REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley por el que se modifica el artículo 36 de la Ley 3/1984, de 9 de enero, de Archivos, que posibilitará una protección más amplia del patrimonio documental andaluz.
La nueva redacción de dicho artículo establece que el propietario de un bien de este tipo tiene la obligación de comunicar o solicitar autorización a la Administración cultural, con carácter previo, de cualquier traslado o transmisión del mismo. El nuevo artículo 36 de la Ley de Archivos regula de manera detallada los requisitos que deberán contener la comunicación de la transmisión y la solicitud de autorización para efectuar el traslado, así como los supuestos en que se podrá denegar dicha petición. Igualmente, se faculta a la Administración de la Junta de Andalucía para ejercer los derechos de tanteo o de retracto sobre esos bienes, así como la potestad expropiatoria al amparo del artículo 20 de la Ley de Archivos.
El texto reformado establece, en ese sentido, que la transmisión de la propiedad o de los derechos sobre bienes del patrimonio documental andaluz requerirá comunicarlo a la Consejería de Cultura con dos meses de antelación a la fecha en que pretenda efectuarse el traspaso. Por otra parte, todos los traslados de documentos declarados bien del patrimonio precisarán autorización de la Consejería de Cultura, a solicitud de sus propietarios, que deberán especificar el lugar, dentro o fuera del territorio de Andalucía, al que se pretende llevar esos documentos.
El proyecto de ley señala que la Consejería de Cultura denegará la autorización para el traslado cuando no se garantice la adecuada conservación de los documentos y si la nueva ubicación no garantiza su adecuada conservación, investigación o difusión. También se pronunciará en contra cuando se trate de bienes declarados de interés cultural o inscritos en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y cuya disgregación afecte negativamente a los valores propios de estos bienes, o si el solicitante impide o dificulta la inspección de la Junta de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto que establece la oferta de empleo público de la Consejería de Educación y Ciencia para este año, por la que se convocan 1.000 plazas para profesores de Secundaria, 50 para inspectores y diversos cursos para que los maestros puedan adquirir nuevas especialidades.
Las oposiciones para profesor de Secundaria, con el mismo temario que la convocatoria de 1996, se celebrarán el próximo mes de julio. En esta ocasión se ofertan 200 plazas para la especialidad de Tecnología; 130 para Música; 120 para Psicología; 115 para Francés; 100 para Filosofía; 45 para las especialidades de Biología y Geología; Lengua y Geografía e Historia; 40 plazas para las de Inglés, Educación Física e Informática; 30 para Física y Química y Matemáticas y, otras 20 plazas para la especialidad de Formación y Orientación Laboral.
También se convocan 50 plazas para inspectores, a las que pueden concurrir todos aquellos docentes, con titulación superior, que hayan permanecido al menos 8 años en activo.
La oferta de empleo público de la Consejería de Educación para este año contempla además la realización de cursos de especialización para los maestros que quieran conseguir las especialidades de Educación Infantil, Educación Física, Música, Inglés y Audición y Lenguaje.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta de la consejera de Gobernación y Justicia, un decreto por el que se autoriza al Ayuntamiento de Los Molares (Sevilla) para adoptar su bandera municipal.
Las características de este símbolo son las siguientes: Bandera rectangular de 18 unidades de larga -del asta al batiente- por cada 11 de ancha. Dividida perpendicularmente el asta en tres franjas de igual anchura: la primera verde bandera, la segunda amarillo gualda y la tercera rojo carmesí. Centrado y sobrepuesto el escudo municipal.
El Consejo de Gobierno ha autorizado a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, a realizar operaciones crediticias, por un importe de 3.359 millones, para financiar actuaciones de suelo y vivienda en las provincias de Almería, Granada y Jaén.
Estas operaciones permitirán la construcción de 429 nuevas viviendas de protección oficial de régimen especial y general en las tres provincias citadas y acometer la primera fase de actuaciones en materia de suelo a realizar en la ciudad de Jaén. Todos estos proyectos están incluidos en el II Plan Andaluz de Vivienda y Suelo que desarrolla el Gobierno andaluz.
Los proyectos en materia de vivienda permitirán la construcción de 280 viviendas en la ciudad de Granada y otras 56 y 44 en los municipios jiennenses de Mengíbar y Sabiote, respectivamente. EPSA también edificará un grupo de 49 viviendas en Almería.
La puesta en marcha de estas operaciones de vivienda y suelo se enmarca dentro de la política social que desarrolla la Junta de Andalucía, que prioriza los programas orientados a facilitar el acceso a la vivienda a los andaluces con rentas más bajas y que tienen dificultades para acceder al mercado libre. Las viviendas de protección oficial de régimen de alquiler tienen como principales destinatarios a las unidades familiares cuyos ingresos no superen en dos veces el salario mínimo interprofesional. La superficie de estas viviendas oscila entre los 75 y 90 m2.
El Consejo de Gobierno ha ratificado la decisión adoptada por el consejero de Asuntos Sociales, Isaías Pérez Saldaña, el pasado 29 de diciembre de 1997, de cerrar la residencia de la tercera edad "Pimpi", de San Isidro-Níjar (Almería), tras comprobarse graves infracciones en su funcionamiento y carecer de las debidas autorizaciones administrativas.
El expediente se inició en noviembre de 1997 como consecuencia de una denuncia de la Policía Nacional en el sentido de que en la finca denominada "Cortijo de San Ginés" funcionaba un centro de la tercera edad. La Delegación de Asuntos Sociales en Almería envió a sus inspectores quienes confirmaron las anomalías. Posteriormente, un informe del Servicio Andaluz de Salud confirmó las deficientes condiciones higiénicas y sanitarias del centro y de sus usuarios.
Debido a la gravedad de las infracciones, la Consejería de Asuntos Sociales decidió el cierre inmediato del centro al existir riesgos para la salud, seguridad y protección de los derechos de los usuarios y reubicó en residencias autorizadas a estos ancianos y enfermos mentales. La propietaria de la "Residencia Pimpi" no formuló ninguna alegación contra la medida.
Según los informes de los técnicos de la Junta, entre otras anomalías, el centro carecía de alcantarillado y se encontraba en estado de abandono, no existía comedor, los cuartos de baño no reunían los requisitos mínimos para su uso y a los residentes se les cobraba la totalidad de sus pagas.
El Consejo de Gobierno ha nombrado, a propuesta del consejero de Educación y Ciencia, a Antonio Ojeda Escobar y a Rufino Parra Terrón miembros del Consejo de Administración de la Universidad Pablo de Olavide. Este Consejo estará presidido por el notario y ex presidente del Parlamento andaluz Antonio Ojeda. Por su parte, Rufino Parra, doctor ingeniero industrial, es director general de Sevillana de Electricidad y presidente de Nuinsa.
Además, el Consejo ha nombrado, a propuesta del consejero de Medio Ambiente, a Juan José Luque Ibáñez delegado de este departamento en Almería. El nuevo delegado de Medio Ambiente es Graduado Social y en la actualidad ocupaba la gerencia provincial de la Federación Andaluza de Empresas Cooperativas de Trabajo Asociado (FAECTA) en Almería.