| Andalucía, 6 de marzo de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Instituto de Fomento de Andalucía tendrá el 51% de las acciones y la RTVA el 49%
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de los consejeros de la Presidencia y de Empleo y Desarrollo Tecnológico, un decreto por el que se modifica la adscripción, la distribución del capital social y la composición del Consejo de Administración de la empresa pública "Sociedad Andaluza para el Desarrollo de las Telecomunicaciones, SA" (Sandetel), participada por el Instituto de Fomento de Andalucía (IFA) y Radio Televisión de Andalucía (RTVA).
De acuerdo con esta modificación, la RTVA, actual socio mayoritario, transmitirá el 2% de sus acciones al IFA, que pasará a ser titular del 51% del capital. Ello implicará tanto la adscripción de Sandetel a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico como el consiguiente ajuste del Consejo de Administración. Este órgano seguirá estando formado por nueve miembros, aunque ahora cinco de ellos serán propuestos por Empleo y Desarrollo Tecnológico y cuatro por Presidencia.
El decreto aprobado hoy tiene como principal objetivo adecuar la actividad de Sandetel a las nuevas prioridades marcadas por el Gobierno andaluz en el campo de la innovación y el desarrollo tecnológico, especialmente en lo relativo a la incorporación de las nuevas tecnologías de la información al tejido empresarial andaluz y a las pequeñas y medianas empresas. Además, permitirá consolidar y ampliar los proyectos de desarrollo y gestión de redes e infraestructuras que prestan servicio al sector público andaluz y de servicios multimedia asociados. Entre estas iniciativas destacan la gestión de la Red Corporativa de Telecomunicaciones de la Junta de Andalucía, la creación de la Red de Banda Ancha de Andalucía y la constitución de la empresa mixta Andalucía Digital Multimedia.
El Consejo de Gobierno ha aprobado ampliar la relación de puestos de trabajo de la Consejería de Agricultura y Pesca para reforzar el Plan Andaluz Coordinado contra la Encefalopatía Espongiforme Bovina (EEB). En total se crean 289 puestos, que se sumarán a la actual dotación destinada por la Junta al seguimiento del plan. De ellos, 165 corresponden a personal de apoyo técnico, 87 a apoyo informático, 16 a servicios jurídicos y otros 21 a personal administrativo.
El Plan Andaluz contra la EEB, en el que participan las consejerías de Agricultura y Pesca, Salud, Medio Ambiente y Gobernación, cuenta con un presupuesto de 5.468 millones de pesetas. Sus principales objetivos se dirigen a garantizar la máxima seguridad alimentaria de los consumidores y fomentar la adecuada alimentación del ganado vacuno. Para ello, y en colaboración con la comunidad científica, el plan desarrolla diversos programas de vigilancia de la enfermedad, control de sustancias empleadas en la alimentación de los animales, inspección de establecimientos de transformación, eliminación de materiales de riesgo y fomento de la investigación científica y de los sistemas sostenibles de reproducción ganadera.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se amplían de uno a cuatro el número de representantes de la industria agroalimentaria, designados por la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), en el Consejo Andaluz de la Calidad Agroalimentaria.
Este órgano colegiado de carácter consultivo, creado en 1998 y adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, tiene como principal objetivo asesorar a la Junta de Andalucía en su política de promoción de productos agroalimentarios andaluces de calidad. Además del sector de la agroindustria, en su composición están representadas las consejerías de Agricultura y Pesca, Salud y Empleo y Desarrollo Tecnológico; la Empresa Pública para el Desarrollo Agrario y Pesquero de Andalucía, S.A.; los Consejos Reguladores de las Denominaciones de Origen; el Comité Andaluz de Agricultura Ecológica; los órganos de control de las Certificaciones de Características Específicas; las organizaciones de consumidores y usuarios y las universidades y centros de investigación de Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy ampliar de dos a tres años el plazo de obtención del carné para la utilización de plaguicidas. Esta medida pretende facilitar la adaptación de las empresas de productos fitosanitarios a la normativa autonómica vigente, que, entre otros requisitos, les exige contar entre sus empleados con un responsable en posesión del citado carné.
La Junta de Andalucía reguló esta actividad mediante un decreto aprobado en diciembre de 1998, con el objetivo de proteger la salud de los aplicadores de plaguicidas y mejorar su formación y sus condiciones de trabajo. La norma distingue tres niveles de autorización (básico, cualificado y especial) en función de que los tratamientos los realicen particulares o empresas y del grado de toxicidad de los productos que se empleen.
El Consejo de Gobierno ha acordado ceder a la asociación "Grupo Ecologista Alborán" el uso de las instalaciones y terrenos adyacentes del Cortijo de Alcántara, propiedad de la Junta de Andalucía y localizado en el municipio granadino de Motril, para el desarrollo de actividades de educación ambiental.
La cesión, gratuita y por un plazo de diez años prorrogables a cincuenta, se otorga con la conformidad de la Consejería de Medio Ambiente, departamento que será el encargado de velar por la correcta gestión del inmueble. Por su parte, la entidad receptora asumirá los gastos derivados de su utilización, mantenimiento y rehabilitación, así como las correspondientes obligaciones tributarias.
El Cortijo de Alcántara, ubicado en el monte del mismo nombre, tiene una superficie total de 530 metros cuadrados, de los cuales 443 corresponden a la edificación y los 87 restantes están ocupados por una alberca y una fuente.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de José Antonio Muriel Romero como secretario general técnico de la Consejería de Justicia y Administración Pública. José Antonio Muriel, nacido en la localidad onubense de Lepe en 1957, ocupaba actualmente el cargo de director general de Gestión de Recursos en esta consejería. Diplomado en Magisterio, el nuevo secretario general técnico ha sido teniente de alcalde del Ayuntamiento de Lepe entre 1983 y 1994, diputado provincial en Huelva (1987-1994), miembro de la Comisión de Economía y Hacienda de la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (1991-1994) y delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía de Huelva (1994-1998).