REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, presidido por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zzarrías.
Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado la concesión de una serie de ayudas destinadas a los damnificados por las inundaciones ocurridas en Andalucía el pasado invierno, y especialmente al municipio sevillano de Écija, el más afectado por estos hechos. Estas ayudas van dirigidas a la reparación y reposición de enseres o viviendas; subvenciones a empresas y ejecución de obras para la reparación de infraestructuras dañadas por las aguas.
La canalización de estas ayudas se efectuará a através de actuaciones de las Consejerías de Gobernación y Justicia, Obras Públicas y Trabajo e Industria.
La Consejería de Gobernación y Justicia ha aprobado un crédito por valor de cien millones de pesetas destinado al Fondo de Catástrofes para subvencionar la adquisición de enseres y viviendas de los particulares que sufrieron estas inundaciones. Estas ayudas, de las que Écija recibirá más de 40 millones, empezarán a concederse en los próximos días, ya que por afectar directamente a particulares tienen un carácter más perentorio.
Por su parte, la Consejería de Obras Públicas y Transportes declarará también de rehabilitación preferente tanto las obras destinadas a asegurar la habitabilidad de las viviendas afectadas por las inundaciones, con la reparación de cubiertas en 148 viviendas de la barriada Francisco Díaz, como la construcción de 200 viviendas destinadas preferentemente a los damnificados por las lluvias.
Obras Públicas invertirá también 150 millones en la ejecución de obras urgentes para reparar los daños registrados en infraestructuras. Estas obras van desde el arreglo de diversos tramos de carreteras que enlazan Écija con los pueblos de Osuna, Palma del Río, Marchena o Lucena, hasta la reparación de las condiciones de agua desde el pantano de "El Retortillo" hasta el Consorcio de Écija, para el que ya hay presupuesto de 50 millones.
Además, la Consejería de Trabajo e Industria pondrá en marcha con carácter extraordinario una acción especial dentro del programa Subvención Global de Andalucía que dará un tratamiento preferente a las empresas afectadas por las inundaciones de este invierno, con especial atención a las instaladas en el munipicio ecijano.
Los tipos de ayudas que concederá la Consejería de Trabajo dentro de esta actuación incluye subvenciones directas, rebajas de tipos de interés y préstamos regulados por el Banco Europeo de Inversiones para ayudas a la creación, ampliación, modernización y renovación de equipos productivos e instalaciones empresariales.
El Consejo de Gobierno ha acordado, a propuesta del consejero de la Presidencia, requerir de incompetencia al Gobierno de la Nación contra las resoluciones del Ministerio de Fomento de cerrar las televisiones Onda Coria (Coria del Río, Sevilla), Tele Adra (Adra, Almería), y Toxiria (Torredonjimeno, Jaén), y contra los expedientes sancionadores a 20 televisiones locales y emisoras de frecuencia modulada asentadas en la Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno ha autorizado también al Gabinete Jurídico de la Junta para que plantee conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional, en caso de respuesta negativa del Gobierno de la nación.
Las citadas resoluciones vulneran el derecho exclusivo de la Junta de Andalucía sobre las concesiones para la prestación de los servicios de radiodifusión en frecuencia modulada y de televisión local por ondas terrestres, que lleva aparejado las competencias para sancionar y clausurar las emisoras que carecen de autorización administrativa.
El pasado 28 de febrero, el Ministerio de Fomento prohibió las emisiones a Onda Coria, Tele Adra, y Toxiria. Otras dos resoluciones, de 19 de enero y 13 de febrero, abren expedientes sancionadores a 16 televisiones locales de Alcalá de Guadaira (Sevilla), Fuengirola (Málaga), Málaga, Almería (RTI), Écija (Sevilla), Palma del Río (Córdoba), Córdoba, Vélez-Málaga, Aguadulce (Almería), Cañada Rosal (Sevilla), Torremolinos (Málaga), Istán (Málaga), La Luisiana (Sevilla), Níjar (Almería), Huelva (Atlántico TV) y Granada (Cable Hogar). En las mismas fechas, se abren expedientes a cuatro emisoras de FM en Benalmádena Costa (Málaga), Santa Fe (Granada), Huévar (Sevilla) y Fuengirola (Málaga).
La doctrina del Tribunal Constitucional establece que quien ostenta la competencia para otorgar las concesiones del servicio de radiodifusión o televisión, como es el caso de la Junta de Andalucía, dispone también del mismo derecho exclusivo para la apertura y resolución de expedientes sancionadores, al ser ésta una facultad accesoria de la primera.
En concreto, el Gobierno andaluz fundamenta el recurso de incompetencia en los artículos 149.1 de la Constitución; 16.1 y 2 del Estatuto de Autonomía; 36.2 de la Ley 31/1987, de Ordenación de las Telecomunicaciones, y 17 de la Ley 41/1995, de televisión local por ondas terrestres.
El Consejo de Gobierno ha aprobado, a propuesta del consejero de Trabajo e Industria, el Reglamento de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía. Esta norma establece las condiciones necesarias para la creación de una oferta ferial andaluza competitiva con la de nuestro entorno europeo y reordena el sector de certámenes comerciales.
El decreto aprobado regula además el reconocimiento, funcionamiento y control de las instituciones feriales andaluzas, así como la autorización, promoción, organización y ejecución de los certámenes celebrados por dichas entidades.
Igualmente, el reglamento, que desarrolla la Ley de Ferias Comerciales, establece la autorización especial a las entidades públicas o privadas para realizar las funciones correspondientes a las instituciones feriales, al Comité Consultivo de Ferias Comerciales Oficiales de Andalucía y el correspondiente registro oficial.
El texto aprobado señala que el Consejo de Gobierno es el órgano competente para el reconocimiento de las instituciones feriales y la aprobación de sus estatutos o modificaciones. Por su parte, la Dirección General de Comercio, Consumo y Cooperación Económica será el órgano encargado de elaborar el calendario anual de ferias comerciales oficiales que se celebren en Andalucía, que deberá ser aprobado por el consejero de Trabajo e Industria.
El decreto prevé que cada provincia contará con una única institución ferial, que tendrá como ámbito geográfico dicha demarcación. No obstante, se establece que con carácter excepcional una institución podrá celebrar un certamen oficial fuera de su ámbito territorial, previa autorización del consejero de Trabajo e Industria, y cuando en la provincia donde se pretenda celebrar dicho certamen no exista institución ferial.
Además de los requisitos para el reconocimiento de dichas entidades, las ferias se clasifican en nacionales, regionales, provinciales y locales; según la oferta exhibida habrá tres tipos: generales, sectoriales o monográficas.
Las ferias nacionales son aquellas en que al menos una cuarta parte del total de expositores, o en todo caso más de treinta, tengan su domicilio fuera de Andalucía o que al menos la mitad de los bienes y servicios expuestos se produzcan fuera de Andalucía. Iguales criterios se establecen para las ferias regionales y provinciales, mientras que las ferias locales son aquellas en las que no se cumplen las condiciones necesarias para otra clasificación.
El decreto regula además la venta directa de mercancías en los recintos feriales, las funciones y composición del comité consultivo de ferias comerciales oficiales de Andalucía, su registro oficial y el procedimiento sancionador.
El Consejo de Gobierno ha autorizado, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, la garantía de la Comunidad Autónoma sobre las obligaciones patrimoniales derivadas del contrato de préstamo que Andalucía Aeroespacial, S.A. tiene previsto formalizar con el Banco Bilbao Vizcaya, por importe de hasta 1.400 millones de pesetas. El destino de esta operación es financiar los gastos de inversión derivados del suministro de componentes aeronáuticos.
El Presupuesto de la Comunidad Autónoma de Andalucía para 1998, en su artículo 19, autorizaba la concesión del aval y que dicha garantía sería a iniciativa del Instituto de Fomento de Andalucía (IFA), en la modalidad de aval de Tesorería.
El tipo de interés de esta operación se determinará trimestralmente y tendrá como referencia el MIBOR, más un margen del 0,14 por ciento, con un plazo de 10 años y cuatro de carencia, contados desde la fecha de firma del contrato.
Andalucía Aeroespacial es un consorcio formado en mayo de 1994 por veinte pequeñas y medianas empresas andaluzas del sector aeronáutico y el Instituto de Fomento de Andalucía. El objeto del mismo es mantener la ventaja de costes indirectos y de gestión mínimos. Su puesta en marcha también ha permitido crear una estructura completa de gestión de programas, ingeniería e integración de calidad al máximo nivel.
Andalucía Aeroespacial es proveedora de Mc Donnell Douglas-Boeing para sus nuevos aviones B-787. Las previsiones de Mc Donnell comtemplan la fabricación de unos 1.000 aeronaves en los próximos 10 años, lo que representaría para la empresa andaluza una facturación de 176.987.000 dólares, unos 25.000 millones de pesetas, y 4.300.000 de horas de trabajo directo .