Andalucía, 1 de
diciembre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, que será remitido al Parlamento Andaluz para su aprobación y cuyos principales objetivos se dirigen a impulsar el carácter regional de estas entidades, reforzar su democratización y favorecer su implicación en el desarrollo económico y social de la Comunidad Autónoma.
Entre las principales novedades que aporta el proyecto de Ley, destacan la creación de una entidad financiera común de las Cajas de Ahorro de Andalucía, así como del Instituto Andaluz de Finanzas y de la figura del Defensor del Cliente.
El proyecto aprobado hoy, que constituye uno de los principales compromisos legislativos del Gobierno andaluz en la presente legislatura, ha seguido los todos los trámites legales, tanto en su remisión al Consejo Consultivo como en el proceso de audiencia a los diferentes organismos, entidades y agentes económicos y sociales a los que pudiera afectar.
Interés público
En el aspecto económico, la nueva norma pretende modernizar el sistema financiero andaluz, favoreciendo una dimensión más adecuada al cumplimiento de sus fines y a su mayor implicación en el desarrollo socieconómico de la Comunidad Autónoma. En este sentido, los principios generales recogidos en el artículo 3 incluyen por primera vez objetivos de interés público como el fomento del empleo, el apoyo a sectores productivos y la protección y mejora del medio ambiente.
Desde el punto de vista social, el proyecto parte de la premisa de considerar a las Cajas de Ahorros como patrimonio de todos los andaluces. De este modo, se establecen medidas destinadas a reforzar el principio de participación, favorecer la implantación de las Cajas en toda Andalucía, superar su primitivo carácter localista y procurar que los beneficios reviertan en la sociedad andaluza.
Órganos de gobierno
El proyecto de Ley adapta la regulación de los órganos de gobierno de las Cajas a la nueva realidad del sector tras los procesos de expansión y fusión experimentados en los últimos años.
Según se recoge en los artículos 53 al 61, la Asamblea General estará constituida por un mínimo de 60 consejeros generales y un máximo de 160, determinándose el número de los mismos en función de la cifra total del balance correspondiente al ejercicio inmediatamente anterior al comienzo del proceso electoral. Estos miembros serán designados o elegidos por cada uno de los siguientes grupos, en la proporción que se indica a continuación (en la segunda columna se señala el reparto según la normativa estatal que fija las bases reguladoras de la gestión de las Cajas de Ahorros, LORCA):
| Proyecto de Ley | LORCA | |
| Corporaciones Municipales | 35% | 40% |
| Impositores | 28% | 44% |
| Junta de Andalucía | 21% | 0% |
| Parlamento (50%) | ||
| Gobierno (50%) | ||
| Fundadores | 9% | 11% |
| Empleados | 7% | 5% |
Entidad común
Una de las principales novedades del proyecto de Ley aprobado hoy por el Consejo de Gobierno es la creación de una entidad financiera común con la finalidad de potenciar los mecanismos de cooperación entre las Cajas de Ahorro de Andalucía y reforzar su carácter regional (artículos 100-102). En esta entidad asociativa con personalidad jurídica propia participarán todas las cajas andaluzas, especialmente para atender proyectos cuya envergadura exija su acción conjunta y para aprovechar los efectos positivos de la misma en la prestación de los servicios financieros.
Asimismo, se crea el Defensor del Cliente (artículos 103-109), figura de carácter obligatorio que actuará con independencia con el objetivo de defender los derechos e intereses de la clientela.
En su Disposición Adicional Segunda, el proyecto de Ley también recoge la creación del Instituto Andaluz de Finanzas, ente de derecho público adscrito a la Consejería de Economía y Hacienda que actuará como el principal instrumento la Junta de Andalucía en política financiera. Entre sus funciones figuran la inspección de entidades financieras y mediadores de seguros, la gestión de los activos de la Junta de Andalucía, prestando los servicios de tesorería que se le atribuyan, y la gestión financiera del endeudamiento de la Junta de Andalucía, potenciando los mercados primarios y facilitando la liquidez de los valores emitidos.
Otra novedad recogida en el proyecto es la creación del Registro de Cajas de Ahorros de Andalucía (artículos 19 y 20), que tendrá carácter público y en el que se inscribirán también las fundaciones que gestionan la obra social. Asimismo, la norma regula, por primera vez en el ámbito andaluz, el marco legal de los procesos de fusión en todos sus aspectos.
Obra social
En cuanto a la obra social de las Cajas, la nueva regulación amplía este campo de actividad a nuevas áreas relacionadas con el fomento del empleo, el apoyo a la economía social y la protección del medio ambiente. También se amplía la obligación de reinvertir en obra social en la Comunidad Autónoma a aquellas cajas que, sin estar domiciliadas en Andalucía, cuentan con oficinas en su territorio.
Por último, en materia de control, los artículos 33 al 39 atribuyen a la Consejería de Economía y Hacienda las funciones de inspección, además de regular los supuestos de intervención de las Cajas y la sustitución de los órganos de gobierno y dirección de las mismas.
El proyecto de Ley de Cajas de Ahorro de Andalucía consta de 123 artículos, distribuidos en 9 títulos, dos disposiciones adicionales, cinco disposiciones transitorias, una disposición derogatoria y tres disposiciones finales.
Normativa anterior
La Ley 31/1985 de Regulación de las Normas Básicas sobre Órganos Rectores de las Cajas de Ahorro (LORCA) fija en el ámbito estatal las bases jurídicas de la gestión colectiva de las Cajas de Ahorros. Algunas comunidades autónomas con competencias en la materia desarrollan esta regulación estatal mediante normas con rango de ley, como el proyecto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta.
Las normas de desarrollo de la LORCA actualmente vigentes en la Comunidad Autónoma de Andalucía son el Decreto 99/1986 y las órdenes de 1986 y 1997 que lo desarrollan, así como el Decreto 299/1988 que vino a modificarlo parcialmente.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, un decreto por el que se regulan diversos aspectos complementarios de los procesos electorales a los órganos rectores de las Cajas de Ahorros de Andalucía.
De acuerdo con esta norma, las Cajas de Ahorros podrán adoptar los acuerdos necesarios para prorrogar temporalmente el periodo de mandato de los actuales miembros de los órganos de gobierno. Esta medida afecta a aquellas entidades que hayan iniciado o inicien el proceso de renovación de dichos órganos de durante el año siguiente a la entrada en vigor de la nueva norma.
Según se establece en el decreto, la suspensión del proceso de renovación corresponde realizarla a la Asamblea General, quedando en funciones sus miembros durante el tiempo que dure dicha medida. Esta situación permanecerá hasta la aprobación y entrada en vigor de la Ley de Cajas de Ahorros de Andalucía, cesando la suspensión al año de la entrada en vigor del decreto si antes no se ha aprobado la ley en el Parlamento de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que la Junta de Andalucía acepta la donación gratuita, por el Ayuntamiento de Carboneras (Almería), de una parcela de terreno para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), en cuyas obras la Consejería de Educación y Ciencia va a invertir 375 millones de pesetas.
El nuevo instituto tendrá 20 unidades y acogerá a 600 alumnos de secundaria. Con la construcción de este centro, la Junta de Andalucía dota a la localidad almeriense de la infraestructura necesaria para atender su demanda escolar.
El centro, que tendrá una superficie construida de 4.744 m2, contará con tres plantas, en la que se ubicarán aulas de Informática, Música, Plástica y Dibujo, talleres de tecnología, laboratorios y biblioteca. Además, el nuevo instituto tendrá una zona deportiva y gimnasio.
Carboneras es uno de los más de 200 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, puesto en marcha por la Consejería de Educación y Ciencia para agilizar la construcción y adaptación de los centros educativos a la LOGSE.
La Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 220 millones para la realización de cinco actuaciones en la red de carreteras de Andalucía. Estos trabajos, cuya urgente ocupación de bienes y derechos ha sido aprobada por el Consejo de Gobierno, se ejecutarán en la red de carreteras de las provincias de Huelva, Jaén y Sevilla.
Las obras en la provincia onubense cuentan con una inversión de 105 millones y se reparten entre las carretera A-472, que comunica Sevilla con Huelva por La Palma del Condado, y la A-493 entre La Palma y Rosal de la Frontera.
En la A-472 se realizarán dos actuaciones. La primera corresponde al tramo comprendido entre el límite de la provincia de Sevilla y La Palma del Condado. El proyecto incluye la intervención integral con mejora de los drenajes y de diversas mejoras de seguridad vial. Además, en el tramo comprendido entre Niebla y San Juan del Puerto se procederá a la mejora del cauce de salida de una obra de fábrica, situada en el punto kilométrico 64,9. Esta actuación evitará inundaciones en las fincas colindantes, así como los aterramientos de las cunetas.
Las obras en la A-493 consisten en la construcción de un puente sobre el arroyo Giraldo. Esta nueva estructura ampliará las dimensiones del ojo del puente y evitará las inundaciones de las zonas aledañas.
En Jaén, la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 96 millones para el acondicionamiento y mejora de firme de las carretera J-604, que comunica los municipios de Úbeda y Sabiote. Las obras consisten en la mejora de las conducciones de la plataforma, la construcción de nuevas cunetas y arcenes, así como el saneamiento y reperfilado de taludes.
Por último, en la provincia de Sevilla se procederá al ensanche y mejora de la A-353 en su tramo Estepa-Gilena y los accesos a este último municipio. El proyecto, con una inversión de 19 millones, prevé la demolición de algunos muros próximos a la vía, así como la construcción de una nueva red de drenajes y cunetas.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo, ha informado al Consejo de Gobierno de la inversión de 1.028 millones realizada por su departamento para obras de emergencia en la red de carreteras de las provincias de Málaga, Sevilla, Jaén y Huelva. La Junta también ha destinado 90 millones para mejoras de abastecimiento en la provincia de Huelva y para de encauzamiento en la provincia de Almería.
El mayor volumen de inversión, 590 millones, corresponde a los trabajos en las carreteras de la provincia de Málaga, que se distribuye entre diez vías. Estos proyectos tienen por objeto subsanar los daños producidos por deslizamientos de taludes y terraplenes y hundimientos de calzadas, que reducían la seguridad vial de las carreteras. Para ello, se han construido muros y pantallas, reconstruido las cunetas y firmes y las obras de fábrica.
Las carreteras afectadas en la provincia de Málaga son la A-343, en su itinerario Antequera-Valle de Abdalajis-Álora-Pizarra-Alozaina, y la A-376, que comunica Sevilla y la Costa del Sol por Ronda. También se han realizado diversos trabajos en la A-355, de Cártama a Marbella; A-369 entre el municipio de Ronda y el límite de la provincia de Cádiz y la A-366 a su paso por el término municipal de Alozaina; MA-444, conocida como carretera del Chorro; MA-512, entre el cruce de la A-369 y la Estación de Colmenar; MA-402, desde la Estación de Cártama a Pizarra; la C-3310 entre Gaucín y Colmenar, y la C-341 en su tramo Campillos-Teba.
En la provincia de Jaén, Obras Públicas declaró de emergencia las actuaciones en cinco vías de comunicación, que han supuesto una inversión de 317 millones. La mayoría corresponde a reparación de los desperfectos por deslizamientos de taludes y terraplenes y su consolidación mediante la realización de muros de contención. Las carreteras han sido la A-316, del eje viario Alcaudete-Úbeda por Jaén; A-301, La Carolina-Guadix por Úbeda; A-306, de Córdoba a Jaén por Bujalance; A-420, que une los municipios de Marmolejo y Belalcázar por Cardeña, y la J-314, en su tramo entre Torreperogil y el cruce de la A-315 (itinerario Torreperogil-Baza por Pozo Alcón).
En la red de carreteras de Huelva, con un presupuesto de 13 millones, las mejoras afectan a la A-497, que comunica Huelva y Punta Umbría. Esta vía, con una intensidad media de tráfico de 15.000 vehículos/día, presentaba un pavimento muy deteriorado que ha sido saneado y reforzado.
Por lo que respecta a la provincia de Sevilla, la Junta declaró de emergencia obras por un importe de 108 millones. Destaca la corrección del deslizamiento de un talud sobre la carretera A-477, en su tramo Gerena-Aznalcázar, con la construcción de un muro de contención. El resto de los trabajos han consistido en la reparación de baches en las carreteras de la zona sur A-360, A-362, A-376, A-371, A-471 y SE-420, así como A-432, A-455 y C-433, que forman la malla de comunicación entre los municipios de Lora, Constantina y Cazalla de la Sierra, y las carreteras SE-451 y SE-700, en los términos municipales de La Lantejuela y La Puebla de Cazalla.
Por otro parte, el consejero de Obras Públicas ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración con carácter de emergencia de las obras de abastecimiento de la aldea de Marigenta, en el término municipal de Zalamea la Real (Huelva). El proyecto incluye la construcción de una conducción de agua potable desde el sistema Río Tinto-Berrocal al depósito municipal regulador, para asegurar el abastecimiento continuo de esta población de 100 personas, que hasta ahora se realizaba desde un pozo existente en la localidad o mediante camiones cisterna.
La otra actuación en obras hidráulicas es la modificación del encauzamiento del barranco del Caño, en Cantoria (Almería), con la que se completa el proyecto.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, diversas modificaciones en los usos de suelo de los municipio de Benahavís (Málaga), Posadas (Córdoba), Los Palacios y Villafranca (Sevilla) y Pinos Puente (Granada).
En la provincia de Málaga, la modificación aprobada afecta al plan parcial "Coto de la Zagaleta", en el municipio de Benahavís. En concreto, se cambia el uso de una área verde que pasa a zona de equipamientos de servicios, para realizar una captación subterránea de agua y las conducciones hasta el depósito regulador general. También se crea una nueva zona verde sobre suelo calificado anteriormente como residencial.
El cambio aprobado en el municipio cordobés de Posadas corresponde al núcleo de Rivero, donde se sustituye la calificación de una zona verde por la de suelo residencial. Esta decisión es consecuencia de un cambio de la delimitación de suelo urbano del núcleo que incorpora como zona verde un área forestal de 9.783 m2. Además se autoriza el cambio de uso del suelo afectado por la prolongación de la calle Posadas y la circunvalación oeste de dicho núcleo.
En el municipio sevillano de Los Palacios y Villafranca, la decisión supone modificar el uso de una parcela considerada espacio libre a zona de equipamiento público sanitario o administrativo. Esto permitirá la construcción de equipamientos de interés público o social en una zona de fácil acceso y no supondrá reducir las zonas verdes, ya que en la misma área de actuación se están desarrollando zonas verdes en una superficie de 14 hectáreas.
Por último, en el municipio granadino de Pinos Puente se modificará el uso industrial del área UAP 9, que pasa a uso residencial. Este cambio conlleva un aumento de las zonas verdes, que pasan de los 736 m2 actuales a los 1.875 m2 futuros.
El consejero de Educación y Ciencia ha informado al Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia de las obras, por importe 19 millones de pesetas, que realizará su departamento en el edificio de la Escuela de Arte Dramático de Córdoba.
Los trabajos se centrarán, fundamentalmente, en la reparación de fachadas, que en la actualidad presentan grietas, y de la cubierta, con la reposición de las tejas que están en mal estado.
La Escuela de Arte Dramático, edificio declarado patrimonio histórico andaluz, acoge a un total de 125 alumnos distribuidos en cuatro cursos y atendidos por 15 profesores.
En este centro educativo se imparte la disciplina de interpretación, que se compone de las enseñanzas de Expresión Corporal, Música, Literatura Dramática, Caracterización, Danza, Canto y Esgrima.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha reconocido el carácter de comunidades andaluzas asentadas fuera del territorio andaluz a cuatro entidades establecidas en distintos puntos de España y Andorra. Con ello se contabilizan, hasta la fecha, un total de 375 asociaciones y nueve federaciones reconocidas.
Los nuevas entidades son el Centro Andaluz Casa de Priego de Córdoba en Terrassa (Barcelona), Al-Andalus en Escaldes-Engordany (Principado de Andorra), Asociación Cultural Andaluza de Hijos y Amigos de Vélez-Blanco en Madrid y la Federación Andaluza de Comunidades de Barcelona.
Al tiempo que se emite el reconocimiento, el Consejo de Gobierno ha ordenado iniciar los trámites para la inscripción de dichas entidades en el Registro Oficial de Comunidades Andaluzas asentadas en el exterior de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la consejera de Cultura para avanzar en las gestiones para la constitución de la "Fundación 1884: Casa-Museo del Carnaval de Cádiz". Esta entidad servirá como instrumento de colaboración permanente entre instituciones públicas y privadas interesadas en la defensa de los valores culturales de la prestigiosa fiesta gaditana.
Otro de los objetivos de la fundación será la creación del Museo del Carnaval de Cádiz, que se erigirá en centro de investigación, documentación y difusión del mismo, tarea en la que participarán distintas instituciones.
La Fundación 1884 se configurará como el medio más idóneo para la consecución de los fines culturales que la Casa-Museo pretende desarrollar con el objeto de recordar, preservar, recuperar, potenciar y difundir el patrimonio cultural del Carnaval de Cádiz. Al mismo tiempo, promoverá los valores de convivencia y tolerancia que caracterizan dicha manifestación lúdica y cultural, con el propósito de extender a la colectividad y a las generaciones futuras el acceso y el conocimiento de los elementos que la caracterizan.
La intención con la que se inician los trabajos de la Fundación es conseguir un Museo del Carnaval que no se ciña al concepto clásico de este tipo de recintos, sino que goce de un mayor dinamismo y complejidad, que vaya más allá del mero carácter expositivo de piezas sobresalientes. Se trata de mostrar el sentido, la naturaleza, las peculiaridades, los personajes, la historia y el presente de esta fiesta.
El nuevo museo contará con salas para consultas audiovisuales y un espacio interactivo, que ofrecerá las aportaciones de instituciones públicas y de particulares. Este centro pretende ubicar en el casco antiguo de Cádiz, la zona más vinculada a la tradición del Carnaval.