras competencias, los Consorcios asumirán la elaboración de los proyectos que se vayan a implantar y la gestión de los tráficos, las infraestructuras y las instalaciones de interés metropolitano.
Actualmente, está ya constituido y en funcionamiento el Consorcio de Transportes del Área Metropolitana de Sevilla, en el que se integran 22 municipios. También se ha constituido, aunque aún no ha comenzado a desarrollar su trabajo, el Consorcio de Jerez-Bahía de Cádiz, que aglutina a siete poblaciones. En proceso de constitución se encuentran los de las aglomeraciones urbanas de Granada (32 municipios) y Málaga (14). Entre los primeros cometidos de estos cuatro consorcios, que cubrirán a una población cercana a los tres millones de personas, destaca la implantación del billete único metropolitano, que ya funciona en el caso de los autobuses del área de Sevilla.
Por su parte, el Ente Público de Gestión de Ferrocarriles Andaluces, que también contará con la participación de las distintas Administraciones, se encargará, entre otras funciones, de la aprobación de tarifas, la modificación de las características de los servicios, el pago de las subvenciones de la Junta a los servicios de transporte, la inspección y el control de la calidad. Asimismo, ejercerá las competencias de control e inspección de las concesiones de las futuras líneas de metro en Andalucía, como las que se están promoviendo en Sevilla, Granada y Málaga.
Finalmente, el proyecto de ley aprobado hoy incluye una serie de disposiciones relativas al transporte de viajeros en automóviles de turismo. La principal novedad en este campo es la creación de la figura de las áreas territoriales de prestación conjunta. Dentro de estas áreas, que serán establecidas por la Administración autonómica, los taxis podrán aplicar tarifas unitarias en trayectos urbanos e interurbanos con origen y destino en cualquiera de sus municipios.
En el caso de que existan supuestos especiales de una demanda no suficientemente atendida por los taxis de un área concreta, la norma también faculta a la Consejería de Obras Públicas y al correspondiente Consorcio para permitir la prestación del servicio a vehículos residenciados en municipios situados fuera de la aglomeración urbana.