| Andalucía, 7 de febrero de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
Ayudas a la producción y creación del Consejo Superior Andaluz del Audiovisual, principales medidas previstas
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula el Programa de Apoyo al Sector Audiovisual Andaluz, cuyo objetivo principal es reforzar las posibilidades de difusión cultural, generación de empleo y potenciación de la economía que ofrece esta actividad.
Entre otras medidas de fomento, el programa de apoyo incluye ayudas a la producción y a la formación; iniciativas de promoción de obras y prestación de un servicio de información y atención a los profesionales. Asimismo, prevé la creación del Consejo Superior Andaluz del Audiovisual, organismo adscrito a la Consejería de Cultura que servirá de foro de participación, diálogo y consulta a todos los agentes públicos y privados relacionados con el sector.
Las ayudas a las producciones audiovisuales previstas en el decreto incluyen tanto películas, cortometrajes y largometrajes, como documentales de creación, obras de animación, productos multimedia y obras experimentales. También se establecen ayudas para los trabajos previos de producción (redacción del guión, búsqueda de socios y elaboración planes de financiación, comercialización y distribución).
El decreto excluye de forma expresa las obras de contenido publicitario o propagandístico; las que hagan apología de la violencia, el racismo, el sexismo o la pornografía y las financiadas íntegramente por las Administraciones públicas.
Los beneficiarios de estas medidas de apoyo a la producción, podrán ser las personas físicas o jurídicas con formación, trayectoria o actividad empresarial en materia audiovisual, radicadas o que ejerzan principalmente su actividad en Andalucía.
La valoración de las solicitudes se realizará teniendo en cuenta la calidad, el valor artístico y originalidad del proyecto; el presupuesto y su adecuación a la realización; el plan de financiación; las posibilidades de explotación; la trayectoria y solvencia de la empresa productora solicitante; la cualificación de los equipos técnicos y de gestión; la contribución al fomento del empleo; el hecho de que los trabajos se realicen en Andalucía y la contribución al acrecentamiento, conservación y difusión del patrimonio cultural audiovisual.
Otras ayudas
Respecto a las medidas de apoyo a la formación, las ayudas se podrán solicitar tanto para la especialización como para la realización de prácticas profesionales.
En el capítulo de información y atención a los profesionales, el decreto prevé la prestación de servicios de difusión de medidas de apoyo nacionales, europeas e internacionales; información sobre el acceso a las mismas y atención y canalización de demandas.
Por su parte, las iniciativas de promoción de obras se enfocarán principalmente a la participación en festivales y mercados; el doblaje y la subtitulación y los gastos del estreno comercial, tiraje de copias y material promocional.
En las convocatorias públicas de las distintas modalidades de ayuda, que tendrán carácter anual, se determinarán los plazos y lugar de presentación de las solicitudes, los requisitos específicos y las cuantías, entre otros pormenores.
Los libros y cuadernos de trabajo tendrán una vigencia mínima de cuatro años, con el fin de permitir su reutilización
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se regula el registro, la supervisión y la selección de los libros de texto que se utilizan en los centros docentes de la Comunidad Autónoma de Andalucía.
Entre otras medidas, la nueva normativa establece para estos materiales una vigencia mínima de cuatro años, tanto en su uso docente en el propio centro como en el periodo mínimo de publicación para la editorial. Esta medida permitirá a muchos escolares y centros reutilizar los libros de años anteriores.
A partir de ahora, los centros docentes tendrán en cuenta esta vigencia mínima para elegir libros o materiales complementario y sólo los podrán sustituir cuando haya una dificultad manifiesta para adquirirlos o desaparezca la editorial, o bien porque modificaciones sustanciales en el proyecto curricular de centro los conviertan en inadecuados.
Las empresas editoriales también deberán mantener a la venta la edición de cada libro de texto durante un periodo mínimo de cuatro años a partir de la fecha del depósito legal de la misma, permitiéndose las reimpresiones necesarias para atender la demanda de estas publicaciones.
En cuanto a los libros de texto que vayan acompañados de cuadernillos de trabajo en los que los alumnos escriben o dibujan, deberán editarse y venderse por separado en dos volúmenes, con el fin de que las familias puedan adquirir únicamente el cuadernillo y reutilizar el libro del año anterior.
Registro de Libros de Texto
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, las editoriales depositarán en la Consejería de Educación y Ciencia, una vez impresos y antes de su distribución en el mercado, un ejemplar de cada uno de los libros y de las sucesivas reediciones en las que se modifique su contenido. Este depósito será la condición indispensable, que deberán cumplir todas las empresas editoras, para que estos libros se registren y tengan validez para ser utilizados en los centros docentes.
De esta forma, se elimina la supervisión previa y la autorización administrativa de los proyectos editoriales. A partir de ahora, esta supervisión será una parte más del proceso de inspección y control que ejerce la Consejería de Educación sobre todos los elementos que constituyen el proceso de aprendizaje y, más concretamente, en el contexto de los proyectos de centro, proyectos curriculares y programaciones.
Este procedimiento de depósito y registro, reconoce a la vez una mayor autonomía didáctica de los centros docentes y garantiza un mejor ejercicio de los derechos y libertades de las familias, el profesorado, el alumnado y las empresas editoras.
La Consejería de Educación, atendiendo la demanda de las familias y asociaciones de padres, creará y mantendrá actualizado un registro de los libros de texto depositados, en el que se destacarán las fechas de depósito y edición. Este registro, que se podrá consultar en la página de Internet de la Consejería, estará disponible para que las familias y los centros puedan conocer el tiempo de vigencia de los textos elegidos.
Control de contenidos
El texto legal establece también la creación de una comisión de expertos encargada de controlar que los libros respeten los principios educativos de la LOGSE; la igualdad de derechos entre sexos; el rechazo de todo tipo de discriminación; el respeto a la diversidad cultural; el fomento de los hábitos de comportamiento democrático y la atención a los valores éticos y morales de los alumnos.
En caso de que, cuando se detecten defectos o errores en el contenido, la Consejería instará a la editorial para que los corrija y subsane. Si se desatiende este requerimiento, se recomendará la no utilización del correspondiente libro y, si además el texto incluye contenidos presuntamente constitutivos de delito, se dará cuenta del hecho al Ministerio Fiscal o a los Tribunales.
De acuerdo con la nueva normativa, el Consejo Escolar de cada centro será el órgano encargado de aprobar, en el último trimestre del curso anterior, los libros y materiales a propuesta del claustro de profesores, que, a su vez, se basará en el informe realizado por el jefe de estudios y los jefes de departamento.
Asimismo, todos los centros, públicos y privados, están obligados a exponer durante el mes de junio de cada año, en el tablón de anuncios, la relación de libros de texto y materiales curriculares para el curso siguiente, especificando título de la obra, año de edición, autor y editorial.
Finalmente, los centros contarán con un libro de registro en el que se especificarán los libros y materiales complementarios para cada curso, área o materia. Esta información deberá estar a disposición de toda la comunidad educativa del centro.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el se determinan las competencias y funciones de la Junta de Andalucía en el control de riesgos derivados de accidentes en los que intervienen sustancias peligrosas. La nueva norma, que responde al cumplimiento de una directiva de la Unión Europea, refuerza las medidas de control y seguridad de las industrias que transportan o manipulan sustancias nocivas para la población, prestando especial atención a la prevención y la gestión planificada y coordinada de las emergencias.
De acuerdo con el decreto, las competencias de la Junta en la materia se distribuyen entre las consejerías de Trabajo e Industria, Gobernación y Justicia, Obras Públicas y Transportes, Salud y Medio Ambiente.
La Consejería de Trabajo e Industria será la encargada de ejercer las facultades de inspección control y potestad sancionadora, así como de evaluar y gestionar toda la información que deben suministrar los industriales que operan con sustancias peligrosas. A este departamento corresponde también determinar los establecimientos y grupos de industrias con probabilidad de accidentes en los que estén presentes sustancias peligrosas.
Por su parte, la Consejería de Gobernación y Justicia será la responsable de elaborar los planes de emergencia exterior y realizar las correspondientes revisiones periódicas, además de establecer cauces de comunicación con el Centro de Coordinación de Emergencias y con la población residente en las proximidades de las industrias.
Finalmente, la Consejería de Obras Públicas y Transportes se encargará de velar por la prevención de accidentes en lo que se refiere a la utilización o asignación del suelo, mientras que a las Consejerías de Salud y de Medio Ambiente corresponden las acciones de sus ámbitos competenciales previstas en las leyes de Salud y Protección Ambiental, respectivamente.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula las compensaciones económicas que percibirán los miembros de las Juntas Electorales de Andalucía, Provinciales y de Zona, así como el personal a su servicio, por el desempeño de sus funciones en las próximas elecciones al Parlamento de Andalucía.
Dada la coincidencia de esta convocatoria con las elecciones a Cortes Generales, el decreto determina, por una parte, las cantidades correspondientes a los miembros de la Junta Electoral de Andalucía, cuyas competencias se circunscriben al proceso electoral andaluz, y, por otra, establece unas compensaciones complementarias a las asignadas por la Administración del Estado para los miembros de las Juntas Electorales Provinciales y de Zona y para el personal colaborador de las mismas. Estas últimas se justifican por la mayor dedicación que se deriva de la simultaneidad de dos procesos electorales en los que dichos miembros son competentes.
Respecto a los integrantes de la Junta Electoral de Andalucía, el decreto fija una cantidad de 648.000 pesetas para el presidente; 589.000 para el vicepresidente; 530.500 para el secretario y 412.000 para los vocales.
Por su parte, los miembros de las Juntas Provinciales y de Zona y el personal colaborador percibirán, por sus funciones en las elecciones al Parlamento de Andalucía, una cantidad complementaria equivalente al 25% de la asignada por la Administración del Estado en las elecciones a Cortes Generales. El mismo porcentaje de compensación complementaria se establece para los secretarios de los Ayuntamientos, en cuanto delegados de las Juntas Electorales de Zona, y para el personal puesto a su servicio.
De acuerdo con el decreto aprobado hoy, también se abonarán íntegramente los gastos de transporte a aquellos miembros de las Juntas Electorales Provinciales que tengan que desplazarse fuera del municipio de su residencia habitual para asistir a las reuniones reglamentariamente convocadas sobre asuntos relacionados en exclusiva con el proceso electoral autonómico. En caso de utilización de vehículo particular, se les compensará cada kilómetro recorrido a razón de 24 pesetas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se constituye la Empresa Pública Hospital Alto Guadalquivir y se aprueban sus estatutos. La nueva sociedad, de capital íntegramente público, gestionará tanto este hospital como sus centros periféricos, que prestan atención sanitaria a casi 70.000 habitantes de la comarca jiennense de Andújar (Jaén).
La norma aprobada hoy desarrolla la Ley 11/1999, de 30 de noviembre, por la que se creó esta empresa adscrita a la Consejería de Salud. En el artículo 2 de dicha ley se especifica que la constitución de la entidad se hará efectiva en el momento de la entrada en vigor de los estatutos.
De acuerdo con estos estatutos, la empresa pública Hospital Alto Guadalquivir goza de administración autónoma y personalidad jurídica y patrimonio propios, además de estar sujeta a los criterios de política sanitaria de la Consejería de Salud y al control financiero permanente de la Consejería de Economía y Hacienda.
Como principales objetivos de la nueva entidad, se señalan los de lograr la máxima eficiencia en la utilización de los recursos; garantizar el derecho de los ciudadanos a unos servicios sanitarios personalizados y de calidad; el desarrollo de programas de investigación y la colaboración con los dispositivos de atención primaria y emergencias sanitarias.
La sociedad será de capital público al cien por cien, sin que exista posibilidad de introducir capital privado. Asimismo, estará controlada por un consejo de administración formado exclusivamente por responsables de la Junta de Andalucía y presidido por el viceconsejero de Salud.
Los estatutos también establecen la creación de una comisión consultiva de asesoramiento integrada por representantes de la Administración sanitaria; la propia empresa pública; organizaciones sindicales y empresariales; corporaciones locales y consumidores y usuarios.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la normativa provisional de la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, en la que se regula tanto la estructura y organización de este centro universitario como sus órganos de gobierno, actividades académicas y régimen económico y financiero. Esta normativa estará vigente hasta la aprobación de los estatutos y de las normas definitivas de funcionamiento interno.
La Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, que comenzó a funcionar en el curso 1997/98, cuenta actualmente con más de 5.000 estudiantes. El centro oferta las titulaciones de Derecho, Dirección y Administración de Empresas, Trabajo Social, Ciencias Ambientales, Humanidades, Ciencias Empresariales y Relaciones Laborales, además de la licenciatura conjunta de Derecho y Dirección y Administración de Empresas, implantada en este curso.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se aprueba, a propuesta de la Consejería de Gobernación y Justicia, el deslinde entre los términos municipales de Jerez de la Frontera y El Puerto de Santa María (Cádiz).
Dicho deslinde se efectúa en la zona comprendida entre los mojones M28 y M29 del acta de reconocimiento practicado en 1872, en los términos recogidos en el informe del Instituto Geográfico Nacional del 8 de junio de 1998, atendiendo fundamentalmente a los actos reveladores del ejercicio de potestades administrativas en la zona controvertida por parte del Ayuntamiento de El Puerto de Santa María.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha acordado hoy, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, la interposición de un recurso contencioso-administrativo en relación a la liquidación y el correspondiente pago de la Participación de la Comunidad Autónoma en los Ingresos del Estado (PIE) del ejercicio de 1998.
La Junta de Andalucía, que rechazó adoptar el actual modelo de financiación autonómica por considerar que vulnera los principios constitucionales de igualdad, solidaridad, suficiencia y justa redistribución de la renta y la riqueza, ha interpuesto recursos de inconstitucionalidad contra las sucesivas leyes y disposiciones estatales que han ido articulando jurídicamente el citado sistema de financiación.
El dicho sistema de financiación, se establece, según acuerdo del Consejo de Política Fiscal y Financiera, que las Comunidades Autónomas que no hayan adoptado como propio el modelo continuarán rigiéndose por el anterior sistema de financiación, acordado en enero de 1992, que a estos efectos se considera prorrogado.
No obstante a lo establecido en este último modelo, la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado correspondiente a 1998 no se efectuó en la forma y plazo establecido por el mismo, es decir, durante el primer trimestre de cada ejercicio.
Al requerimiento efectuado por la Consejería de Economía y Hacienda para que se efectuara dicha liquidación y pago, respondió negativamente la Dirección General de Coordinación de las Haciendas Locales del Ministerio de Economía y Hacienda.
El recurso contencioso-administrativo acordado hoy por el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía argumenta que dicha resolución supone un incumplimiento de la legalidad por parte de la Administración del Estado, que aboca una vez más a esta Comunidad Autónoma a una situación de insuficiencia financiera que afecta a su autonomía y representa un menoscabo del ejercicio de sus competencias.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la aplicación para el año 2000 del "fondo para la mejora de retribuciones y modernización" de la función pública andaluza, previsto en el acuerdo alcanzado entre la Consejería de Gobernación y Justicia y las organizaciones sindicales UGT, CCOO y CSIF, sobre retribuciones del personal de Administración General de la Junta de Andalucía.
En virtud de dicho acuerdo, se establecen los complementos específicos para el personal funcionario y, en relación al personal laboral, los complementos de convenio y puesto.
Además, se acuerda que la Consejería de Gobernación y Justicia desarrollará las medidas necesarias para la aplicación de los acuerdos que se adopten en virtud de la negociación con la representación sindical en relación con la distribución del 0,3% añadido al fondo para la mejora de determinados colectivos.
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a José María Visedo Rodríguez delegado de la Consejería de Cultura en Granada.
José María Visedo Rodríguez, nacido en Jaén en 1955, es licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid y ha desempeñado, entre otros cargos, el de secretario general de la Delegación de Cultura en Granada. Asimismo, es miembro de la Comisión Ejecutiva de la Federación Internacional de Productores Discográficos Independientes (FIPI).
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a Delfín Galiano Orea director del Centro Andaluz de Medicina del Deporte.
Delfín Galiano Orea, natural de Sevilla, es licenciado en Medicina por la Universidad de Sevilla y especialista en Medicina Deportiva. Actualmente es el médico de la Selección Española de Baloncesto, trabajo que viene desempeñando desde 1996.