El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula los derechos y deberes del alumnado y las normas de convivencia en los centros docentes no universitarios. Esta normativa se ha sometido, durante varios meses, a un largo proceso de debate entre todos los sectores de la comunidad educativa, que culminó el pasado enero con su aprobación, sin ningún voto en contra, por el pleno del Consejo Escolar de Andalucía.
La Carta de Derechos y Deberes, que entrará en vigor en los próximos días, prevé la creación de una comisión de convivencia, integrada por padres, profesores y alumnos, que se encargará de resolver de manera inmediata los conflictos que puedan alterar la armonía del centro. Este órgano tendrá capacidad para decidir las sanciones que se aplican en cada caso, ateniéndose siempre al código de conducta previamente establecido por el Consejo Escolar de cada centro, que, a partir de ahora, sólo intervendrá en las situaciones en las que se haga necesario el traslado del alumno a otro centro docente.
El texto aprobado se ajusta a la realidad actual de los colegios e institutos andaluces y les concede una mayor autonomía para que puedan adaptar las normas de convivencia a las peculiaridades de la población que atienden. Con este documento, la Consejería de Educación pretende evitar el desconcierto que hasta ahora provocaban entre la comunidad educativa las carencias normativas sobre convivencia diaria en los centros docentes.
El decreto recoge sugerencias y aportaciones realizadas durante el proceso de debate, regulándose entre ellas el derecho de reunión en horario lectivo y el derecho a la no asistencia a clase, además de asegurar la presencia de representantes de los alumnos en la comisión de convivencia. En el documento también figuran explícitamente los derechos del alumno a la libertad de expresión y al respeto de su integridad como persona y de su libertad de conciencia, así como el derecho a recibir una educación de calidad en las condiciones que establece la ley.
La norma aprobada por el Gobierno andaluz, a diferencia de la estatal, define cuáles son las conductas mínimas que dificultan la convivencia. Entre ellas destacan la comisión de actos que impidan el normal desarrollo de las clases o actividades del centro, la reiterada actitud pasiva del alumno en relación a sus actividades, el no respetar los derechos de los compañeros, las faltas reincidentes de asistencia a clase, los actos de desconsideración hacia el resto de integrantes de la comunidad educativa o los daños intencionados en instalaciones y materiales del centro.