| Andalucía, 6 de febrero de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter
decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado el proyecto de ley que mejorará y aumentará la eficacia y las garantías de los procedimientos administrativos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. El nuevo texto adapta la normativa autonómica a las modificaciones incluidas en 1999 en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, cambios que consistieron en el establecimiento de un plazo máximo de seis meses para la notificación de las resoluciones de la Administración y en la determinación del silencio administrativo estimatorio para las solicitudes planteadas a petición de los interesados cuando no se les haya dado respuesta en dicho periodo.
De acuerdo con el proyecto aprobado hoy, más del 93% de los procedimientos que se tramitan en la comunidad autónoma se resolverán en un plazo inferior a seis meses. Para los procedimientos que así lo requieren por su mayor complejidad (alrededor de un 7%), este plazo se amplía en distinta medida.
En cuanto al silencio administrativo, un 90% de los procedimientos seguirá la regla general establecida en la normativa estatal (sentido estimatorio para los iniciados a instancia de parte y desestimatorio para los iniciados de oficio). En el 10% restante, y atendiendo a diversas razones de interés público, el sentido será negativo pese a tratarse de procedimientos iniciados a instancia de parte.
La futura ley no afectará a los procedimientos administrativos que se encuentren actualmente en trámite o que se hayan iniciado antes de la entrada en vigor de la misma, prevista para el día siguiente a su publicación en el BOJA.
La aprobación de este proyecto de ley se suma a otras iniciativas llevadas a cabo por la Junta de Andalucía en los últimos años para dotar de una mayor eficacia a sus procedimientos administrativos. Entre ellas destacan la creación de las Oficinas de Respuesta Unificada, órganos de ámbito provincial que integran en una sola ventanilla diferentes trámites relacionados con la actividad de las pequeñas y medianas empresas, y el decreto que permite reducir el tiempo de tramitación de los expedientes para creación de instalaciones industriales que no requieren autorización administrativa previa.
El Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla aumentará su extensión en 61.182 metros cuadrados al incorporar una parcela propiedad de la Junta de Andalucía cuya enajenación ha sido autorizada hoy por el Consejo de Gobierno. Con ello se culminará la urbanización de los 381.000 metros cuadrados de suelo total disponible en esta plataforma logística, promovida por la Junta de Andalucía a principios de los 90 e integrada actualmente por 52 empresas del sector.
En la nueva superficie está prevista la instalación de grandes operadores nacionales y de pequeños y medianos operadores provinciales de almacenamiento y distribución de mercancías. Su adecuación supondrá una inversión total de 2.726 millones de pesetas, de los cuales 226 serán aportados por el Centro de Transportes de Mercancías para urbanización y vigilancia y el resto por las empresas que van a instalarse.
El Centro de Transportes de Mercancías de Sevilla, ubicado junto a la autovía A-92 y la ronda de cirvunvalación SE-30, incluye una zona pública de prestación de servicios y un área complementaria privada para el establecimiento de empresas.
El Consejo de Gobierno ha acordado autorizar a la Consejería de Relaciones Institucionales para constituir la Fundación Centro de Estudios Andaluces. Esta entidad, que cuenta con una dotación fundacional de 15 millones de pesetas, tendrá como objeto el fomento de la investigación y el estudio de temas andaluces y de interés general para la comunidad autónoma.
La creación de la Fundación obedece a la necesidad de dotar a la Consejería de Relaciones Institucionales de los medios humanos y materiales necesarios para ejercer las funciones de programación, diseño y realización de estudios e investigaciones sobre temas andaluces, que son competencia de este departamento de acuerdo con el decreto regulador de su estructura orgánica.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Colegio Territorial de Administradores de Fincas de Almería, tras su segregación del Colegio de Granada. El nuevo órgano, que tiene un plazo de tres meses para elaborar sus estatutos y proceder a la elección de la Junta de Gobierno, se relacionará con la Consejería de Justicia y Administración Pública en los aspectos institucionales y corporativos, mientras que se vinculará a Obras Públicas y Transportes en lo referente al contenido de sus actividades.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Isabel Muñoz Durán delegada de la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico en Málaga. Nacida en la localidad malagueña de Campillos en 1968, Isabel Muñoz es licenciada en Derecho por la Universidad de Málaga. Desde 1995 ha sido asesora jurídica y coordinadora del Centro Comarcal de Información a la Mujer del Consorcio Guadalteba, tareas que ya desempeñó en el Ayuntamiento de Campillos entre 1991 y 1995.