El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Con este motivo, el Consejo de Gobierno suscribe la decisión de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de dedicar la conmemoración de este año a la salud mental, reconociendo así la necesidad de afrontar un problema que afecta diariamente a muchas personas y que en absoluto puede dejar insensible a los ciudadanos y a las instituciones.
El Consejo de Gobierno subraya, por tanto, su voluntad de seguir impulsando un compromiso social e institucional que asegure la eficacia de los recursos públicos y privados destinados a la atención de las personas que sufren estas enfermedades, así como a mejorar su calidad de vida, promover su integración laboral y, en definitiva, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanía.
En el convencimiento de que una sociedad democrática y socialmente avanzada no puede dar la espalda a la salud, el Consejo de Gobierno anima a todos los ciudadanos e instituciones de Andalucía a remover las barreras sociales que aún estigmatizan a quienes padecen problemas de salud mental e incrementan injusta e innecesariamente su sufrimiento y el de sus familias.
El Gobierno andaluz se compromete a continuar avanzando en la política de mejora de la salud mental iniciada en 1984, que ha permitido abandonar modos de intervención caducos y excluyentes gracias al cierre de las viejas instituciones manicomiales. La Administración sanitaria andaluza seguirá apostando por la prevención, el tratamiento y la atención integral e integradora de las personas afectadas por enfermedades mentales, bajo unos firmes criterios de calidad técnica y humana.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno quiere expresar su adhesión al resto de instituciones y ciudadanos que celebran el Día Mundial de la Salud y animar a una reflexión sobre la contribución que la sociedad en su conjunto puede aportar al objetivo de una mejor atención e integración de los afectados por enfermedades mentales.
El derecho a la salud es indisociable de las aspiraciones de una sociedad democrática y justa. Su defensa y garantía constituye un compromiso individual y colectivo que implica a todos y a todos beneficia.