| Andalucía, 11 de septiembre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo regula la utilización de los desfibriladores semiautomáticos externos por el personal no médico
La Junta de Andalucía impulsará la utilización en lugares públicos de desfibriladores semiautomáticos externos, equipos móviles que se emplean en situaciones de parada cardiorespiratoria para intentar reestablecer el ritmo cardiaco mientras llegan las emergencias sanitarias. Con este objetivo, el Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula su utilización por parte del personal no facultativo (enfermeros, técnicos de emergencias y transporte sanitario, fuerzas de seguridad y bomberos, entre otros).
La nueva norma faculta para el uso de desfibriladores a todas aquellas personas que hayan superado la formación inicial en el manejo de estos aparatos y en técnicas de reanimación cardiopulmonar básica. Las autorizaciones, que quedarán registradas en una base de datos actualizada por la Empresa Pública de Emergencias Sanitarias, deberán ser renovadas anualmente a través de cursos de formación continuada y de las correspondientes evaluaciones teóricas y prácticas. La Consejería de Salud autorizará a los centros e instituciones sanitarias encargados de coordinar estos programas de formación.
El decreto aprobado hoy forma parte del programa Davida... al corazón, que desarrolla la Consejería de Salud en colaboración con diversas sociedades científicas y entidades privadas a fin de reducir el riesgo de muerte súbita por parada cardiaca en lugares públicos concurridos. Actualmente, Salud mantiene contacto con grandes superficies comerciales y centros de transporte público para proceder a la instalación de desfibriladores semiautomáticos externos.
Los equipos de Emergencias Sanitarias 061 asisten cada año en Andalucía más de 2.000 paradas cardiacas fuera de los hospitales. Estos episodios, que pueden sobrevenir en cualquier lugar con pequeños síntomas como el ahogo y la pérdida de conocimiento, están motivados generalmente por problemas de fribrilación ventricular y de taquicardia ventricular sin pulso, que impiden el bombeo de la sangre y la llegada de oxígeno a todo el cuerpo.
Los cinco minutos posteriores a una parada cardiorespiratoria son claves para el enfermo, ya que en este tiempo la falta de oxígeno y de sangre en el cerebro puede causar daños irreversibles e incluso la muerte. Por ello es fundamental que, ante una situación de este tipo, la persona que tiene el contacto inicial con el afectado actúe de forma inmediata alertando a los equipos de emergencias sanitarias y aplicando entre tanto técnicas de reanimación básicas, como la ventilación boca a boca y el masaje cardiaco externo.
La aparición en el mercado de los desfibriladores semiautomáticos externos, capaces de identificar las arritmias mortales y administrar una descarga eléctrica para restablecer un ritmo viable, constituye un gran avance en la reducción del riesgo de muerte por paro cardiaco. Por ello, las sociedades científicas están promoviendo su instalación fuera de los centros sanitarios y su utilización por parte de personal no médico.
Las enfermedades cardiovasculares suponen el 30% de los fallecimientos en los países occidentales. En España se producen cada año más de 60.000 infartos de miocardio, de los cuales 16.000 ocasionan fallecimientos súbitos.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el régimen de autorización ambiental para la instalación, modificación y reforma de infraestructuras de comunicaciones en los parques naturales, parajes naturales y montes públicos de Andalucía. La nueva norma establece las condiciones técnicas a las que deberán ajustarse estos proyectos para garantizar la protección de dichos enclaves. En el resto de los espacios naturales protegidos de la comunidad, como los parques nacionales o las reservas naturales, la implantación de infraestructuras de telecomunicaciones no está permitida por la normativa ambiental vigente.
El decreto aprobado hoy dispone exigencias concretas de conservación y restauración ecológica en los suelos no urbanizables de los montes públicos y de los parques y parajes naturales. De este modo, tanto los proyectos de instalación como los de modificación y reforma deberán cumplir las máximas condiciones de respeto paisajístico e incluir medidas para la protección de la avifauna.
La norma también establece la restauración obligatoria del espacio natural afectado cuando las infraestructuras dejen de ser operativas, además de valorar positivamente para la autorización el empleo de energías renovables, el aprovechamiento de los caminos ya existentes, la utilización de las mejores tecnologías disponibles y el uso conjunto de una misma instalación por varios operadores compatibles.
El régimen de autorización aprobado hoy incluye tanto a los centros de conmutación y control como a las estaciones transmisoras y receptoras y cualquier otra infraestructura destinada a la prestación de servicio de telecomunicaciones.
La petición de autorizaciones, cuya concesión corresponderá a los delegados provinciales de la Consejería de Medio Ambiente, deberá incluir una descripción de las alternativas técnicamente viables y de las medidas protectoras, correctoras y de vigilancia ambiental, además de un plan de restauración del entorno en el caso de que esté previsto el desmantelamiento de las instalaciones.
Por último, el régimen de autorización no será aplicable a los proyectos sometidos al procedimiento de evaluación de impacto ambiental y a aquellos que hayan iniciado su tramitación con anterioridad a la entrada en vigor del decreto aprobado hoy.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy, a propuesta del consejero de Turismo y Deporte, José Hurtado, un acuerdo por el que se apoya la candidatura de la ciudad de Granada para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno del año 2010.
Este acuerdo incluye el compromiso del Gobierno andaluz de cooperar con las demás administraciones públicas para la realización de las inversiones necesarias en infraestructuras e instalaciones deportivas, en el caso de que Granada sea designada organizadora de los Juegos. Asimismo, la Junta se compromete a estar representada en el Comité Organizador y a apoyarlo económicamente desde el momento de la nominación, en el marco de los convenios y acuerdos suscritos con la Administración del Estado y las entidades locales.
El Consejo de Gobierno ha ratificado, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, el acuerdo adoptado por el Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía para ampliar en 1.564 millones de pesetas el capital social de Promonevada, S.A. Esta empresa, integrada en el grupo de sociedades que gestiona la Estación de Esquí de Sierra Nevada, tiene como accionistas a la Junta de Andalucía y al Ayuntamiento de Granada. Una vez formalizada la operación, su capital ascenderá a 3.057 millones de pesetas.
La decisión aprobada hoy pretende, entre otros objetivos, contribuir a la mejora de las infraestructuras de Sierra Nevada y reforzar el apoyo de la Junta de Andalucía a la candidatura de Granada para la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010.
La Junta integrará a todos los municipios mineros de la Franja Pirítica de Sevilla y Huelva en su estrategia de impulso económico y creación de empleo
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, ha iniciado los trámites para declarar la comarca de Aznalcóllar (Sevilla) como Zona de Acción Especial (ZAE), con el objetivo de impulsar su economía a través del apoyo a iniciativas empresariales creadoras de empleo. Para ello, la Junta de Andalucía creará la ZAE de la Franja Pirítica de Sevilla–Huelva, que actuará de manera conjunta en los pueblos de estas dos provincias afectados por la crisis de la minería metálica en Andalucía.
La nueva Zona de Acción Especial actuará en los municipios sevillanos de Aznalcóllar, El Castillo de las Guardas, El Garrobo, Gerena, Guillena, El Madroño y El Ronquillo, que se unirán a los que se integran en la actual ZAE de la Franja Pirítica de Huelva: Almonaster la Real, Alosno, Arroyomolinos de León, Berrocal, Cala, Calañas, El Campillo, Campofrío, Cañaveral, El Cerro del Andévalo, Corteconcepción, Cortegana, La Granada, Higuera de la Sierra, Minas de Riotinto, Nerva, Puebla de Guzmán, Puerto Moral, Santa Olalla de Cala, Valverde del Camino, Villanueva de Cruces, Zalamea la Real y Zufre.
La declaración de Zona de Acción Especial permite a la Junta de Andalucía actuar de forma específica en territorios cuyos tejidos productivos necesitan un especial impulso, reforzando al máximo la infraestructura, promoviendo la diversificación económica y apoyando a los sectores con mayores ventajas comparativas. Para ello mantiene líneas de ayudas destinadas a adquisición y acondicionamiento de terrenos; construcción de edificios; dotación de equipos e instalaciones, y realización de proyectos de inversión en medios de transporte especiales.
En los últimos cuatro años, el programa ZAE ha concedido en Andalucía ayudas por valor de 12.197 millones de pesetas. Estos incentivos han generado una inversión de 184.074 millones y han propiciado la creación de 9.731 empleos y el mantenimiento de otros 15.558 en un total de 59 municipios de la comunidad autónoma, integrados en las ZAE de Cádiz y Jerez de la Frontera, Franja Pirítica de Huelva, Campo de Gibraltar y Noreste y Sur de Jaén.
El Consejo de Gobierno aprobó el pasado 27 de junio aumentar las ayudas de las ZAE destinadas a los proyectos promovidos por las pequeñas y medianas empresas en el periodo 2001–2006. Estas iniciativas cuentan ahora con subvenciones de hasta el 35% de la inversión total prevista, mientras que para el resto el tope se fija en el 20%. Anteriormente, las ayudas máximas eran del 30% con carácter general y sin hacer distinción por el tamaño de las empresas.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a Ángel Ramírez Troyano director general de Educación Ambiental de la Consejería de Medio Ambiente. Ramírez Troyano, licenciado en Ciencias Políticas y Sociología por la Universidad de Granada, es técnico del Instituto de Estudios Sociales Avanzados de Andalucía (IESA), donde ha participado en diversas investigaciones, como el primer Ecobarómetro de Andalucía o el Estudio de Percepción Social de los Problemas Ambientales en Huelva. También es portavoz de Los Verdes-Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha nombrado a José García Giralte delegado de la Consejería de Obras Públicas y Transportes en Granada. José García Giralte, licenciado en derecho por la Universidad de Granada y abogado de profesión, es natural de Huéscar (Granada), población de la que es su actual alcalde. También es presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Comarca de Huéscar.
El Consejo de Gobierno ha aprobado el nombramiento de Mercedes Rodríguez-Piñero como presidenta del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales (CARL), organismo en el que, desde 1988, desempeñaba el cargo de secretaria general.
Mercedes Rodríguez-Piñero, licenciada en Derecho, ingresó como funcionaria de carrera en el cuerpo técnico del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 1970. A partir de 1984 se integra en la Administración de la Junta de Andalucía, donde desempeña diversas responsabilidades hasta que es nombrada en 1988 secretaria general del CARL. Entre las iniciativas que ha llevado a cabo en este organismo se encuentra la constitución en 1996 del Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales. Asimismo, Mercedes Rodríguez-Piñero es asesora del Consejo Económico y Social y del Consejo Asesor de Salud.
El Consejo de Gobierno, a propuesta del consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, ha aprobado el decreto por el que se nombra al actual secretario general de Empleo, Francisco García, como vocal del Consejo Rector del Instituto de Fomento de Andalucía.
Nacido en 1955 en Villanueva del Río y Minas, Sevilla, Francisco García ha sido alcalde de Guarromán (Jaén) y delegado provincial en Jaén de la Consejería de Industria, Comercio y Turismo y de la Consejería de Trabajo e Industria.