| Andalucía, 6 de julio de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Turismo y Deporte, José Núñez, el proyecto de Ley del Turismo de Andalucía, instrumento básico de la política turística de la Junta y primer texto normativo sobre esta materia con que cuenta la Comunidad Autónoma. Su objetivo principal se centra en la ordenación y promoción de todos aquellas actividades que se consideran adecuadas para aumentar la incidencia del turismo como recurso económico.
Este proyecto, fruto del consenso entre sindicatos y empresarios, eleva al turismo y a la política turística al máximo rango institucional, político y social, con el fin de proporcionar ventajas al sector turístico andaluz frente al exterior y profundizar en su autonomía. Entre las principales novedades que introduce, destacan la creación de la figura del Municipio Turístico, la posibilidad de declarar zonas de preferente actuación turística y el reconocimiento de la casa rural como modalidad de alojamiento turístico.
La nueva norma, que delimita el conjunto de la actividad turística de acuerdo con su naturaleza horizontal y fundamentalmente privada, viene a cubrir las actuales lagunas legislativas, actualizando planteamientos y abriendo nuevos caminos para el desarrollo futuro del sector. Además, establece mecanismos para asegurar tanto la coordinación entre las distintas administraciones como la participación de los entes locales andaluces y de los agentes sociales y económicos.
A lo largo de sus siete títulos, el texto legal regula, entre otros aspectos, la distribución de competencias y organización administrativa; la ordenación y promoción de los recursos turísticos; los derechos y obligaciones en la materia; la ordenación de la oferta turística y los regímenes de inspección y sanciones.
Los objetivos generales, expuestos en el Título I, se centran en el impulso y la ordenación del turismo como sector estratégico de la economía andaluza; la promoción de Andalucía como destino turístico integral atendiendo a su realidad cultural, medioambiental, económica y social; la delimitación de la competencias de las diferentes administraciones públicas; la protección de los recursos turísticos de acuerdo con el principio de sostenibilidad; el fomento de la calidad y de la competitividad; la eliminación de la clandestinidad y de la competencia desleal; la protección de los usuarios; la formación continua de los profesionales del sector y el fomento del turismo como instrumento de comunicación entre los pueblos y como medio de desarrollo de los valores propios de la cultura andaluza.
Municipio Turístico
Dentro de la delimitación de los ámbitos competenciales, recogida en el Título II, el proyecto de ley establece la figura del Municipio Turístico para aquellos núcleos singulares en los que la prestación de los servicios municipales supera el número de vecinos.
La declaración de Municipio Turístico, que implica la puesta en marcha de una acción de fomento por parte de la Junta de Andalucía, debe partir de un acuerdo plenario del ayuntamiento interesado, adoptado por mayoría absoluta. De este régimen se excluyen las grandes ciudades, que serán objeto de un tratamiento específico.
Desde el punto de vista organizativo, la ley adscribe competencias a la Consejería de Turismo y Deporte en cuatro órganos: el Consejo Andaluz del Turismo, órgano consultivo y de asesoramiento en el que estarán presentes las entidades locales andaluzas, las empresas, los trabajadores y las organizaciones que reglamentariamente se determinen; el Consejo de Coordinación Interdepartamental, encargado de coordinar la labor de las distintas consejerías relacionadas directa o indirectamente con la actividad turística; la Oficina de la Calidad del Turismo, órgano independiente que velará por los derechos de los usuarios y garantizará la calidad de los servicios turísticos; y la Escuela Oficial de Turismo, entidad creada en 1996 a la que se atribuyen las competencias en materia formación.
Promoción
Entre los instrumentos de ordenación y promoción para estimular el crecimiento sostenible del sector, regulados en el Título III, destacan el Plan General de Turismo -que definirá el modelo de desarrollo turístico en la Comunidad Autónoma- y la posibilidad de declarar zonas de preferente actuación turística. Otra innovación es la declaración de Andalucía como destino turístico integral para favorecer la promoción del conjunto del sector y su papel en la construcción del modelo territorial de Andalucía.
El proyecto de ley también recoge, en su Título IV, una serie de normas destinadas a regular los derechos y obligaciones en materia turística, en relación tanto a los turistas como a las empresas.
En cuanto a la oferta turística, la norma establece una regulación sustantiva básica de los servicios y establecimientos en general. En su Título V, declara como servicios turísticos a los de alojamiento, restauración, intermediación e información turística. La principal novedad se centra en la creación del Registro de Turismo de Andalucía, ya que la inscripción en el mismo será el requisito indispensable para el inicio de la prestación de los servicios y el acceso a las subvenciones.
En la enumeración de las distintas modalidades de alojamiento turístico, la innovación más destacada es la consideración como tales de las casas rurales y de los inmuebles de uso turístico en régimen de aprovechamiento por turno. Igualmente, se regulan las empresas de intermediación turística, con especial atención a las agencias de viaje y a las centrales de reserva.
Inspección y sanciones
Respecto a la inspección turística, el proyecto de ley introduce en su Título VI una mayor precisión en la regulación de sus facultades y funciones, además de introducir los planes de inspección programada y regular los deberes recíprocos de colaboración entre los distintos organismos públicos.
Por último, en el Título VII, se aborda el régimen sancionador ajustando su tipificación a los deberes y prohibiciones legales establecidos y acotando con mayor precisión los sujetos responsables administrativamente y sus efectos jurídicos. Además de la necesaria actualización de la cuantía de las multas, el proyecto de ley introduce preceptos complementarios en relación con los órganos competentes para la imposición de las mismas.
La Consejería de Educación invertirá 968 millones de pesetas en la construcción de tres nuevos institutos de Enseñanza Secundaria en Isla Cristina (Huelva) y Alhaurín de la Torre y Algatocín (Málaga). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por los ayuntamientos de estos municipios para llevar a cabo dichos proyectos.
El instituto de Isla Cristina, cuyas obras están presupuestadas en 368 millones de pesetas, tendrá 20 unidades y una capacidad para 600 alumnos. Sus instalaciones incluirán aulas de Música, Informática y Plástica, así como talleres de Tecnología, seminarios, salas de apoyo, laboratorio y gimnasio.
Por su parte, el instituto de Alhaurín de la Torre ofertará 480 puestos escolares, repartidos en 16 unidades de Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO). El nuevo centro, en cuya construcción se invertirán 336 millones de pesetas, contará con aulas de Música, Plástica e Informática, laboratorios, seminarios, biblioteca, gimnasio y dos pistas polideportivas, entre otras instalaciones.
Finalmente, el centro de Secundaria de Algatocín acogerá a 240 alumnos y contará con ocho unidades de ESO, laboratorio, biblioteca y aulas de Música, Informática, Plástica y Tecnología, entre otras instalaciones. Su construcción supondrá una inversión de 264 millones de pesetas.
Alhaurín de la Torre, Algatocín e Isla Cristina son tres de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación con el fin de adaptar la infraestructura educativa de Andalucía a las exigencias de la LOGSE. Este plan incluye tanto la construcción de nuevos centros escolares como la ampliación y remodelación de los ya existentes.