| Andalucía, 12 de septiembre de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter
decisorio, ha adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno interpondrá la próxima semana un recurso de inconstitucionalidad contra las disposiciones relativas a las concesiones de Inspecciones Técnicas de Vehículos (ITVs) contenidas en el Real Decreto-Ley 7/2000, de 23 de junio, sobre medidas urgentes en el sector de las telecomunicaciones. Concretamente, estas disposiciones modifican el régimen de autorización de concesiones y eliminan las tarifas para sustituirlas por precios máximos.
La Junta de Andalucía, al igual que han anunciado otras comunidades autónomas, presentará este recurso al considerar que dicha norma vulnera el marco competencial autonómico en materia de seguridad industrial. En este sentido, se subraya que la ITV es una competencia autonómica de industria y no de tráfico, como argumenta el Gobierno central para llevar a cabo su regulación. Además, el Consejo de Gobierno considera que no se dan los requisitos de "extraordinaria y urgente necesidad" exigidos por la Constitución Española para utilización de la fórmula legislativa del Real Decreto-Ley.
A juicio del Gobierno andaluz, la norma que se va a recurrir puede ocasionar, entre otros efectos negativos, la modificación del marco legal de las concesiones vigentes; el riesgo para el equilibrio económico de la sociedad pública VEIASA –al modificarse el régimen de exclusividad– y la previsible aparición de fenómenos de dumping, derivados de la aplicación del régimen de tarifas máximas en detrimento de la calidad de las inspecciones. Por otra parte, el real decreto también suprime la incompatibilidad de la prestación del servicio de ITV con la de ser socio o directivo de talleres de reparación de vehículos, conculcando así el principio de imparcialidad que toda entidad de inspección debe tener.
El sector de la ITV factura actualmente en Andalucía 4.898 millones de pesetas anuales y da empleo a 500 trabajadores. Con una capacidad total de dos millones de inspecciones al año, la actividad se canaliza a través de 43 estaciones gestionadas por ocho empresas concesionarias durante 20 años y por la empresa pública VEIASA en las zonas libres de concesiones.
La decisión de interponer recurso de inconstitucionalidad viene avalada por numerosos informes técnicos y jurídicos, además de contar con el consenso de los principales agentes del sector de las ITVs, entre los que destacan la empresa VEIASA y la Asociación Andaluza de Entidades Concesionarias del Servicio de ITV.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy manifestar su criterio contrario a la tramitación de las proposiciones de Ley de Carreteras y de Ley Fomento y Coordinación de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, presentadas ante el Parlamento de Andalucía por el Grupo Parlamentario Popular, y de la proposición de Ley para la Igualdad Jurídica de las Parejas de Hecho, presentada por el Grupo Izquierda Unida-Los Verdes-Convocatoria por Andalucía (IU-LV-CA).
En el caso de la proposiciones del Grupo Popular, la posición en contra se justifica por el hecho de la existencia de sendos proyectos elaborados por la Junta de Andalucía. Se trata del proyecto de Ley de Carreteras –aprobado por el Consejo de Gobierno el pasado 1 de septiembre– y del antepoyecto de Ley de Fomento y Coordinación de la Investigación Científica, el Desarrollo y la Innovación Tecnológica, actualmente en avanzado estado de tramitación administrativa.
Este último borrador, que será aprobado próximamente por el Consejo de Gobierno, ha contado en su proceso de elaboración con el concurso de todas las universidades de Andalucía, así como de las principales organizaciones, entidades e instituciones implicadas. La proposición del Grupo Popular se limita a reproducir casi literalmente diferentes párrafos y artículos del mismo. Además, incluye diversas medidas que suponen un incremento del gasto y una disminución de los ingresos, sin que se explique cómo se obtendría la financiación necesaria para ello.
En cuanto a la proposición de ley de IU-LV-CA, el Consejo de Gobierno recuerda que la Consejería de Asuntos Sociales está elaborando actualmente un anteproyecto de ley para garantizar la protección jurídica de las parejas de hecho. Al contrario que la citada proposición, el borrador de la Junta respeta las competencias exclusivas del Estado. Concretamente, la propuesta de IU-LV-CA incluye diversas medidas que afectan a materias reguladas actualmente por la normativa estatal, como la prestación de alimentos, las limitaciones a la disposición de la vivienda común, la posibilidad de adopción y el régimen sucesorio, fiscal y laboral de las parejas estables.