| Andalucía, 8 de mayo de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Escuelas Taurinas de Andalucía, que amplía y actualiza la actual normativa estatal sobre la materia, además de garantizar a los alumnos una formación compatible con los estudios de Primaria y Secundaria Obligatoria.
Con esta norma, Andalucía se convierte en la primera comunidad autónoma que revisa la regulación de las escuelas de tauromaquia contenida en el Reglamento Taurino del Estado, cumpliendo así con lo acordado por la Comisión Sectorial de Asuntos Taurinos, en la que participan las comunidades autónomas y el Ministerio del Interior.
El texto aprobado hoy, al que deberán adaptarse los centros en un plazo máximo de dos años, refuerza y amplía los requisitos y condiciones mínimas exigibles en cuanto a instalaciones, funcionamiento, medidas de seguridad y cualificación del profesorado. Entre estos requisitos destacan por su novedad los relativos a las clases prácticas con reses, que sólo podrán ser organizadas en las escuelas autorizadas y en las que únicamente participarán jóvenes mayores de 14 años y sin remuneración alguna.
El reglamento exige una dotación mínima de instalaciones compuesta por un aula para las clases teóricas, una zona para el ejercicio del toreo de salón, una plaza de toros con cuatro burladeros y un diámetro de entre 30 y 50 metros, dependencias para atender pequeñas curas y un local de preparación de las carnes de las reses.
Para los alumnos, se establecen como condiciones mínimas tener al menos 12 años cumplidos, contar con la autorización expresa de los padres o tutores y acreditar la matriculación en un centro docente en los casos en que deban cursar estudios de enseñanza obligatoria. Respecto a los profesores, la norma exige que cada escuela disponga de al menos uno por cada 30 alumnos inscritos. Estos profesionales deberán tener la categoría de matadores de toros o de novilleros que hayan actuado en un mínimo de 25 novilladas con picadores.
El nuevo reglamento también prevé la homologación de los planes de aprendizaje, que serán regulados conforme a las directrices de la consejería de Gobernación, tanto en lo referente a la vertiente teórica y de toreo de salón como a las clases prácticas con reses.
La autorización de las escuelas taurinas, que corresponde al director general de Espectáculos Públicos de la Junta de Andalucía, tendrá una validez de cinco años renovables por otros cinco. Para aquellos centros que no cumplan todos los requisitos, el texto prevé su reconocimiento como escuelas taurinas asociadas, que podrán firmar convenios con las escuelas autorizadas para suplir sus carencias.
Actualmente, existen en Andalucía 22 escuelas de tauromaquia en la que reciben formación más 600 alumnos. La mitad de estos centros funcionan en la provincia de Sevilla. Con el fin de apoyar el desarrollo de sus actividades, la Consejería de Gobernación destinará durante este año un presupuesto de 34,6 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se crea la Entidad Local Autónoma de Mures, en el municipio de Alcalá la Real (Jaén). La nueva entidad, que surge como consecuencia del acuerdo alcanzado entre sus vecinos y el ayuntamiento alcalareño con la mediación de la Junta de Andalucía, asumirá, entre otras competencias, las relativas a licencias de obras, recogida de residuos, tráfico, ferias y fiestas locales, servicios sociales y actividades culturales.
El Consejo también ha aprobado un decreto por el que se desestima la solicitud de constitución como Entidad Local Autónoma del núcleo de Tocón, en el municipio granadino de Quéntar. Esta decisión se justifica por la escasa entidad poblacional de esta pedanía y por la inviabilidad económica de la propuesta.
La figura de la Entidad Local Autónoma, creada en 1997 de acuerdo con la Ley Reguladora de la Demarcación Municipal de Andalucía, tiene como principales objetivos descentralizar y mejorar la gestión y los servicios que se prestan en aldeas y pedanías alejadas de los núcleos que ostentan capitalidad municipal. Esta figura, que armoniza los intereses del municipio matriz y los del núcleo separado, pretende también satisfacer las demandas vecinales de una mayor y más directa participación.
Con el decreto aprobado hoy, Mures se suma a los seis núcleos de población reconocidos hasta ahora como entidades locales autónomas por el Gobierno andaluz: Las Marismillas, en Las Cabezas de San Juan (Sevilla); Isla Redonda-La Aceñuela, en Écija (Sevilla); San Martín del Tesorillo, en Jimena de la Frontera (Cádiz); Serrato, en Ronda (Málaga); Bácor-Oliva, en Guadix (Granada), y Villanueva de la Concepción, en Antequera (Málaga).
Actualmente, la Consejería de Gobernación estudia la constitución de otras seis entidades locales autónomas en Andalucía. Los núcleos que han solicitado acogerse a esta figura son los de Villarrubia y Castil de Campos, en la provincia de Córdoba; Domingo Pérez, Dehesas Viejas y Carchuna-Calahonda, en Granada, y Garcíez, en Jaén.
El Consejo de Gobierno ha acordado iniciar los trámites del Plan Director de Organización para la Calidad de los Servicios, que será el instrumento para consolidar la modernización de la Administración andaluza y dotarla de un modelo organizativo ágil y eficaz.
El futuro plan, presupuestado inicialmente en 9.000 millones de pesetas, centrará sus objetivos en mejorar la atención a los ciudadanos, perfeccionar la calidad de los servicios públicos y agilizar la gestión mediante procesos de desconcentración y descentralización.
En el terreno de la atención al ciudadano, el plan prevé reforzar tanto la calidad de los servicios que se le prestan como facilitar su acceso a la información a través de la utilización de las nuevas tecnologías y de la aplicación de sistemas informatizados.
Respecto a la gestión, se seguirá profundizando en la simplificación y racionalización de los trámites y procedimientos administrativos que son competencia de la Junta. Entre las novedades planteadas en este sentido destaca la implantación de un sistema integrado de gestión de expedientes que permitirá al ciudadano tener una respuesta inmediata sobre la tramitación de los procedimientos, ya sea vía internet o a través de un teléfono único.
Finalmente, también está prevista la creación de unidades de calidad en cada una de las consejerías de la Junta, con el objetivo de evaluar el rendimiento y la eficacia de la gestión y de los servicios.
La Consejería de Justicia y Administración Pública viene desarrollando en los últimos años diversos proyectos de modernización de la Administración en la misma línea del plan que ahora se propone. Entre estos proyectos destacan la apertura de las Oficinas de Respuesta Unificada para las pequeñas y medianas empresas, la descentralización de competencias en favor de las delegaciones provinciales de las consejerías, la implantación del sistema Sirhus de gestión integral de los recursos humanos y el desarrollo de un servicio permanente de recepción de documentos.
El Consejo de Gobierno ha acordado agilizar las obras primer tramo del colector de la margen derecha del Guadalquivir, que recogerá las aguas residuales de las localidades sevillanas de La Algaba, Salteras, Valencina de la Concepción y Santiponce. Para ello ha declarado la urgente ocupación de los terrenos afectados por este proyecto, en el que la Consejería de Obras Públicas y Transportes invertirá 1.567 millones de pesetas.
Este primer tramo, cuyo plazo de ejecución es de dos años, tendrá un recorrido total de 9,4 kilómetros y culminará en la estación de bombeo de Camas. El colector en su conjunto, compuesto por cinco tramos, dará servicio a las localidades de la Algaba, Santiponce, Castilleja de Guzmán, Camas, Castilleja de la Cuesta, Tomares, San Juan de Aznalfarache, Gelves y Puebla del Río, todas ellas integradas en la Mancomunidad de Municipios del Aljarafe. Las aguas residuales recogidas por el colector se tratarán en la depuradora de Palomares del Río.
La Junta de Andalucía invertirá en los próximos ocho años 64.000 millones de pesetas en la construcción, ampliación y mejora de edificios e instalaciones judiciales en la comunidad autónoma. Esta iniciativa, conocida como Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía, ha sido presentada hoy ante el Consejo de Gobierno por la consejera de Justicia y Administración Pública, Carmen Hermosín.
El plan incluye un total de 86 proyectos en 70 municipios andaluces, entre ellos las ocho capitales de provincia y las principales poblaciones, con el objetivo común de acabar con la falta de espacio y mejorar la organización de los inmuebles destinados a uso judicial. Estos proyectos actuarán sobre una superficie de más de 470.000 m2 (casi 100.000 correspondientes a edificios de nueva construcción) y tendrán en cuenta tanto la adaptación a las nuevas funciones como la facilidad de acceso para los ciudadanos (concentración de sedes, buena ubicación y disponibilidad de aparcamientos).
Entre los proyectos considerados prioritarios, que se llevarán a cabo en los cuatro primeros años de aplicación del plan, destacan la creación de las Ciudades de la Justicia de Málaga y Almería y la construcción del Instituto de Medicina Legal de Sevilla y de las nuevas sedes judiciales de Dos Hermanas (Sevilla), Ubrique (Cádiz), Peñarroya-Pueblonuevo y Pozoblanco (Córdoba), Aracena (Huelva), Andújar (Jaén) y Loja y Santa Fé (Granada).
El plan presentado hoy al Consejo de Gobierno se justifica, entre otras razones, por la apertura de 50 nuevos juzgados en la comunidad autónoma y la incorporación de 22 magistrados y de casi un millar de empleados desde que la Junta asumió las competencias de Justicia en 1997. Este crecimiento ha supuesto una fuerte presión sobre los inmuebles disponibles, que se ha solucionado en parte a través del arrendamiento de locales. Actualmente, la Consejería de Justicia y Administración Pública dedica cerca de 1.100 millones de pesetas anuales al alquiler de 64.000 m2 de inmuebles, una carga económica que se verá aliviada con la habilitación de los nuevos espacios judiciales de titularidad pública.
El Plan de Infraestructuras Judiciales de Andalucía estará abierto a la cooperación con otras administraciones, principalmente los ayuntamientos y el Ministerio de Justicia, al que ya se ha solicitado su colaboración en el marco del Pacto de Estado por la Justicia que actualmente se discute con las comunidades autónomas.
Pacto de Estado
En relación con este pacto, la consejera Carmen Hermosín también ha informado hoy al Consejo de Gobierno sobre las principales propuestas realizadas por su departamento. Entre ellas destaca la petición de que las reformas que plantea el Ministerio de Justicia tengan un reflejo concreto en los próximos ejercicios presupuestarios y de que su financiación responda a los criterios de población atendida, número de órganos judiciales y carga de trabajo.
La titular de Justicia y Administración Pública también ha reclamado al Ministerio de Justicia su colaboración económica en los proyectos de apertura de nuevos órganos judiciales, cuyo coste ha sido sufragado hasta el momento de forma exclusiva por la Junta de Andalucía.
Desde la asunción de las competencias de Justicia en 1997, la Junta ha destinado más de 12.000 millones de pesetas a mejora de infraestructuras e incremento de personal. Entre estas inversiones destacan los 4.000 millones del Plan Adriano de informatización de órganos judiciales, que finaliza este año, y los 2.000 millones correspondientes a la apertura de 50 nuevos juzgados.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Alfredo Sánchez Fernández como presidente de la Junta Rectora del Parque Natural de Sierra María-Los Vélez (Almería).
Alfredo Sánchez, nacido en Almería en 1950, es Ingeniero Superior de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 1987 ocupa el cargo de gerente provincial de Instituto de Fomento de Andalucía en Almería. También es presidente de la sociedad de capital riesgo Iniciativas Económicas de Almería, S.A.