El Consejo de Gobierno ha aprobado el decreto que regula la composición de las autoridades portuarias de los Puertos de Interés General del Estado enclavados en Andalucía y el nombramiento de sus presidentes. Este decreto, que ha sido informado favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía, afectará a las autoridades portuarias de Almería-Motril, Bahía de Cádiz, Bahía de Algeciras, Málaga, Sevilla y Huelva.
El decreto elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes desarrolla, con escrupuloso respeto, las facultades otorgadas por la Ley estatal y pone en marcha los diferentes mecanismos que permiten dichas competencias. Esta nueva normativa autonómica ha sido elaborada contando con la participación y diálogo con los sectores implicados, entre los que se encuentran la Administración central y local, Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y los agentes económicos y sociales.
La Junta de Andalucía será a partir de ahora la responsable de nombrar los presidentes de las diferentes autoridades portuarias en Andalucía, que a su vez designarán a los directores de los puertos. La nueva composición de los órganos de gobierno garantiza una representación del 14% para las administraciones locales afectadas por los puertos y de un 24% para las Cámaras de Comercio, Industria y Navegación y los agentes económicos y sociales. Por su parte el Estado contará con 5 representantes: el capitán marítimo y cuatro vocales. El resto de vocales serán designados por la Junta de Andalucía, que verá aumentada su representación en los consejos.
Según el informe remitido por el Consejo Consultivo de Andalucía, la Comunidad Autónoma de Andalucía es competente para aprobar esta disposición y no suscita ninguna duda la competencia del Consejo de Gobierno para aprobarla, ni el rango que consiguientemente adopta. De igual manera, el Consejo Consultivo de Andalucía destaca que el procedimiento seguido se ajusta con especial pulcritud a la normativa legal vigente.
Esta nueva situación derivada de la aplicación de la normativa estatal, permitirá a la Junta desarrollar una política global y coherente a la hora de planificar las actuaciones a poner en marcha en el sistema portuario andaluz. Dicha política está orientada a mejorar la prestación de los servicios y a potenciar el desarrollo económico que conllevan los puertos tanto en el ámbito local, como regional y estatal.
Los puertos son piezas claves de desarrollo presentando un gran impacto social y económico sobre el territorio en el que se encuentran. Además la actividad portuaria se encuentra íntimamente relacionada con otras infraestructuras consideradas de desarrollo como son las relacionadas con el transporte y las comunicaciones.
Con la entrada en vigor de la nueva normativa se pretende potenciar la organización portuaria, competencia del Gobierno central, que sin perder la titularidad de los puertos, otorga a los mismos una mayor autonomía funcional y de gestión. La gestión de los mismos estará en manos de las diferentes autoridades portuarias, correspondiendo al Estado la coordinación y control de la eficacia de todo el sistema.