| Andalucía, 3 de abril de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la Oferta de Empleo Público en la Administración de la Junta de Andalucía para este año, que incluye 2.071 plazas de acceso libre y otras 500 reservadas para promoción interna. Esta convocatoria prevé las necesidades adicionales de personal motivadas por la incorporación de profesionales relacionados con las nuevas tecnologías. Asimismo, presenta como novedad la inclusión de puestos de trabajo correspondientes a las Consejerías Educación y Salud, que anteriormente se convocaban en ofertas independientes.
La mayor parte de las plazas de acceso libre ofertadas este año corresponden al denominado grupo A, en el que se encuadran los técnicos superiores, con un total de 796. De ellas, 568 se destinan a los cuerpos de farmacéuticos y veterinarios de la Junta.
En el Cuerpo de Maestros se convocan 700 plazas, repartidas entre las especialidades de Educación Infantil (100), Educación Especial (100), Música (250) y Educación Física (250).
La oferta se completa con 160 puestos del grupo B (técnicos de grado medio), 105 del grupo C (administrativos) y 310 del grupo D (auxiliares).
A todas estas plazas que componen la convocatoria de acceso libre se sumarán también aquellas que queden sin cubrir dentro de las reservadas para la modalidad de promoción interna.
Del total de plazas ofertadas, el 4% se reserva para su cobertura por aspirantes que padezcan alguna minusvalía.
El Consejo de Gobierno ha acordado incrementar en 1.100 millones de pesetas los fondos destinados este año al desarrollo del Pacto Local Andaluz. Para ello ha aprobado una transferencia de créditos de once departamentos de la Junta en favor de la Consejería de Gobernación, recogiendo así una enmienda parcial presentada por el grupo socialista durante la tramitación parlamentaria del Presupuesto de la Junta de Andalucía para el año 2001.
Con estos fondos adicionales, el Gobierno andaluz destinará en el presente ejercicio un total de 80.100 millones de pesetas a cooperación con los entes locales. Esta cifra supera la suma de los todos los recursos financieros previstos para este fin por el resto de comunidades autónomas en 2001.
La transferencia de créditos aprobada hoy surge de una cesión individual de 100 millones de pesetas por parte de las consejerías de Presidencia, Economía y Hacienda, Gobernación, Justicia y Administración Pública, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Obras Públicas y Transportes, Agricultura y Pesca, Salud, Educación, Medio Ambiente y Asuntos Sociales.
Esta partida presupuestaria se incluye en las negociaciones que mantiene la Junta de Andalucía con la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) para el traspaso de competencias, proceso que se conoce como Pacto Local Andaluz. Estas negociaciones se impulsaron el pasado 13 de febrero con la oferta realizada a la FAMP por el consejero de Gobernación, Alfonso Perales, para la cesión de 20 competencias. Entre ellas, la Junta destaca como prioritarias las referidas a consumo y servicios sociales, estas últimas evaluadas en unos 6.000 millones de pesetas.
Además de los traspasos previstos y de los fondos adicionales habilitados hoy, la Consejería de Gobernación ha invitado también a los municipios a participar en la redacción de los dos principales proyectos que actualmente elabora el Gobierno andaluz con referencia al ámbito local, concretamente los de Áreas Metropolitanas de Andalucía y Plan de Cooperación Municipal.
Las nuevas propuestas de la Junta se suman a diversas iniciativas legislativas desarrolladas en los últimos años en las que se recogen demandas de descentralización de las entidades locales andaluzas. Destacan en este sentido la Ley de Bienes de las Entidades Locales, el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, los Planes Intermodales de Transporte y las leyes de Salud, Deporte, Turismo y Patrimonio Histórico.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Policía Sanitaria Mortuoria, que regulará, entre otros aspectos, los requisitos técnicos y sanitarios que deben cumplir las empresas, instalaciones y servicios funerarios en Andalucía, así como las normas de construcción, ampliación y reforma de los cementerios. Esta norma adapta a las actuales circunstancias de la comunidad autónoma un decreto estatal vigente desde 1974, que había quedado obsoleto como consecuencia de la evolución social de los usos y costumbres funerarios y de los cambios en las causas de morbilidad y mortalidad.
Como novedad más destacada, el reglamento agiliza la tramitación burocrática en relación con el transporte de cadáveres dentro de Andalucía, al reducirse el número de requisitos sanitarios exigidos para la conducción de los mismos. De este modo, sólo será necesario el correspondiente certificado médico de defunción y, adicionalmente, una autorización especial de la Delegación Provincial de la Consejería de Salud en casos que conlleven riesgo sanitario para el personal funerario o para la población.
La nueva norma regula prácticas de sanidad mortuoria como el embalsamamiento y la conservación temporal de los cadáveres; su empleo con fines docentes e investigadores y los requisitos para el traslado, conducción, inhumación, cremación y exhumación. Igualmente, fija las características y servicios que deben presentar las empresas e instalaciones funerarias para garantizar la prevención de enfermedades y el control de la higiene, especialmente en lo relativo a ubicación, accesos, dependencias, personal y equipamiento.
En el caso de los cementerios de nueva construcción, el reglamento determina una primera zona de protección de 50 metros de anchura, libre de toda construcción, a la que se añade otra de 200 metros como mínimo que no podrá destinarse a usos residenciales.
La Ley de Salud de Andalucía, que reconoce como una competencia municipal el ejercicio de la policía sanitaria mortuoria y del control sanitario de los cementerios, encomienda a la administración autonómica el establecimiento de los criterios generales y de las normas y directrices sobre esta materia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Justicia y Administración Pública, los estatutos del Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía. Con ello se otorga a esta entidad la condición de colegio único de ámbito autonómico.
El Colegio Profesional de Protésicos Dentales de Andalucía es una corporación de derecho público creada en 1998 para defender los intereses sociales y profesionales de este colectivo en la comunidad autónoma.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de mejora de los accesos a las localidades gaditanas de Algodonales y Zahara de la Sierra desde la carretera A-382 Jerez-Antequera. Para ello ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas invertirá 211 millones de pesetas.
Las obras consisten básicamente en la supresión de los dos enlaces actuales de acceso y su agrupación en uno solo con carriles de desaceleración. De este modo se eliminarán los problemas de seguridad que presenta el acceso a Zahara de la Sierra debido a su acentuada pendiente y escasa visibilidad.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación puntual de las normas subsidiarias del municipio cordobés de La Rambla, con el objetivo de configurar el entorno del instituto Tierno Galván como área de equipamientos.
La nueva ordenación urbanística se concreta en el cambio de la calificación de 1.388 m2 de zona verde a área de equipamiento escolar y de otros 2.150 m2 a zona de equipamientos varios para la construcción del cuartel de la Guardia Civil.
El cambio de calificación, informado favorablemente por el Consejo Consultivo de Andalucía, no afectará a la amplia disponibilidad de zonas verdes por habitante garantizada por las normas subsidiarias de La Rambla, que seguirá siendo muy superior a la ratio mínima establecida legalmente.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy conceder una subvención de 609 millones de pesetas a la Fundación Andaluza para la Atención a las Drogodependencias (FADA), para el mantenimiento de su red de centros terapéuticos y el desarrollo de programas de rehabilitación de toxicómanos durante este año.
Este organismo, creado en 1998 y dependiente de la Junta de Andalucía, gestiona actualmente cinco comunidades terapéuticas en las provincias de Cádiz, Huelva, Málaga y Sevilla. En ellas se presta atención a 236 toxicómanos y se facilita su posterior integración social y laboral. La Fundación completa su actividad con programas específicos de asesoramiento jurídico y asistencia en comisaría.
Los objetivos de la FADA para este año se centran en potenciar la integración laboral de los drogodependientes rehabilitados, a través la organización de cursos de formación ocupacional en su red de centros y de la creación de empresas y cooperativas de inserción.
El próximo 7 de abril se celebra el Día Mundial de la Salud. Con este motivo, el Consejo de Gobierno suscribe la decisión de la Organización Mundial de la Salud en el sentido de dedicar la conmemoración de este año a la salud mental, reconociendo así la necesidad de afrontar un problema que afecta diariamente a muchas personas y que en absoluto puede dejar insensible a los ciudadanos y a las instituciones.
El Consejo de Gobierno subraya, por tanto, su voluntad de seguir impulsando un compromiso social e institucional que asegure la eficacia de los recursos públicos y privados destinados a la atención de las personas que sufren estas enfermedades, así como a mejorar su calidad de vida, promover su integración laboral y, en definitiva, garantizarles el pleno disfrute de sus derechos de ciudadanía.
En el convencimiento de que una sociedad democrática y socialmente avanzada no puede dar la espalda a la salud, el Consejo de Gobierno anima a todos los ciudadanos e instituciones de Andalucía a remover las barreras sociales que aún estigmatizan a quienes padecen problemas de salud mental e incrementan injusta e innecesariamente su sufrimiento y el de sus familias.
El Gobierno andaluz se compromete a continuar avanzando en la política de mejora de la salud mental iniciada en 1984, que ha permitido abandonar modos de intervención caducos y excluyentes gracias al cierre de las viejas instituciones manicomiales. La Administración sanitaria andaluza seguirá apostando por la prevención, el tratamiento y la atención integral e integradora de las personas afectadas por enfermedades mentales, bajo unos firmes criterios de calidad técnica y humana.
Por todo ello, el Consejo de Gobierno quiere expresar su adhesión al resto de instituciones y ciudadanos que celebran el Día Mundial de la Salud y animar a una reflexión sobre la contribución que la sociedad en su conjunto puede aportar al objetivo de una mejor atención e integración de los afectados por enfermedades mentales.
El derecho a la salud es indisociable de las aspiraciones de una sociedad democrática y justa. Su defensa y garantía constituye un compromiso individual y colectivo que implica a todos y a todos beneficia.
El consejero de Salud, Francisco Vallejo, ha informado al Consejo de Gobierno de la orden aprobada por su departamento por la que se asigna la denominación ’Luis Portero’ al Premio de Periodismo para la Promoción del Donante de Órganos y Tejidos de Andalucía, que cada año se convoca en las modalidades de prensa escrita, radio y televisión.
Con esta medida, la Junta quiere homenajear al que fuera fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, Luis Portero, asesinado por la banda terrorista ETA el pasado año. Su familia, en un gesto de generosidad y solidaridad, decidió donar los órganos de Luis Portero para poder salvar otras vidas.