| Andalucía, 2 de marzo de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado en su reunión de hoy interponer un recurso de inconstitucionali- dad contra ocho artículos de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 1999 así como contra determinadas partidas presupuestarias de las secciones 32 y 33.
Concretamente, el Gobierno de Andalucía recurre contra los artículos 82, 83, 84, 85, 86, 87, 89 y 90 de la Ley de Presupuestos del Estado, así como contra las citadas partidas presupuestarias por considerar que vulneran diversos preceptos constitucionales, del Estatuto de Autonomía de Andalucía y de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA).
En relación a la Constitución, el recurso de la Junta se fundamenta en los artículos 1, 2, 9, 14, 31, 40, 131, 134, 137, 138, 139, 141.1 (apartados 1º, 13º y 14º), 150, 156, 157, 158, 161.1. c.
En cuanto al Estatuto, el Gobierno andaluz sostiene que la Ley de Presupuestos del Estado vulnera lo establecido en los artículos 56, 57, 58, 59, 60, 74 y Disposición Transitoria Sexta.
Finalmente, el recurso de la Junta de Andalucía se asienta en lo establecido en los artículos 2, 4, 13, 16 y Disposición Transitoria Primera de la LOFCA.
Entre los argumentos jurídicos del Gobierno andaluz se encuentran, de un lado, los mismos motivos de inconstitucio- nalidad que justificaban los anteriores recursos planteados contra los precedentes Presupuestos Generales del Estado en los ejercicios de 1997 y 1998. Se trata de la vulneración de los principios constitucionales de unidad y autonomía financiera, de coordinación con la Hacienda Estatal, de solidaridad, territorialidad, de libertad de circulación y establecimiento de personas y bienes, de igualdad básica de todos los españoles en el cumplimiento de los deberes constitucionales y de proscripción de privilegios económicos y sociales.
Asimismo, los anteriores recursos se han planteado, además, por la vulneración de los principios de legalidad, publicidad de las normas y seguridad jurídica recogidos en el artículo 9.3 de la Constitución Española.
Finalmente, los citados recursos rechazaban la aplicación unilateral por parte del Estado del sistema de financiación contemplados en los Acuerdos del Consejo de Política Fiscal y Financiera de 1992 a aquellas Comunidades autónomas que no asumieron el nuevo modelo.
En el nuevo recurso cuya interposición ha sido acordada hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, además de los citados argumentos, se añaden nuevos motivos de inconstitucionalidad.
Entre ellos destaca el hecho de que no se revisa el porcentaje de participación de Andalucía en los ingresos del Estado establecidos en el sistema de financiación para el quinquenio 1992-1996, aún existiendo dos causas determinantes para dicha revisión, como la profunda modificación del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y el incremento del porcentaje de cesión de dicho impuesto a las Comunidades Autónomas que han aceptado el modelo.
Por otra parte, el recurso del Gobierno andaluz aprecia un nuevo motivo de inconstitucionalidad por cuento la Ley de Presupuestos del Estado no contempla la habilitación de un crédito destinado a cubrir la liquidación definitiva de la participación de aquellas comunidades autónomas que no han aceptado el modelo.
El Consejo de Gobierno ha acordado la formulación del Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva, comarca que incluye los municipios de Ayamonte, Cartaya, Isla Cristina, Lepe, Punta Umbría, San Silvestre de Guzmán y Villablanca. El documento, que cuenta con un plazo de redacción de un año, tiene como principal objetivo mejorar la calidad de vida de los casi 80.000 habitantes de esta comarca onubense, donde el dinamismo económico propiciado por la agricultura de regadío y el turismo se traduce también en deterioros medioambientales y paisajísticos, así como en una gran diferencia entre los municipios interiores y los del litoral.
El futuro plan ofrecerá una propuesta integral para potenciar la cohesión territorial de la zona y hacer compatible su competitividad con la preservación de los recursos naturales, mediante la coordinación de las distintas políticas sectoriales y urbanísticas.
Entre sus contenidos, el documento incluirá aspectos como la dotación de infraestructuras básicas, la distribución de equipamientos y servicios de carácter supramunicipal, los criterios de coordinación entre administraciones públicas, los planes urbanísticos y otros planes con incidencia territorial. Asimismo, recogerá una propuesta de ordenación de zonas según los usos del suelo, distinguiendo áreas de protección y mejora del paisaje, de los recursos naturales y del patrimonio histórico y cultural.
El plan incluirá también estrategias para mejorar tanto la conexión interna de la comarca como su articulación con los ámbitos territoriales limítrofes. Asimismo, promoverá la ordenación de los recursos productivos, favoreciendo la compatibilidad entre los distintos usos y actividades presentes en el territorio y minimizando sus costes económicos, sociales y medioambientales. Del mismo modo, fomentará el uso racional de los recursos ambientales, culturales y paisajísticos, corrigiendo los factores de riesgo e integrando en la estructura territorial los espacios naturales protegidos.
El Plan de Ordenación del Territorio del Litoral Occidental de Huelva será elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes con la colaboración de otros departamentos de la Junta de Andalucía, así como de la Administración central, la Diputación Provincial de Huelva y los ayuntamientos de los municipios afectados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy las normas que permitirán a las empresas del sector industrial andaluz adherirse con carácter voluntario al sistema comunitario de gestión y auditoría medioambientales, en aplicación del reglamento europeo vigente. La nueva normativa tiene como objetivo fomentar la implantación de una gestión empresarial en la que el factor medioambiental ocupe un lugar prioritario.
El decreto en el que se recogen estas normas dispone la creación de un Registro de Centros Ecoauditados, que dependerá de la Dirección General de Protección Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. En el mismo podrán inscribirse las empresas que hayan sometido a auditoría sus sistemas de gestión y hayan elaborado una declaración medioambiental pública, para obtener de esta forma el reconocimiento oficial de centro ecoauditado.
Para garantizar la objetividad de estas auditorías y declaraciones, se exige la validación de un organismo verificador independiente que esté acreditado y que se encargará de supervisar si los sistemas de gestión y los programas y procedimientos de evaluación previstos, así como la propia declaración medioambiental, cumplen los requisitos de la norma europea. El decreto designa como organismo de acreditación y supervisión a la Entidad Nacional de Acreditación (ENAC).
El texto aprobado por el Consejo de Gobierno establece una serie de condiciones que han de observarse de forma preferente en todos los niveles de la empresa. Entre estas condiciones, destacan la toma de decisiones estratégicas, las acciones de los trabajadores que tengan alguna incidencia sobre el medio ambiente, el diseño de los productos y las exigencias a suministradores y contratistas.
La Dirección General de Protección Ambiental, responsable en Andalucía del Registro Oficial de Centros Ecoauditados, remitirá periódicamente a la Comisión Europea un listado de los centros de producción registrados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se declaran las distintas zonas sensibles, menos sensibles y normales en las aguas del litoral andaluz y de las cuencas hidrográficas intracomunitarias (con la totalidad de su territorio dentro de la comunidad autónoma). Este decreto aplica en Andalucía el mandato de las normativas estatal y europea sobre tratamiento de aguas residuales urbanas y clasificación por zonas de las aguas receptoras de vertidos.
La norma califica como zonas sensibles las áreas acuáticas del Paraje Natural de las Marismas del Odiel (Huelva), del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y de las lagunas litorales de los ríos Aguas y Antas (Almería), además de los embalses de Guadalhorce-Guadalteba (Málaga), Beas (Huelva) y los Hurones (Cádiz).
Estas zonas sensibles son definidas en el decreto como aquellas áreas de aguas superficiales que, manteniendo una escasa renovación, presentan un alto índice de nutrientes, especialmente compuestos de nitrógeno o de fósforo. El aumento de estos nutrientes, fenómeno conocido como eutrofización, provoca un crecimiento acelerado de las algas y otras especies vegetales, lo que a su vez ocasiona un desequilibrio en la calidad de las aguas.
Como zonas sensibles se incluyen también las áreas de aguas dulces superficiales destinadas a consumo humano y que contienen o podrían contener concentraciones de nitratos superiores a las establecidas en la legislación vigente. En este sentido, y de acuerdo con los criterios de la directiva comunitaria sobre tratamiento de aguas, el texto incluye tanto las zonas eutróficas actuales como las que pueden llegar a serlo en el futuro si no se adoptan medidas de protección.
Otras zonas
En cuanto a las zonas menos sensibles, el decreto cataloga como tales a las comprendidas en una franja marina que discurre a lo largo de todo el litoral andaluz y cuya anchura varía según los dos tramos que se establecen. En el primero de ellos, entre el Cabo de Trafalgar y la desembocadura del Guadiana, la franja abarca desde las 12 millas del mar territorial hasta una línea situada a una milla de la bajamar. En el segundo tramo, entre Trafalgar y el límite con la Comunidad de Murcia, la delimitación se amplía hasta media milla de la bajamar.
Estas zonas menos sensibles son definidas en el decreto como aquellos estuarios, bahías abiertas y otras áreas marinas con buen intercambio de aguas y que no presentan, o resulta improbable que desarrollen, fenómenos de eutrofización o de agotamiento de oxígeno por vertidos de aguas residuales urbanas.
Respecto a las normativas estatal y comunitaria, el decreto aprobado hoy aporta, por último, la novedad de declarar como zonas normales (receptoras de vertidos urbanos ya tratados) el resto de las áreas acuáticas litorales y continentales no calificadas sensibles o menos sensibles.
Normativa andaluza
Además de desarrollar las citadas normativas estatal y comunitaria, el decreto aprobado hoy añade criterios adicionales a la actual legislación andaluza en la materia. En concreto, el Reglamento de Calidad de Aguas Litorales, vigente desde 1996, ya recoge una zonificación del dominio público marítimo-terrestre según su mayor o menor capacidad de regeneración ambiental, con el objetivo de imponer los límites legales al vertido de aguas residuales. Con la entrada en vigor de dicha norma, Andalucía se convirtió en 1996 en la primera comunidad autónoma en fijar estos límites y en establecer un canon de vertido proporcional al daño ambiental causado, lo que permite exigir a las industrias la reducción de sus cargas contaminantes.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 414 millones de pesetas en la construcción de un nuevo Instituto de Enseñanza Secundaria (IES) en Dos Torres (Córdoba) y en la ampliación del IES "Rafael Reyes" de Cartaya (Huelva). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los ayuntamientos de estas localidades para llevar a cabo los proyectos.
El instituto de Dos Torres, cuya construcción supondrá una inversión de 239 millones de pesetas, tendrá capacidad para 240 alumnos. El nuevo centro, que comenzará a funcionar en el curso 1999/2000, contará, entre otras instalaciones, con aulas de música, plástica e informática y con laboratorios, taller, biblioteca y gimnasio. Su superficie construida alcanzará los 2.716 m2.
Por su parte, la ampliación del IES de Cartaya, presupuestada en 175 millones de pesetas, permitirá dotar a este centro con unidades para impartir Enseñanza Secundaria Obligatoria y bachilleratos de Humanidades y Ciencias Sociales y Ciencias de la Naturaleza y la Salud, así como distintos ciclos de Formación Profesional Específica de grado medio y superior. El centro también contará con aula de integración, laboratorio, seminarios, talleres y gimnasio.
El Consejo de Gobierno ha realizado hoy los siguientes nombramientos en la Consejería de Turismo y Deporte:
Viceconsejero: Francisco José Aguilera Moreno-Aurioles. Médico, de 40 años, hasta ahora ocupaba el cargo de delegado de la Consejería de Turismo y Deporte en Jaén. Actualmente es secretario provincial del Partido Andalucista en Jaén.
Delegado Provincial en Granada: Pedro Pablo Serrano González. Licenciado en Filología Inglesa, de 42 años, secretario provincial del Partido Andalucista en Granada. Hasta ahora había sido director del Instituto de Bachillerato de Almuñécar.
Delegada Provincial en Jaén: Marta Jiménez Castellano. Diplomada en Ciencias Empresariales, actualmente es secretaria de comunicación del Partido Andalucista en Linares.
Delegado Provincial en Sevilla: Manuel Mesa Vila. Licenciado en Derecho y máster en Medio Ambiente y Planificación del Territorio, 32 años. Hasta ahora había sido gerente de la empresa Pública de Deportes.