| Andalucía, 3 de julio de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado los catálogos de títulos oficiales de las universidades andaluzas para el curso 2001/02, con el fin de adecuar la oferta de estudios superiores a la demanda real. En estos catálogos se incluyen 431 titulaciones entre ingenierías, licenciaturas y diplomaturas, de las que 231 son de primer ciclo, 157 de primer y segundo ciclo y 43 de segundo ciclo.
El próximo curso las universidades de Andalucía ofertarán un total de 55.580 plazas en las 378 titulaciones que establecen límites de acceso para alumnos de nuevo ingreso. De ellas, 20.566 corresponden al Distrito Abierto, una fórmula que comienza a aplicarse este curso y que permite la movilidad de los estudiantes universitarios por todo el territorio nacional, al adjudicar las plazas primando las calificaciones académicas y sin tener en cuenta el lugar de residencia.
La oferta para 2001/2002 se completa con las plazas correspondientes a las titulaciones sin límite de acceso, que este año serán 53, frente a las 33 del curso pasado.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de 29 centros escolares para el próximo curso 2001/2002, con el objetivo de adaptar la red docente andaluza a las demandas del nuevo sistema educativo. Concretamente, se crearán 23 institutos de Educación Secundaria, cinco colegios de Infantil y Primaria y una escuela de Infantil.
Los nuevos institutos, que surgirán a partir de secciones de otros centros, se sitúan en las localidades de Barbate, Olvera y San Roque (barriada de Guadiaro), en la provincia de Cádiz; Adamuz, Alcolea, Córdoba (barriada de Villarrubia), La Carlota, Lucena, Montemayor, Moriles y Nueva Carteya, en la provincia de Córdoba; Huétor-Vega, Montejícar y Salobreña, en Granada; Villalba del Alcor, en Huelva; Arjonilla, Ibros y Puente de Génave, en Jaén; Fuengirola (dos centros) y Mijas, en Málaga, y Aznalcóllar y Écija, en Sevilla.
Los cinco centros de Infantil y Primaria se crearán en las localidades sevillanas de Los Palacios y Villafranca (dos), Mairena del Aljarafe, Dos Hermanas (barriada de Montequinto) y Constantina. Por su parte, la escuela de Infantil se construirá en Martos (Jaén).
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una mejora de las retribuciones de los inspectores de educación en Andalucía, con el fin de lograr su progresiva equiparación a la media salarial de este colectivo en el resto de España. La medida fue acordada el pasado 20 de junio por la consejera de Educación y Ciencia, Cándida Martínez, y los representantes de los sindicatos CSIF, CCOO y UGT.
La homologación, que supondrá una subida mínima anual de 373.608 pesetas en el sueldo de los 250 profesionales que integran el cuerpo de inspectores educativos en Andalucía, se llevará a cabo durante los años 2001 y 2002. La Consejería de Educación revisará el próximo mes de octubre las cantidades previstas para, en caso necesario, adecuarlas a un eventual incremento de la media estatal con efectos desde enero del 2002.
El criterio de la homologación es el mismo que el utilizado por la Junta para la convergencia retributiva del profesorado de la comunidad autónoma. De este modo, se toma como referencia la media salarial de las comunidades con régimen fiscal análogo al de Andalucía; todas menos Canarias, Navarra y País Vasco.
La decisión adoptada hoy se incluye en el Acuerdo por la Educación suscrito por la Junta de Andalucía y los sindicatos de la enseñanza para el periodo 1999-2003. Este pacto recoge expresamente el compromiso de actualizar y adecuar los servicios de inspección a las nuevas necesidades del sistema educativo para garantizar un servicio de calidad.
El Consejo de Gobierno aprobado hoy el decreto que determina las subvenciones de la Junta de Andalucía para el pago de los materiales de las obras que realizarán los municipios andaluces con cargo al programa de Fomento del Empleo Agrario, recogido a su vez en el Acuerdo para el Empleo y la Protección Social Agraria (AEPSA), correspondiente al año 2001.
En este programa, que arrancó en 1986, el Instituto Nacional de Empleo (Inem) abona el coste total de la mano de obra, mientras que la Junta de Andalucía y las ocho diputaciones provinciales andaluzas se encargan de subvencionar los gastos de materiales, maquinaria y utensilios en un 75% y un 25% respectivamente. La Junta y las Diputaciones rubricarán este mes con una entidad financiera un convenio tripartito para fijar definitivamente la financiación del programa, que se cubre con un crédito a 10 años. En el presente ejercicio la aportación de la Junta de Andalucía será de 6.116 millones de pesetas.
Para acceder a las subvenciones, los municipios deben acreditar, entre otros requisitos, la aprobación de los proyectos por parte del Inem, la cuantía que aporta este organismo, el apoyo financiero de la Diputación y los certificados de inicio de las obras, que deberán estar concluidas antes del 30 de junio del año 2002. Estos municipios quedan asimismo sujetos al control de la Consejería de Gobernación, además del que pudieran ejercer la Cámara de Cuentas de Andalucía y el Tribunal de Cuentas.
La Junta de Andalucía ha invertido entre 1986 y 2000 un total de 70.000 millones de pesetas en cooperación con los municipios para la ejecución de las obras del antiguo PER y del actual AEPSA.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy la interposición de un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley 6/2001, de 8 de mayo, en la que se modifica la normativa estatal de evaluación de impacto ambiental, por vulneración de las competencias autonómicas en materia de medio ambiente.
El Gobierno Andaluz ya acordó recurrir el pasado 5 de diciembre un real decreto-ley de octubre de 2000 que también modificaba dicha normativa y que fue finalmente sustituido por la ley que ahora se pone en cuestión. Esta ley suprime algunos de los aspectos recurridos por la Junta de Andalucía en aquella ocasión pero mantiene otros que sobrepasan la competencia estatal e invaden la autonómica.
En concreto, se sigue atribuyendo al Ministerio de Medio Ambiente el carácter de órgano competente en relación con la evaluación de impacto ambiental de aquellos proyectos que deben ser autorizados por la Administración central pero que requieren la consulta preceptiva del órgano ambiental de la comunidad donde se lleven a cabo.
De igual modo, la ley de modificación atribuye a la Administración del Estado el seguimiento y control de la declaración de impacto ambiental, aspecto que es competencia de la comunidad autónoma.
Por todo ello, el Gobierno Andaluz considera que la citada Ley 6/2001, en su artículo único, vulnera el artículo 149.1.23 y otros concordantes de la Constitución Española, así como el artículo 15.1.7 y otros concordantes del Estatuto de Autonomía para Andalucía.
No obstante, respecto al anterior real decreto-ley de modificación de la normativa estatal de impacto ambiental, la Ley 6/2001 que lo sustituye corrige dos aspectos de cuya inconstitucionalidad ya advirtió en su día el Gobierno andaluz. En concreto, se ha suprimido la regulación de un procedimiento abreviado por parte del Estado para aquellos proyectos autorizados por el mismo y sujetos a evaluación de impacto ambiental por la normativa autonómica pero no por la estatal. Además, la nueva modificación se ha realizado por ley, desechando la fórmula inicial del real decreto-ley. En su recurso del pasado diciembre, el Gobierno andaluz ya subrayaba que no concurrían las razones de extraordinaria y urgente necesidad que justifican la utilización de esta fórmula.
De acuerdo con sus competencias, la Comunidad Autónoma de Andalucía cuenta desde 1994 con una ley propia de protección ambiental que, respecto a la normativa estatal, amplía y refuerza las garantías ambientales exigibles a los diversos proyectos y actividades socioeconómicas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación de los Colegios Oficiales de Psicólogos de Andalucía Occidental y de Andalucía Oriental, por segregación del Colegio Oficial de Psicólogos de España.
Los nuevos órganos, que dispondrán de un plazo de seis meses para elaborar y aprobar sus estatutos, se relacionarán con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y corporativos.