Andalucía, 9 de enero de 2001

 

 

REFERENCIA DEL CONSEJO DE GOBIERNO

 

En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:

 

 


 

EL CONSEJO APRUEBA UN DECRETO PARA FACILITAR ALOJAMIENTO A TRABAJADORES TEMPOREROS EN 42 MUNICIPIOS ANDALUCES

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto por el que se regulan las ayudas a la promoción de viviendas en régimen de alquiler para el alojamiento de trabajadores temporales, tanto nacionales como extranjeros, en municipios andaluces de alta movilidad laboral. La norma, que afecta a un total de 42 localidades de las provincias de Huelva, Almería, Córdoba, Jaén y Granada, habilita préstamos de interés preferencial y ayudas de hasta el 30% de los precios máximos de venta para los promotores de viviendas de este tipo dentro del sector protegido.

Estas subvenciones, que oscilarán entre 1.490.000 y 2.300.000 pesetas por vivienda en función del modelo de alojamiento, se concederán con cargo a los presupuestos del Estado y de la Junta de Andalucía de manera equitativa. Adicionalmente, se facilitará a los promotores, que pueden ser públicos o privados, el acceso a un préstamo cualificado a 25 años y a un interés convenido del 4,75%, con una subsidiación del 50% los primeros cinco años y del 40% durante los 15 siguientes.

El decreto, que se enmarca en el III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, fomenta dos tipos de alojamiento según la duración del contrato de trabajo del adjudicatario. El primero de ellos consiste en unidades habitacionales –a medio camino entre la vivienda tradicional y la residencia colectiva– para trabajadores con contratos de corta duración. El tamaño de estas unidades alcanzará hasta 40 metros cuadrados útiles.

El segundo tipo de alojamiento está formado por viviendas de hasta 70 metros cuadrados de superficie útil y se destina a trabajadores con contratos más estables y con familia a su cargo, al objeto de propiciar una mayor integración social.

De acuerdo con la norma aprobada hoy, los adjudicatarios deberán ser trabajadores desplazados de sus domicilios habituales y pagar una renta no superior al 5% del precio máximo de la casa. Para el acceso a las viviendas se establece el tope de unos ingresos anuales inferiores a los 2,5 millones de pesetas, mientras que en el caso de las unidades habitacionales los beneficiarios deberán acreditar la solvencia en el pago de la renta.

El precio medio del alquiler se sitúa en unas 6.000 pesetas por persona y mes, oscilando en función del tipo de alojamiento.

De los 42 municipios definidos en el decreto como zonas para la aplicación de este régimen de ayudas, 13 se sitúan en la provincia de Huelva: Almonte, Bonares, Cartaya, Gibraleón, Isla Cristina, Lepe, Lucena del Puerto, Moguer, Palos de la Frontera, Rociana del Condado, San Bartolomé de la Torre, Villablanca y Villanueva de los Castillejos.

De la provincia de Almería se incluyen 11 municipios (Adra, Almería, Berja, Cuevas de Almanzora, Dalías, El Ejido, La Mojonera, Níjar, Pulpí, Roquetas de Mar y Vícar) y de la de Córdoba 10 (Baena, Bujalance, Cabra, Iznájar, Lucena, Montoro, Palma del Río, Priego de Córdoba, Puente Genil y Rute).

Los ochos restantes se reparten entre las provincias de Jaén (Bailén, Martos, Puente de Génave, Torredelcampo y Úbeda) y Granada (Albuñol, Granada y Zafarraya).

 

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APROBADO EL DECRETO QUE ESTABLECE INDEMNIZACIONES PARA ANTIGUOS PRESOS Y REPRESALIADOS POLÍTICOS DEL FRANQUISMO

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se establecen indemnizaciones para los ciudadanos andaluces que fueron encarcelados y padecieron represalias políticas durante el régimen franquista. Más que una reparación económica, la iniciativa del Gobierno andaluz tiene como principal objetivo reconocer públicamente la labor de estas personas en la lucha por la defensa de la libertad y de la democracia.

Las ayudas aprobadas, que podrán ser de hasta un millón y medio de pesetas y serán abonadas en un pago único, se destinan concretamente a aquellos andaluces que sufrieron penas de privación de libertad en centros penitenciarios o campos de concentración durante un periodo mínimo de tres años y que no resultaron favorecidos por las indemnizaciones fijadas en 1990 por el Gobierno central.

Se establecen así ayudas de 1.100.000 pesetas para las personas que permanecieron encarceladas entre 36 y 40 meses, incrementándose esta cuantía en 100.000 pesetas por cada seis meses adicionales de prisión, hasta llegar a un máximo de 1.500.000 pesetas. Estas indemnizaciones serán resueltas por la Consejería de Justicia y Administración Pública en el plazo máximo de seis meses desde la presentación de las solicitudes, que podrán realizarse a partir del día siguiente de la publicación del decreto en el BOJA.

Residir en un municipio andaluz y acreditar la privación de libertad sufrida son algunos de los principales requisitos exigidos para los solicitantes. Si el ex preso o represaliado hubiera fallecido, podrán solicitar la indemnización el cónyuge o aquella persona que sin serlo perciba pensión de viudedad por tal motivo.

Además de estas indemnizaciones, el decreto establece también otra convocatoria de futuras ayudas para aquellas personas que sufrieron privación de libertad durante menos de tres años o fueron condenadas a trabajos forzados por motivos políticos. Esta segunda convocatoria tendrá sólo carácter informativo a efectos de determinar el número de andaluces que padecieron tal situación y poder así reconocer su labor y su sufrimiento mediante las ayudas correspondientes.

La decisión tomada hoy por el Consejo de Gobierno responde a la voluntad mayoritaria de la sociedad andaluza expresada a través de partidos políticos, colectivos sociales y el propio Parlamento de Andalucía, que en junio de 1999 aprobó una proposición no de ley solicitando a la Junta la concesión de estas indemnizaciones.

 

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LA JUNTA AMPLÍA EL ESPACIO DE PROTECCIÓN DEL YACIMIENTO ARQUEOLÓGICO DE ITÁLICA

 

La nueva delimitación, con una superficie de 116 hectáreas, incluye el núcleo fundacional de la ciudad romana oculto bajo el casco urbano de Santiponce

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la nueva delimitación del yacimiento arqueológico de Itálica, en Santiponce (Sevilla), que pasa a tener una superficie total de 116 hectáreas. Con ello se amplía el ámbito de protección jurídica de esta zona para incluir toda la urbe romana amurallada, tanto el núcleo fundacional o ciudad antigua –en su mayor parte oculto bajo el casco urbano de Santiponce– como la zona de expansión urbanística o ciudad nueva que hoy forma el Conjunto Arqueológico de Itálica.

La parte del caserío de Santiponce coincidente con el antiguo trazado de la ciudad romana queda así protegida desde el punto de vista arqueológico, aunque ya lo estuviese anteriormente por las normas urbanísticas. Esta protección también se otorga por primera vez a elementos ubicados fuera de las murallas como el teatro, las necrópolis, las instalaciones portuarias y los depósitos de abastecimiento de agua.

La delimitación aprobada hoy, bajo la figura de tutela denominada Zona Arqueológica, responde a recientes investigaciones de carácter geofísico que han puesto en evidencia la insuficiente protección en la que se hallaban elementos importantes para la comprensión de la ciudad romana. Estos trabajos han permitido localizar e identificar restos arquitectónicos enterrados de tanto interés como los ya excavados, además de facilitar una cartografía detallada en la que se aprecia el trazado urbanístico y la ocupación de las manzanas en la ciudad nueva o adrianea.

Igualmente, los sondeos realizados en el núcleo urbano de Santiponce y en su área periurbana han posibilitado el reconocimiento de elementos iberorromanos que podrían arrojar datos sobre la fundación, los antecedentes y la evolución de la ciudad de Itálica hasta la época imperial. En este sentido, no se descarta que una investigación más profunda de la zona pudiese mejorar el conocimiento de las circunstancias que ocasionaron su posterior decaimiento y abandono.

Además de ampliar la superficie protegida, el decreto del Consejo de Gobierno viene también a corregir la defectuosa delimitación de algunas partes del actual conjunto arqueológico, solucionando de este modo los problemas de tutela que se planteaban en relación con otras administraciones y con los ciudadanos afectados.

La ciudad romana de Itálica, fundada en el 206-204 a.C. por el general Publio Cornelio Escipión y acrecentada en época del emperador Adriano (76-138 d. C.), fue declarada monumento histórico-artístico en 1912. Entre sus elementos arquitectónicos exhumados destacan el anfiteatro, el teatro, el templo dedicado a Trajano, las dos instalaciones termales, los muros y pavimentos de las casas de la ciudad adrianea, los depósitos de agua, la cloaca máxima y la muralla. En 1962 se estableció por primera vez de forma explícita un espacio de protección jurídica para la zona, que es el que ahora se revisa y amplía.

La nueva superficie acotada dibuja un polígono irregular en el término municipal de Santiponce que, partiendo de la Avenida de Extremadura, discurre por la carretera nacional 630 hasta enlazar con la calles Guzmán El Bueno y Arroyo, se prolonga hacia el límite del municipio que coincide con un tramo de línea férrea abandonada y continúa por terrenos rústicos hasta el límite Norte del municipio, abarcando el estanque y el parque forestal situados junto al anfiteatro.

 

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EL CONSEJO DE GOBIERNO DECLARA BIENES DE INTERÉS CULTURAL LOS CASCOS ANTIGUOS DE LOJA Y LA CARLOTA

 

El Consejo de Gobierno ha acordado declarar como Bienes de Interés Cultural, con la categoría de conjuntos históricos, los cascos antiguos de Loja (Granada) y La Carlota (Córdoba). Ambos conjuntos quedan inscritos a partir de ahora en el Catálogo General del Patrimonio Histórico Andaluz y sujetos a normas especiales de protección que, no obstante, ya eran efectivas desde la apertura de los expedientes previos a su declaración.

La ciudad de Loja, que ha desempeñado desde antiguo un papel destacado en procesos históricos claves, conserva elementos arquitectónicos y artísticos que la hacen merecedora de una protección especial. Su casco antiguo ejemplifica el tipo de asentamiento denominado ‘agrovilla’, característico de amplias zonas de Andalucía, con una estructura y morfología más próximas a los modelos urbanos aunque la actividad económica predominante haya sido la agropecuaria. Los valores artísticos del conjunto se concentran en su rico patrimonio inmueble monumental, con estilos que van desde los vestigios nazaríes presentes en la Alcazaba hasta los ensayos neoclásicos del círculo del arquitecto Ventura Rodríguez.

El espacio afectado por la declaración como Bien de Interés Cultural abarca las zonas de La Alcazaba, Alfaguara, barrio de San Francisco y parroquias de la Encarnación, San Gabriel y Santa Catalina, así como el área de influencia del convento de Santa Clara. Se incluyen igualmente las áreas de expansión urbana en torno a la antigua Plaza Nueva y entre ésta y las inmediaciones de la Plaza del Duque y Carrera de San Agustín, además de las zonas de la actual calle Antequera y de la antigua Cuesta del Arca.

En cuanto al casco antiguo de La Carlota, su declaración como Bien de Interés Cultural obedece a la singularidad de este núcleo urbano, que surgió como parte del proyecto llevado a cabo en el siglo XVIII por Carlos III para poblar una de las zonas más abandonadas y peligrosas por la presencia de bandoleros en la ruta de Madrid a Cádiz. Esta población constituye uno de los máximos exponentes de la conjunción entre la arraigada tradición barroca de las tierras cordobesas y la innovación que en aquella época supuso el estilo neoclásico. Así se refleja en su entramado urbanístico de manzanas rectangulares, realizado por los ingenieros Simón Desnaux y Casimiro Isaba, y en sus edificaciones de carácter público (ayuntamiento, iglesia, mercado de abastos, cárcel y hospital, entre otros).

El espacio delimitado por la declaración incluye las manzanas del casco histórico organizadas por seis calles longitudinales y nueve transversales. La Avenida de Carlos III conforma las manzanas exteriores del lado derecho del conjunto, mientras que las vías restantes incluyen otras veinticuatro manzanas, además de la del cementerio, en medio de las cuales se hallan la Plaza de la Iglesia y la Plaza de España.

 

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DECLARADOS BIEN DE INTERÉS CULTURAL LA IGLESIA DE SAN SALVADOR Y EL COLEGIO DE SANTA CATALINA DE CÓRDOBA

 

El Consejo de Gobierno ha declarado hoy Bien de Interés Cultural, con la categoría de monumento, la Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos y el Colegio de Santa Catalina, conjunto arquitectónico de la ciudad de Córdoba que fue construido por la Compañía de Jesús en el siglo XVI y ampliado conforme al estilo barroco en el XVIII. El nuevo monumento queda así inscrito, junto con su entorno y su valioso patrimonio de bienes muebles, en el Catálogo del Patrimonio Histórico Andaluz.

La Iglesia de San Salvador y Santo Domingo de Silos y el Colegio de Santa Catalina fueron concebidos como una única entidad en el momento de su construcción, aunque hoy aparezcan segregados y funcionando de forma independiente. El templo, cuyo diseño se atribuye a Hernán Ruiz II, es un importante ejemplo del manierismo andaluz en el que destacan su portada principal, obra de Francisco de Villalpando que se recorta sobre el muro desnudo con una traza manierista de transición al barroco, y la antigua Sacristía, construida en el siglo XVIII por Francisco Hurtado Izquierdo. El Colegio, compuesto por una serie de dependencias en torno a unos patios, sobresale por su escalera imperial barroca.

El entorno afectado por la declaración de Bien de Interés Cultural incluye un total de 22 parcelas directamente vinculadas al monumento, así como parte de los espacios públicos de las plazas de la Compañía y Santa Victoria y de las calles Reloj, Pompeyos, Santa Victoria, Juan Valera, Juan de Mena, Duque de Hornachuelos y Conde de Cárdenas. Con el decreto aprobado hoy por el Consejo de Gobierno, todo este espacio queda sometido a unas medidas especiales de protección que, no obstante, ya se aplicaban desde la apertura del expediente de declaración.

 

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APROBADA UNA INVERSIÓN DE 4.406 MILLONES DE PESETAS PARA EL PRIMER TRAMO DE LA RONDA OESTE DE CÓRDOBA

 

El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una inversión de 4.406 millones de pesetas destinada a la construcción del primer tramo de la Ronda Oeste de Córdoba, cuyas obras comenzarán en el primer trimestre de este año. El proyecto, cuyo plazo de ejecución es de 18 meses, será realizado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes, de acuerdo con el convenio firmado con el Ayuntamiento de Córdoba en noviembre de 1999.

Este primer tramo, de 2,5 kilómetros entre los enlaces con la antigua carretera N-IV –hoy Avenida de Cádiz– y con la carretera del aeropuerto, incluirá una conexión con la avenida Menéndez Pidal y un nuevo puente sobre el Guadalquivir.

La Ronda Oeste de Córdoba tendrá una longitud de seis kilómetros y enlazará por el Guadalquivir las carreteras N-IV, Madrid-Cádiz, y A-431, Córdoba-Sevilla. La futura vía, enmarcada en su tramo final en el ámbito urbano de expansión de la avenida de la Arruzafilla, permitirá también la interconexión de otras tres carreteras: la de la Alameda del Obispo, la de Trassierra y la CN-437 Córdoba-Aeropuerto.

 

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JOSÉ ANTONIO SÁNCHEZ GALIANA, NOMBRADO CONSEJERO DEL CONSEJO CONSULTIVO DE ANDALUCÍA

 

El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a José Antonio Sánchez Galiana consejero electivo del Consejo Consultivo de Andalucía. Nacido en Martos (Jaén) en 1957, José Antonio Sánchez Galiana es doctor en Derecho por la Universidad de Bolonia y catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad de Granada.

 

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