El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que articula el marco legal de las actuaciones encaminadas a reparar los efectos producidos por la rotura de la balsa de decantación de la mina propiedad de Boliden Apirsa, en Aznalcóllar (Sevilla).
El Consejo de Gobierno ha aprobado también las bases del Plan de Actuación que materializará todas las iniciativas conducentes a neutralizar las consecuencias directas de este accidente, garantizar la seguridad de las personas y la protección del medio ambiente, así como impulsar las labores de limpieza y la regeneración de la zona afectada. Este Plan de Actuación incluye once programas específicos.
El decreto, que resalta la necesidad de la coordinación entre las distintas Administraciones para garantizar la protección de las personas y los bienes, concreta las actuaciones que desarrollarán las distintas Consejerías de la Junta de Andalucía y el instrumento jurídico que permite a las Administraciones el acceso a la propiedad privada por el interés general para la rápida eliminación de los lodos de residuos mineros.
El ámbito territorial de aplicación de este decreto comprende el área concesional de la explotación minera y el territorio andaluz afectado por los vertidos. Cinco Consejerías participarán en las tareas: Gobernación y Justicia, Trabajo e Industria, Agricultura y Pesca, Salud y Medio Ambiente, sin perjuicio de las competencias específicas de la Administración central y local.
El decreto aprobado establece la adopción de un amplio abanico de medidas para paliar los efectos de esta inundación que afectan al control y abastecimiento del agua a la población; control de los alimentos; tránsito de personas y vehículos; caza y pesca fluvial y marítima; laboreo agrícola; riego para cultivos; pastoreo y abrevadero de ganado; acuicultura; seguridad e higiene en el trabajo; recuperación de las actividades productivas; protección de la fauna y flora silvestre; control de calidad de las aguas y, finalmente, información a los habitantes de las zonas afectadas.
Entre las actuaciones específicas previstas en el texto aprobado por el Consejo de Gobierno, la Consejería de Trabajo e Industria, con el objetivo de mantener los puestos de trabajo de la empresa Boliden y recuperar la actividad industrial de la misma, realizará un plan para el seguimiento de las obras necesarias que garanticen la estabilidad de los residuos mineros de la balsa. Además, el Centro de Seguridad e Higiene en el Trabajo de Sevilla, dependiente de dicho departamento, elaborará con carácter urgente un programa para evaluar y prevenir los posibles riesgos higiénicos de los trabajadores que participan en los trabajos de retirada de los residuos mineros.
Por su parte, la Consejería de Agricultura y Pesca efectuará el estudio y evaluación del estado de los suelos de uso agrícola afectados y se declara la urgente ocupación de los terrenos. Este departamento podrá acordar limitaciones sobre las actividades agrícolas, ganaderas y de comercialización de productos agrícolas. Las Consejerías de Agricultura y de Medio Ambiente velarán por el control del estado de las aguas y la limitación o prohibición de las actividades pesquera, marisquera y acuícola.
El decreto establece, además, que la Consejería de Salud adoptará las medidas necesarias para garantizar la calidad sanitaria de las aguas de consumo y de los alimentos en la zona y potenciará su sistema de alerta en salud pública.
En lo que respecta a la Consejería de Medio Ambiente paralizará la concesión de autorizaciones para la recolección de especies vegetales en terrenos forestales de propiedad privada.
Por último la Consejería de Gobernación y Justicia realizará la coordinación con las entidades locales implicadas.
Otras de las medidas previstas en este decreto se refieren a la emergencia de los trabajos de reparación de infraestructuras y equipamientos, cuyas obras a partir de ahora serán consideradas de urgente tramitación, previstas en la ley de contratos de las Administraciones Públicas.