El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que modifica el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo 1999-2002 con el objetivo de reforzar las ayudas que en este campo concede la Administración autonómica a los colectivos sociales más desfavorecidos.
La iniciativa, que se aplicará a lo largo de 2002 con una dotación de unos 39 millones de euros, va orientada especialmente a los sectores sociales de rentas bajas y medias, así como a jóvenes, personas mayores, discapacitados y familias numerosas y monoparentales. También se incluyen medidas novedosas para ampliar la oferta de viviendas de alquiler a través de ayudas a la rehabilitación de edificaciones no ocupadas.
Los cambios aprobados hoy supondrán fundamentalmente un incremento de los incentivos autonómicos a la rehabilitación y al alquiler y adquisición de viviendas, de acuerdo con las nuevas políticas de apoyo a la familia que desarrolla la Junta. En ambos casos se introduce una cuantificación de los ingresos familiares de los beneficiarios basada en el Salario Mínimo Interprofesional (SMI), hasta un tope de 2,5 veces, frente al anterior criterio de tener en cuenta los ingresos netos ponderados.
El nuevo marco de ayudas, del que se beneficiarán al menos unas 12.800 familias andaluzas, permitirá llevar a cabo durante este año más de 6.000 proyectos de rehabilitación arquitectónica y 1.200 de transformación de infraviviendas, así como la construcción de 2.000 viviendas para alquiler y de otras 3.600 correspondientes al régimen especial de venta y al régimen cofinanciado con los ayuntamientos.
En cuanto la programa de rehabilitación autonómica, dirigido a familias con ingresos inferiores a 2,5 veces el SMI, la principal novedad se centra en la apertura de una línea específica de ayudas para la recuperación de edificios vacíos con destino a reforzar el parque de viviendas de alquiler en las denominadas Áreas de Rehabilitación Concertada (centros históricos y barrios periféricos de las grandes ciudades). Anteriormente, las ayudas para rehabilitación en estas zonas se dirigían exclusivamente a los inmuebles ocupados, con la salvedad de intervenciones muy puntuales en edificios sin uso pero de singular valor arquitectónico, como los corrales de vecinos.
Dentro de este programa, el decreto también eleva el presupuesto máximo del proyecto subvencionable desde 9.600 a 10.000 euros, y a 14.000 cuando la obra afecte a elementos estructurales. La subvención, por su parte, se mantiene en el máximo del 50% del presupuesto total.
Respecto a la transformación de infraviviendas, las ayudas previstas (destinadas a familias con ingresos inferiores a 1,5 veces el SMI) se incrementan en un 6% hasta un máximo de 21.000 euros por vivienda y de 400 euros por metro cuadrado rehabilitado.
Nuevas viviendas
En el apartado de viviendas de nueva planta, las modificaciones aprobadas hoy afectan principalmente a los programas de Régimen Autonómico de Promotores Públicos en Alquiler, Régimen Especial en Venta y Vivienda Cofinanciada.
El programa de alquiler, que beneficia a familias con ingresos 2,5 veces inferiores al SMI, aumenta sus subvenciones para promotores desde el 15% al 20% del precio máximo que la vivienda podría alcanzar en venta. Además, amplía de 60 m2 a 70 m2 la superficie máxima de las viviendas incluidas en estos incentivos, que podrán llegar a los 90m2 en el caso de alberguen familias numerosas. La renta media que deben pagar los inquilinos de este tipo de vivienda se reduce del 3,5% al 2,5% de su precio de referencia, pasando así de 150 a 120 euros al mes.
En cuanto a las viviendas de régimen especial en venta y cofinanciadas con los ayuntamientos (de menos 70 m2 de superficie útil en ambos casos), el decreto incrementa del 5% al 10% la subsidiación de la cuota de amortización del préstamo hipotecario en el caso de unidades familiares con ingresos entre 1,5 y 2,5 veces el SMI. Este mismo incentivo pasa del 10% al 20% en el caso de compradores con ingresos no superiores a 1,5 veces el SMI o incluidos dentro de los colectivos de jóvenes, personas mayores, familias numerosas o discapacitados. Los cambios introducidos permitirán que el esfuerzo familiar en vivienda no supere en ningún caso el 30% de los ingresos mensuales.
Por su parte, las subvenciones a los promotores de este tipo de viviendas, que alcanzan el 5% del precio máximo de venta, se extienden a todos los municipios andaluces salvo los 23 de más de 50.000 habitantes, y no sólo a los que tienen un tamaño poblacional intermedio, como ocurría anteriormente.
Finalmente, respecto a las Viviendas de Protección Oficial (VPO), el decreto adapta sus precios básicos con un criterio que toma como referencia el número de habitantes de las poblaciones en las que se construyen. De este modo, en los municipios mayores de 10.000 habitantes –caracterizados por su dinamismo demográfico y económico– el precio del metro cuadrado se establece en 815 euros, una cuantía que se incrementa un 10% más en el caso concreto de las 23 ciudades andaluzas con población superior a los 50.000 habitantes. Para el resto de los municipios, la norma fija un precio básico de venta de 750 euros por metro cuadrado.