Andalucía, 10 de
diciembre de 1998
REFERENCIA DEL CONSEJO DE
GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San
Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves
González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
Al celebrar hoy el Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los pueblos, las naciones y los gobiernos constatan los avances registrados en el reconocimiento y en el respeto a la dignidad humana, pero manifiestan al mismo tiempo su preocupación por la persistencia de situaciones de injusticia, desigualdad y explotación y por las distintas formas de opresión e intolerancia.
Desde hace cincuenta años, esta bienintencionada Declaración ha procurado ser una norma jurídica y una referencia ética que, por desgracia, no siempre se ha tenido en cuenta a la hora de gobernar, de compartir la riqueza, los bienes de la cultura, de la educación o de la salud.
A pesar de todo, no ha sido un gesto inútil, ni una toma de postura estéril. Ha servido al menos para poner en evidencia a los transgresores y elevar, ante la consideración del mundo, la posición de los injustamente tratados y desposeídos.
Cada vez que se ha torturado y exiliado, cada vez que se ha silenciado una voz o se ha secuestrado una opinión crítica, cada vez que se ha abusado de un niño, maltratado al más débil o se ha rechazado a alguien sin motivo; cada vez, en fin, que se daba un paso atrás, surgía un clamor de protesta y un impulso renovador en otras partes del mundo.
El Acta Única Europea ha recogido recientemente entre sus principios animadores la voluntad de promover conjuntamente la democracia, basándose en los derechos fundamentales reconocidos en la Constituciones y leyes de los Estados miembros; en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales y en la Carta Social Europea.
Consciente de la relevancia que la Declaración Universal tiene para la interpretación de la propia Constitución Española, única Carta Magna que se obliga a dicha interpretación incorporándola a sus artículos, el Gobierno Andaluz ha constituido un Comité Andaluz para la conmemoración del Cincuentenario de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, con la misión de difundir su conocimiento y promover actuaciones conjuntas de las administraciones, las instituciones y las organizaciones sociales andaluzas.
Andalucía se caracteriza por el sentido abierto y solidario de sus ciudadanos y ciudadanas, por el compromiso con el derecho y la justicia, por esa dimensión profunda y universal que nos convierte en un lugar de acogida y no de exclusión, en un espacio de convivencia, de diálogo y de creatividad.
Actualizar estos principios y valores significa, en concreto, seguir trabajando para prevenir la creación de bolsas de pobreza y marginación; respetar y convivir pacíficamente con las minorías étnicas que comparten desde hace siglos un mismo territorio; ofrecer nuestro respeto y comprensión a las personas que llegan a Andalucía buscando un horizonte de bienestar y, sobre todo, formas eficaces de integración socio-laboral y ayudar, a través del voluntariado social o con los medios a nuestro alcance, a aquellos países que atraviesan por trágicas y devastadoras circunstancias, como les ocurre a las naciones hermanas de Centroamérica en estos momentos.
Los Derechos Humanos no son una teoría o una hermosa Declaración de intenciones. Son un reto y un compromiso, una garantía para el ejercicio de las libertades públicas e individuales, para hacer efectivo el respeto a las personas y a los grupos en los que se integran sin ningún tipo de discriminación, y para conseguir un orden social y un sistema de relaciones internacionales basado en la justicia y en la solidaridad.
Hay que seguir clamando y reivindicando desde los distintos foros políticos, sociales, económicos y culturales por la urgente superación de situaciones que sostienen las diferencias entre el Norte y el Sur, entre el mundo del bienestar y el Tercer Mundo, entre unas razas y otras y cuantas otras coartadas discriminan a las personas o las enfrentan por cualquier tipo de fundamentalismo. Hay que acabar con la persistencia de situaciones de violación de los derechos humanos en países con regímenes opresores; en las cárceles; en empresas que permiten el trabajo infantil o niegan los derechos laborales; en lugares en los que la prostitución infantil es una forma más de menosprecio de la dignidad humana; o en zonas en las que todavía el hambre sigue concentrando todas las preocupaciones.
Los derechos colectivos no podrán hacerse efectivos sin una base real de respeto y reconocimiento de los derechos individuales; hemos de ganar la batalla por las libertades individuales y, consecuentemente, los derechos de las minorías porque "la prueba más concluyente con la que juzgamos si un país es libre es la seguridad de que gozan las minorías" (Lord Acton, 1877).
En este día, el Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía reitera la responsabilidad y el compromiso con la causa de la justicia allá donde los Derechos Humanos son todavía conculcados o violados y, por ello, alentar cuantas iniciativas y acciones se emprendan con esta noble finalidad.
El Consejo de Gobierno ha aprobado las Bases y Estrategias del Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, que engloba a 29 municipios con una población cercana a los 450.000 habitantes.
Este documento, elaborado por la Consejería de Obras Públicas y Transportes y consensuado con todos los agentes sociales y administraciones implicadas, establece un diagnóstico de los problemas existentes en el ámbito de dicha aglomeración y propone una serie de estrategias destinadas a mejorar la calidad de vida de sus habitantes.
Las bases y estrategias aprobadas, cuyo desarrollo dará lugar al Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, definen cinco sistemas de actuación (físico-ambiental, estructural, urbano, dotacional y productivo) y establecen, como objetivos básicos, racionalizar el uso de los recursos naturales; adecuar la estructura territorial a las necesidades funcionales; promover la ordenación urbana de los diferentes núcleos; garantizar la prestación de los servicios y diseñar acciones para potenciar el desarrollo de los recursos productivos territoriales.
Estrategias
Para el logro de estos objetivos, el documento aprobado por el Consejo de Gobierno propone distintas actuaciones en cada una de las áreas definidas. Así, en el sistema físico-ambiental, estas acciones se centrarán en incrementar la protección de los espacios con valores naturales, restaurar las zonas degradadas, proteger el paisaje y, sobre todo, realizar un esfuerzo para racionalizar el consumo del agua y restaurar el drenaje superficial del territorio.
En el capítulo de infraestructuras, las prioridades se dirigen a ampliar la red viaria en sus diferentes niveles y a mejorar las instalaciones ferroviarias. Asimismo, se subraya la necesidad de crear un sistema de espacios libres y completar las infraestructuras del ciclo integral del agua.
En el apartado de ordenación urbana, se propone la creación de un sistema de núcleos de población jerarquizados, el establecimiento de un escenario de crecimiento poblacional compatible con la ordenación global de las áreas conurbanas y, de forma prioritaria, la ordenación general de las áreas estratégicas con especial atención a las de mayor valor arqueológico, arquitectónico y urbano.
En cuanto a la dotación de servicios, se desarrollarán estrategias para adecuar el transporte público supramunicipal a la demanda de los ciudadanos, así como para coordinar la red de equipamientos básicos educativos, sanitarios, deportivos, asistenciales, culturales y administrativos. En este sentido, el documento propone la desconcentración de servicios mediante el establecimiento de reservas dotacionales generales para toda la aglomeración.
Por último, las bases y estrategias aprobadas también prevén distintas actuaciones para potenciar el sistema productivo de la aglomeración granadina. Entre ellas destacan la protección de los suelos de mayor producción y la mejora de los regadíos de la Vega de Granada, además de la reserva de otros terrenos para futuras infraestructuras de transporte, descentralización de actividades del sector servicios y creación de un parque industrial ligado al Campus de la Salud.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se regula el régimen de ayudas económicas para las actuaciones que en materia de vivienda y suelo se realicen al amparo del Plan Nacional de Vivienda y Suelo 1998-2001. Estas ayudas incluyen tanto subvenciones como préstamos cualificados para la adquisición de viviendas.
El decreto, que estará vigente hasta la aprobación del III Plan Andaluz de Vivienda y Suelo, responde a la necesidad de adaptar la normativa autonómica al nuevo plan nacional para poder asegurar la financiación de los programas de viviendas de protección oficial, rehabilitación estatal, adquisición de vivienda usada y diversas actuaciones en suelo.
Siguiendo las nuevas disposiciones del Gobierno central, la regulación aprobada hoy recoge la definición de los ámbitos territoriales para la fijación de los precios máximos de venta de las viviendas, así como los nuevos criterios de niveles de renta para el acceso a las ayudas.
En el primer caso, se toma como referencia el precio básico nacional y se distinguen tres ámbitos territoriales en los que este precio se mantiene o se incrementa en un 13,8% o en un 5,3%, dependiendo del número de habitantes y de la situación geográfica de los municipios. Si bien estos criterios territoriales vienen ya determinados por la nueva normativa estatal, el decreto andaluz señala el encuadre concreto de los distintos núcleos de población en cada uno de los ámbitos territoriales establecidos. Con ello introduce una fórmula correctora que permitirá mantener los precios a unos niveles similares a los que se fijaban en el II Plan Andaluz de Vivienda.
En cuanto a la determinación de los niveles de renta, el decreto aprobado hoy también ha tenido que adaptar la normativa andaluza a las nuevas disposiciones del Gobierno central. Estas disposiciones han modificado el sistema anterior, según el cual las ayudas públicas a los compradores de viviendas se estructuraban siguiendo los niveles de ingresos ponderados que acreditasen los solicitantes y tomando como referencia el salario mínimo interprofesional. Con el nuevo plan nacional, por el contrario, tendrán derecho a percibir ayudas las unidades familiares cuyos ingresos ponderados anuales no superen los 5,5 millones.
La ponderación de los ingresos se realiza mediante la multiplicación de los ingresos declarados por la unidad familiar por un coeficiente que, en el caso de Andalucía, oscila entre 0,83 y 0,95. Para los menores de 36 años o mayores de 65, este coeficiente de ponderación es una escala menor a la que le correspondería por número de miembros de la unidad familiar.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, un decreto por el que se modifica el régimen patrimonial de determinadas parcelas de la Isla de la Cartuja de Sevilla.
La nueva norma atribuye a la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA) la titularidad de los terrenos que actualmente tiene adscritos, con el fin de mejorar el cumplimiento de los objetivos de consolidación de las diferentes áreas de la Isla de la Cartuja y, en especial, del Parque Científico y Tecnológico.
Asimismo, el decreto deja abierta la posibilidad de reintegrar al patrimonio de la Comunidad Autónoma aquellos suelos que en el futuro pudieran resultar necesarios para otras finalidades de la competencia de la Junta de Andalucía.
Los terrenos comprendidos en la delimitación de la Actuación Urbanística de La Cartuja fueron transferidos a la Comunidad Autónoma de Andalucía en 1984. Posteriormente, en 1987, se adscribieron a EPSA y bajo esta fórmula la Junta de Andalucía llevó a cabo sus actuaciones de contenido patrimonial derivadas de la celebración de la Expo'92.
Desde entonces, y siguiendo el proceso de reutilización de los activos de la Exposición Universal, EPSA ha mantenido la gestión y administración de parte de estos terrenos en nombre de la Comunidad Autónoma, mientras que otras parcelas, solares y edificios se han adscrito a diversos departamentos y entidades públicas para fines de servicios públicos de la competencia de los mismos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que acepta la donación a la Comunidad Autónoma de Andalucía de un inmueble propiedad del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera (Cádiz), en el que se ubica la Escuela Oficial de Idiomas.
Este edificio fue construido hace 10 años como sede del colegio público "Carmen Benítez". Posteriormente quedó sin uso al redistribuirse el alumnado de Jerez siguiendo los criterios de la nueva red de centros, por lo que se trasladó allí la Escuela Oficial de Idiomas.
El inmueble, que se encuentra en perfecto estado de conservación y está valorado en casi 60 millones de pesetas, cuenta con seis aulas, laboratorio de idiomas, biblioteca y otras dependencias destinadas a la organización de las asignaturas y funciones administrativas.
En el presente curso hay 992 alumnos matriculados en este centro. De ellos, 437 realizan estudios de inglés, 140 de alemán y 126 de francés, además de otros 289 matriculados en la modalidad no presencial. La escuela, que imparte clases en turnos de mañana y tarde, cuenta actualmente con una plantilla de siete especialistas y tres miembros del personal de administración y servicios.
El Consejo de Gobierno ha aprobado un decreto por el que se acepta la donación a la Comunidad Autónoma, por parte del Ayuntamiento de Lopera (Jaén), de una parcela para la construcción de un Instituto de Enseñanza Secundaria (IES), en cuyas obras la Consejería de Educación invertirá 247 millones de pesetas.
El nuevo instituto, que tendrá una capacidad de 240 alumnos y entrará en funcionamiento en el curso escolar 1999/2000, permitirá resolver los problemas de escolarización de los estudiantes de secundaria de la localidad jiennense. Proyectado para una superficie construida de 2.908 metros cuadrados, el centro contará con dos plantas, en las que se ubicarán aulas de música, informática y plástica, taller de tecnología, sala de apoyo a la integración, laboratorio y biblioteca, además de gimnasio, zona deportiva y cafetería, entre otras instalaciones.
La construcción de este centro se enmarca en el Plan Aula 2000, promovido por la Junta de Andalucía para agilizar la construcción, remodelación y adaptación de las infraestructuras en el proceso de implantación del nuevo sistema educativo. A esta iniciativa se han sumado ya más de 200 municipios andaluces.
El Consejo de Gobierno ha autorizado la concesión, por parte de la Consejería de Trabajo e Industria, de una subvención de 1.500 millones de pesetas al Plan Especial de Empleo de la provincia de Cádiz (PLEMCA). La entidad receptora de esta ayuda es el Consorcio para la Promoción de Empleo en la Provincia de Cádiz, que destinará el importe a financiar 405 cursos de Formación Profesional Ocupacional, en los que participarán 6.112 alumnos.
Estos cursos serán impartidos por centros de enseñanza, fundaciones, empresas públicas y privadas, centros de estudios públicos y privados, asociaciones y entidades sin ánimo de lucro y ayuntamientos y mancomunidades de municipios, así como por organizaciones empresariales y sindicales.
El PLEMCA cubre a más del 80% de la población de la provincia de Cádiz e incluye en su ámbito de actuación las comarcas del Campo de Gibraltar, la Bahía de Cádiz y Jerez de la Frontera.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo, ha informado al Consejo de Gobierno de la realización de diversas obras de emergencia, por importe de 465 millones de pesetas, en diversas carreteras de las provincias de Granada, Cádiz y Sevilla.
En Granada se realizan trabajos de reparación de la autovía A-92, a su paso por los municipios de Diezma, Gor y Loja, en tres puntos afectados por hundimiento de la calzada debido al deslizamiento de taludes y terraplenes. El presupuesto de estas obras asciende a 132 millones de pesetas.
En la provincia de Cádiz, Obras Públicas ha invertido 145 millones en la reparación de los daños producidos por la lluvias torrenciales del pasado invierno en las carreteras A-512, del Campo de Gibraltar; CA-214, en Vejer; A-390, en Chiclana; A-393, Espera-Barbate; CA-212, accesos a Benalup; C-440, acceso a Los Barrios; A-382, Jerez de la Frontera-Antequera; CA-413, Olvera-Torre Alhaquime, y A-373, entre Villamartín y Gaucín. Asimismo, se ha reparado el puente de la línea férrea Bobadilla-Algeciras en su cruce con la carretera A-369, cuyos pilares y estribos se habían visto afectados.
También se han llevado a cabo obras de emergencia en carreteras de la provincia de Sevilla que sufrieron daños como consecuencia de las últimas lluvias torrenciales. Estos trabajos, presupuestados en 188 millones de pesetas, corresponden a la variante de la A-376 y A-362 a su paso por Utrera; A-364, Utrera-Arahal; salida de Utrera por la SE-422; A-360 a su paso por el Morón de la Frontera; A-477 a la altura de Aznalcóllar; y C-421, entre Benacazón y Aznalcázar.
El consejero de Obras Públicas y Transportes, Francisco Vallejo, ha informado hoy al Consejo de Gobierno de la declaración de emergencia de las obras de reparación de dos grupos de viviendas de promoción pública situados en los municipios de Mengíbar (Jaén) y El Puerto de Santa María (Cádiz).
En la localidad jiennense los trabajos afectan a 150 viviendas que presentan condiciones precarias para la habitabilidad y la seguridad de sus residentes, debido a defectos estructurales que evolucionan de forma cada vez más rápida y que pueden verse agudizados durante los meses de invierno. La intervención para subsanar estos problemas, cuyo proyecto se redacta actualmente, presta especial atención a las estructuras interiores, filtraciones de agua, cerramientos de la fachada y reparación de las cubiertas.
En la barriada Falange Española de El Puerto de Santa María, Obras Públicas realiza la reparación urgente de 10 viviendas afectadas por fisuras que dañan la estructura de las viguetas y de los techos. Estas obras conllevan la sustitución de los forjados afectados y de la instalación eléctrica. Posteriormente, en la misma barriada se repararán otras 25 viviendas que presentan diversos desperfectos.