El Consejo de Gobierno ha aprobado el nuevo decreto que regula la organización y funcionamiento de la Inspección Educativa en Andalucía, integrada actualmente por 249 profesionales. Esta norma, que sustituye a la que estaba vigente desde 1993, dota al modelo de inspección de nuevos órganos de asesoramiento y presta especial atención a la garantía de principios básicos como la igualdad de acceso a la enseñanza, la no discriminación y la difusión de valores de tolerancia y respeto a los derechos humanos.
Entre otras funciones y atribuciones, el texto legal regula la supervisión pedagógica y organizativa de los centros docentes públicos y privados; la adecuación de los mismos a la normativa vigente; la participación de los inspectores en la evaluación del sistema educativo, y la orientación e información sobre los derechos y obligaciones de profesores, alumnos y padres. Otras funciones destacadas de los inspectores son las relativas a la intervención en los procedimientos disciplinarios y a la colaboración en los procesos de escolarización y planificación de los centros.
En cuanto a los nuevos órganos de coordinación y asesoramiento, el decreto establece la creación del Consejo de Inspección de Educación y de los Equipos de Coordinación Provincial. El primero de ellos se encargará de presentar propuestas para la mejora del ejercicio profesional y para la elaboración del Plan General de Actuación de la Inspección. Por su parte, los Equipos de Coordinación Provincial tendrán como principal objetivo unificar los criterios de actuación y los procedimientos de trabajo.
Además de estos dos órganos, también está prevista la constitución de los Consejos Provinciales de Inspección de Educación, en los que se integrarán la totalidad de los inspectores con el fin de elaborar propuestas sobre planes de trabajo.