Andalucía, 7 de septiembre de 1999![]() |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto por el que se regulan los órganos de la Administración competentes en materia de utilización confinada y liberación voluntaria de Organismos Modificados Genéticamente, conocidos también como transgénicos. La norma establece la creación del Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente, de carácter decisorio y adscrito a la Consejería de Agricultura y Pesca, que será el máximo responsable de conceder autorizaciones para estas actividades. Además, se crea una comisión asesora de carácter científico-técnico.
La aprobación del decreto responde a la creciente importancia científica y económica de los productos modificados genéticamente, así como al actual debate entre quienes propugnan su implantación y desarrollo y quienes muestran su alarma ante los posibles riegos para la salud humana y el medio ambiente. Para su elaboración, el Gobierno andaluz se ha basado en la Ley de Biotecnología, de 3 de junio de 1994, que establece la posibilidad de emplear técnicas modernas de manipulación genética destinadas a actuar sobre la información contenida en el material hereditario, añadiendo o eliminando genes de manera que el hombre pueda obtener organismos modificados genéticamente (OMG) para su propio beneficio.
Tanto la ley como el decreto hoy definen las actividades de utilización confinada y de liberación voluntaria de OMG, además de regular los órganos con competencias sobre las mismas.
Como utilización confinada se define aquella actividad por la que se puede modificar el material genético de un organismo y destinarlo a varios fines, incluso su transporte y destrucción, siempre y cuando se utilicen barreras físicas o una combinación de éstas con barreras químicas o biológicas, con el objetivo de limitar su contacto con la población y el medio ambiente.
En cuanto a la liberación voluntaria de OMG, se trata de la introducción deliberada en el medio ambiente de un organismo o combinación de organismos modificados genéticamente sin haberse adoptado la citadas medidas de contención. En este caso, y de acuerdo con el decreto aprobado hoy, las autorizaciones que conceda el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente se limitan a fines de investigación y desarrollo o cualquier otro fin distinto al de la comercialización.
Para la autorización de actividades de utilización confinada y liberación voluntaria de OMG, el Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente solicitará preceptivamente informes a la Comisión Nacional de Bioseguridad, órgano de carácter consultivo y ámbito estatal experto en la materia.
En cuanto a las solicitudes de autorización, éstas deberán dirigirse al secretario general de Agricultura y Ganadería de la Junta y se presentarán en el Registro General de la Consejería de Agricultura y Pesca. Los acuerdos del Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente, tanto de concesión como de denegación, pondrán fin a la vía administrativa. El plazo para resolver y notificar será de tres meses.
Asimismo, cuando lo considere oportuno el Comité, se deberá elaborar un plan de emergencia sanitaria y de vigilancia epidemiológica y medioambiental que señale las medidas de protección que, en caso accidente, se tendrían que adoptar en el exterior de las instalaciones donde radique la actividad.
El Comité Andaluz de Control de Organismos Modificados Genéticamente, presidido por el secretario general de Agricultura y Ganadería de la Consejería de Agricultura y Pesca, estará integrado por siete vocales y un secretario. Los vocales serán los directores generales de Política Interior (Consejería de Gobernación y Justicia); Comercio, Consumo y Cooperación Económica (Trabajo e Industria); Producción Agraria e Investigación y Formación Agraria (ambos de Agricultura y Pesca); Salud Pública y Participación (Salud); de Universidades e Investigación (Educación y Ciencia) y Gestión del Medio Natural (Medio Ambiente). El secretario, con voz pero sin voto, será un funcionario de la Consejería de Agricultura y Pesca.
Comisión asesora
El otro organismo cuya creación establece el decreto aprobado hoy es una comisión asesora de carácter técnico-científico, encargada, entre otras funciones, de asistir al Comité. Esta comisión, presidida por el secretario general de Agricultura y Ganadería o la persona en quien delegue, estará integrada por un total de once vocales. Seis de ellos lo serán en representación de las Consejerías de Gobernación y Justicia, Trabajo e Industria, Agricultura y Pesca, Salud, Educación y Ciencia y Medio Ambiente. Dos vocales representarán a las Universidades andaluzas; otros dos a los centros de Investigación y Formación Agraria dependientes de la Consejería de Agricultura y Pesca; y un vocal al Consejo Superior de Investigaciones Científicas.
Según la nueva norma, las competencias autonómicas en materia de OMG las ejercerá la Consejería de Agricultura, mientras que las tareas de inspección y control corresponderán a los titulares de los centros directivos correspondientes y de las distintas consejerías con competencias específicas. El ejercicio de la potestad sancionadora recaerá sobre el secretario general de Agricultura y Ganadería.
El Consejo de Gobierno ha acordado ceder gratuitamente a la Universidad de Sevilla los acuarios del Pabellón de Andalucía de la Isla de La Cartuja de Sevilla, para su utilización en proyectos de investigación biológica.
Las instalaciones serán trasladadas, junto con sus sistemas de mantenimiento, al Laboratorio de Biología Marina de Los Barrios (Cádiz), donde el Departamento de Fisiología y Biología Animal de la Universidad Hispalense desarrolla desde 1990 el proyecto de investigación biológica "Bahía de Algeciras". Esta iniciativa, seleccionada como emblema de la investigación andaluza durante la Expo 92, viene suponiendo una notable contribución al conocimiento de la biodiversidad marina del litoral andaluz, con el descubrimiento y catalogación de nuevas especies de moluscos y otros invertebrados anteriormente desconocidos.
El proyecto "Bahía de Algeciras", que ahora se refuerza con la cesión de los acuarios del Pabellón de Andalucía, ha sido avalado en los últimos años con diversas distinciones nacionales e internacionales, como el Premio Andalucía de Medio Ambiente (1996), el Premio Nacional de Medio Ambiente (1997) y el Gran Premio Internacional de Medio Ambiente de la UNESCO (1998).
La Consejería de Educación invertirá 220 millones de pesetas en la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria en la localidad cordobesa de Moriles. El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el Ayuntamiento de este municipio para llevar a cabo dicho proyecto.
El futuro centro, de nueva planta, tendrá 10 unidades y una capacidad para 300 alumnos. Entre otras instalaciones, dispondrá de aulas de Informática, Música, Idiomas y Plástica, así como de biblioteca, laboratorio, gimnasio y seminarios.
Moriles es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación con el fin de adaptar la infraestructura educativa de Andalucía a las exigencias de la LOGSE. Este plan incluye tanto la construcción de nuevos centros escolares como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno ha decidido hoy reducir el área protegida de la Villa Romana de las Torres, en Estepona (Málaga), debido a los nuevos datos que se poseen sobre las dimensiones reales de este yacimiento arqueológico, declarado bien de interés cultural en 1996. En aquel momento se estableció un espacio de protección pretendidamente amplio en tanto se perfeccionara el conocimiento de la zona. La nueva delimitación se basa una investigación arqueológica iniciada en 1997 para determinar la entidad, naturaleza y envergadura del yacimiento.
Los primeros estudios sistemáticos sobre esta villa romana datan de 1929, año en que se constató la existencia de restos de estructuras, mosaicos, monedas y materiales cerámicos de entre los siglos II y III.
La Consejería de Cultura ha declarado la realización de obras de emergencia en la iglesia de Santa María Magdalena de Vélez-Blanco (Almería), en la torre del homenaje del castillo Sorihuela de Guadalimar (Jaén) y en el torreón denominado Cubo de la Villa, del castillo de Vilches (Jaén). La titular de Cultura, Carmen Calvo, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de esta decisión, que supondrá un coste total de 20 millones de pesetas.
Los trabajos en la iglesia de Vélez-Blanco, presupuestados en seis millones de pesetas, se dirigen a corregir el actual estado de ruina del inmueble, amenazado por el continuo deterioro y la inestabilidad de sus muros.
Con un presupuesto de siete millones de pesetas, la intervención en la torre del homenaje del castillo de Sorihuela del Guadiamar tiene como objetivo evitar las filtraciones originadas por el mal estado de su cubierta, así como reparar los daños causados.
En el caso del castillo de Vilches, Cultura reparará los desperfectos ocasionados por los agentes climáticos en el torreón Cubo de la Villa, donde ha llegado a desprenderse parte de la coronación de la torre. Estas obras de emergencia supondrán una inversión de siete millones de pesetas.