| Andalucía, 13 de abril de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular, Manuel Chaves González.
La consejera de Gobernación y Justicia, Carmen Hermosín, ha presentado en el Consejo de Gobierno el documento que recoge las propuestas para el desarrollo del Pacto Local Andaluz, iniciativa cuyos objetivos se centran en clarificar el ámbito competencial de la Administración Local y resolver con mayor eficacia las demandas de los ciudadanos mediante el acercamiento de la Administración a los mismos.
El documento presentado hoy, que también será remitido a la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), recoge tanto las propuestas de descentralización planteadas por la Junta a partir del proceso negociador llevado a cabo con la FAMP como el desarrollo legislativo y reglamentario realizado por las distintas Consejerías de forma paralela a dicho proceso.
Entre las propuestas de la Junta de Andalucía para desarrollar el pacto local, destacan las siguientes:
- El proyecto del Plan Concertado Andaluz para la cofinanciación de los Servicios Sociales Comunitarios, elaborado por la Consejería de Asuntos Sociales, incluye la delegación en las Diputaciones Provinciales y Ayuntamientos de más de 20.000 habitantes de la coordinación y gestión de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, además de regular la financiación de los mismos y establecer criterios objetivos para su distribución entre Ayuntamientos y Diputaciones.
- En materia de vivienda, el nuevo plan que actualmente elabora la Consejería de Obras Públicas establece la posibilidad de delegación de la gestión de viviendas. Asimismo, el proyecto de Decreto de Adjudicación de Viviendas de Promoción Pública atribuye esta competencia en exclusiva a los Ayuntamientos. Por último, el proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales, en tramitación, permite a éstas la enajenación directa de inmuebles de su propiedad destinados a vivienda en los supuestos que en el mismo se determinan.
- El anteproyecto de Ley de Ordenación y Coordinación de los Transportes Urbanos y Metropolitanos de Viajeros establece la competencia de los Ayuntamientos para la ordenación, gestión, inspección y sanción de los servicios urbanos de transporte público de viajeros dentro de sus términos municipales.
- El anteproyecto de Ley de Carreteras amplía la participación y el alcance de las competencias municipales en esta materia.
- El proyecto de Ley de Turismo prevé la atribución de importantes competencias a los Ayuntamientos, además de contemplar otros aspectos como el concepto de municipio turístico o la relación entre el turismo y los servicios municipales.
- En materia de Educación se propone potenciar la participación de las corporaciones locales en determinados aspectos de la formación del profesorado y de la programación de la enseñanza (establecimiento de la Red de Centros y enseñanzas, planificación y gestión de construcciones escolares, cumplimiento de la escolaridad obligatoria, realización de actividades o servicios complementarios, Programas de Garantía Social). De otra parte, la reivindicación municipal para la desafectación de viviendas de maestros sin autorización previa de la Consejería de Educación y Ciencia se ha recogido en el Proyecto de Ley de Bienes de las Entidades Locales.
- El Proyecto de Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, en tramitación, recoge un conjunto de competencias municipales en materia de concesión de licencias, prohibición o suspensión de espectáculos o actividades, establecimiento de horarios y funciones de policía de espectáculos, así como el ejercicio de la potestad sancionadora.
- Finalmente, en materia de consumo, y sobre la base de las previsiones contenidas en la Ley de Consumidores y Usuarios de Andalucía, la Consejería de Trabajo e Industria propone la delegación de determinadas actividades inspectoras, así como de la actividad sancionadora en esta materia dentro de los límites cuantitativos que se establezcan.
Desarrollo normativo
Además de estas propuestas, el documento presentado hoy por la consejera de Gobernación y Justicia incluye una relación de las normas e iniciativas que la Administración autonómica ha ido desarrollando en paralelo al proceso de negociación del Pacto Local Andaluz. Entre estas normas, que recogen ya algunas de las demandas de descentralización planteadas por la FAMP, destacan las siguientes:
- La Ley de Servicios Sociales de Andalucía, que prevé ya la posibilidad de atribuir, por delegación de la Junta de Andalucía, determinadas competencias a los Ayuntamientos y Diputaciones.
- El Decreto 77/1994, de 5 de abril, en el que se recoge la posibilidad de delegar en los Ayuntamientos la mayor parte de las competencias reivindicadas en materia de Urbanismo.
- El Plan Andaluz de Vivienda 1992/1999, elaborado con la participación efectiva de las corporaciones locales; y el Decreto 51/1996, de 6 de febrero, que atribuye a los Ayuntamientos no sólo la promoción y gestión de la vivienda pública, sino también la titularidad de las promociones resultantes.
- Los Planes Intermodales de transporte, que establecen Comisiones de Coordinación con participación de los Ayuntamientos comprendidos en las áreas afectadas.
- En materia de Medio Ambiente, la Ley 2/1989, de 18 de junio, por la que se aprueba el Inventario de Espacios Naturales Protegidos, que contempla la posibilidad de delegar en las corporaciones locales la administración de los Parques Periurbanos y de los Monumentos Naturales; y el Reglamento de la Ley Forestal de Andalucía, de 1997, que atribuye a las entidades locales la administración y gestión de sus montes.
- La Ley 6/1998, de 14 de diciembre, del Deporte, que atribuye a las entidades locales una serie importante de competencias y funciones, estableciendo diversos cauces de participación en la planificación de instalaciones.
- En materia de Cultura, los reglamentos del Sistema Bibliotecario y del Sistema de Archivos, que establecen la participación de las corporaciones locales, y la Ley del Patrimonio Histórico, que les atribuye diversas competencias, de manera directa o mediante delegación.
- La Ley 2/1998, de 15 de junio, de Salud de Andalucía, que potencia el papel de los municipios, atribuyéndoles competencias tanto en materia de salud pública como de participación y gestión sanitaria.
Proceso negociador
El objetivo de desarrollar el Pacto Local Andaluz se planteó formalmente en la IV Asamblea de la FAMP, celebrada en Sevilla a fines de 1995. Esta iniciativa de los municipios fue favorablemente acogida desde un primer momento por la Junta de Andalucía, consciente de la necesidad de profundizar en la autonomía local y del papel fundamental que tienen en este proceso las Comunidades Autónomas, en cuanto que a ellas están atribuidas la mayor parte de las competencias que afectan al núcleo de interés de las corporaciones locales.
Tras una primera fase de estudio y valoración de las demandas iniciales de los municipios por parte de los diversos departamentos de la Administración Autonómica, se elaboró conjuntamente con la FAMP un primer documento de trabajo. En este documento se incluían, entre otras propuestas, la constitución de una Mesa del Pacto Local Andaluz, que se reunió por primera vez, con la presencia del presidente de la Junta de Andalucía, el día 4 de marzo de 1998; y la constitución de mesas sectoriales para los distintos sectores competenciales: Asuntos Sociales; Trabajo e Industria; Obras Públicas y Transportes; Medio Ambiente; Turismo y Deportes; Educación y Cultura; Presidencia, Gobernación y Justicia; y Salud y Consumo. Todas ellas se constituyeron a lo largo del segundo semestre de 1998.
Junto a la creación de este marco negociador, imprescindible para el desarrollo del Pacto Local Andaluz, la Ley de Presupuestos de la Comunidad Autónoma para 1999 contempla las repercusiones económicas del mismo, autorizando en su artículo 26.4 a la Consejera de Economía y Hacienda para realizar en el Presupuesto las adaptaciones necesarias derivadas de los procesos de traspaso y delegación de competencias acordados en el marco del Pacto Local.
El citado documento de trabajo contemplaba, finalmente, un proyecto de desarrollo del Pacto Local Andaluz en diversas fases, atendiendo a la complejidad de las materias y al grado de acuerdo entre ambas partes respecto a su descentralización. El documento presentado hoy ante el Consejo de Gobierno constituye la primera fase de este proceso.
DECLARACIÓN INSTITUCIONAL
El día 3 de abril de 1979 se celebraron las primeras elecciones municipales democráticas en España. El día 19 se constituyeron los Ayuntamientos al amparo de la recién promulgada Constitución de 1978.
Este acontecimiento de indudable importancia histórica supuso el inicio de un proceso de profunda transformación política, social y económica en toda España y, de manera especial, en Andalucía.
La influencia especial en Andalucía trasciende, entre otras cuestiones, porque durante el verano del mismo año -1979-, más del 95% de los plenos municipales de toda Andalucía y las ocho Diputaciones Provinciales aprueban la iniciativa autonómica a través del artículo 151 de la Constitución Española: La mejor legitimación de la autonomía andaluza nace de la voluntad soberana de los casi 800 municipios andaluces.
Se inicia entonces un gran cambio de la vida política y social, española y andaluza, en el que las Corporaciones Locales se han mostrado como una pieza clave al desempeñar un papel determinante e indiscutible en una doble vertiente:
-Contribuyendo de forma decisiva al desarrollo y consolidación de la democracia en nuestro país, y
-Favoreciendo la modernización de la Administración Local y facilitando su progresivo acercamiento a los ciudadanos
Si hay algo que sobresale de esta primera etapa es la apertura del Ayuntamiento a sus vecinos: se "conquistan" las sedes municipales como lugar propio de convivencia y participación. Nace la confianza del ciudadano hacia sus gobernantes más cercanos y florece la implicación de aquellos en los asuntos municipales y en actividades sociales, culturales, deportivas, etc.
A medida que la Junta de Andalucía va creciendo en estructura y competencias se va incrementando la cooperación estrecha con las Corporaciones locales andaluzas. Dicha cooperación ha propiciado una tarea transformadora de la imagen y de la propia vida de nuestros pueblos y ciudades: construyendo nuevas e importantes infraestructuras, ordenando y humanizando el desarrollo urbanístico y dotando a los ciudadanos de equipamientos sociales, medioambientales, sanitarios, educativos, culturales y deportivos.
Esta política de cooperación ha tenido además un marcado carácter progresista porque, atendiendo a los intereses del conjunto de los ciudadanos, se ha dirigido a mejorar la situación de los colectivos y personas más desfavorecidas: La atención prioritaria a los barrios periféricos y marginales, la puesta en marcha y la consolidación de los servicios sociales comunitarios, las actividades culturales y las políticas en favor de la igualdad, han constituido y tienen que seguir constituyendo un mayor empeño y esfuerzo en esta colaboración solidaria.
En esta misma línea, (es necesario subrayar) el esfuerzo que han tenido que realizar los Ayuntamientos andaluces a la hora de dar respuesta adecuada a demandas de los ciudadanos que superaban con creces su propia capacidad y, en muchas ocasiones, su propio nivel competencial. Por ello, desde la Junta de Andalucía se acogió favorablemente y desde el primer momento la justa pretensión de las entidades locales andaluzas de avanzar en un proceso de descentralización de competencias: hoy el Pacto Local Andaluz representa una realidad y ha convertido a nuestra Comunidad Autónoma en pionera en esta materia, propiciando la garantía de una mayor profundización en la autonomía local.
Este XX aniversario supone además la ocasión obligada para rendir público homenaje a los miles de españoles y andaluces, hombres y mujeres, que han entregado su conocimiento, su trabajo y, en ocasiones, su propia vida por participar en la política local desde el concepto más abnegado de servicio al ciudadano y a las instituciones democráticas
La dedicación de tantos alcaldes y alcadesas, concejales y concejalas, a sus pueblos y ciudades, ha supuesto, en gran medida, que hoy contemplemos una Andalucía más equilibrada, pujante y moderna.
Por todo ello, la Junta de Andalucía celebra también este vigésimo aniversario con todas las Corporaciones Locales andaluzas, representadas por la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), renovando con esta ocasión el compromiso de lealtad y cooperación institucional que ha sido y va a seguir siendo una de las señas de identidad en nuestra Comunidad Autónoma.
El Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía ha expresado hoy su posicionamiento en relación con la fase actual de la crisis de los Balcanes, que se concreta en los siguientes términos:
El Gobierno andaluz quiere mostrar su preocupación por las posibles repercusiones de la crisis de Kosovo en la estabilidad de los países vecinos.
Para la Junta de Andalucía, resulta imprescindible que toda cooperación y ayuda siga una estrategia bien definida, principalmente por la Unión Europea, como responsable de la seguridad de su entorno inmediato. Estrategia que venga marcada por el objetivo de normalizar, modernizar y europeizar esa sociedad, contando para ello con la solidez del compromiso de la cooperación internacional de forma concreta, tangible y duradera, con un esfuerzo de transformación en la zona a medio o largo plazo, si queremos que la integración sea efectiva. El Gobierno de Andalucía piensa que otra postura sería de parcheo o apagafuegos continuos, atendiendo o conteniendo las continuas crisis que van surgiendo, careciendo de una falta de perspectiva a largo plazo para toda Europa.
Para el Gobierno andaluz, la Unión Europea ha de liderar este proceso bajo las premisas destinadas a garantizar como principios básicos:
-El progreso económico-social y la integración de la zona en la economía internacional y en las instituciones europeas, así como la promoción de la estabilidad, la cooperación y el progreso en la región.
-El respeto a los derechos y las libertades, tanto de los individuos como de los grupos necesitados de especial protección, acabando con cualquier vulneración de los derechos de los pueblos.
Por tanto, entre las prioridades de la Junta de Andalucía es necesario destacar:
-La plena disposición de la Junta de Andalucía a las instituciones y organismos internacionales, y en especial, a la UE, para que los criterios y estrategias de cooperación sean homogéneos y efectivos.
-La canalización de la ayuda y recursos a través de organizaciones humanitarias con experiencia histórica demostrada, con implantación en las zonas conflictivas a donde se van a destinar tales acciones. A juicio de la Junta de Andalucía, entre estas organizaciones se encuentran Cruz Roja y Media Luna Roja, MDPL (Movimiento por la Paz, el Desarme y la Libertad), Mujeres en Zonas de Conflicto, Tierra de Hombres y Médicos del Mundo. La ayuda dentro de nuestra comunidad tendrá una canalización más amplia en cuanto al número de ONGS, de las que ya se ha recibido el ofrecimiento de colaboración. Por otra parte, la Junta de Andalucía estima que la selección de los refugiados debe centralizarse en una sola organización, de acuerdo con los criterios establecidos en las distintas Comisiones Interdepartamentales creadas a tal efecto. A juicio de la Junta de Andalucía, esta misión podría ser acometida con garantías por ACNUR.
-La atención a los refugiados en las zonas donde se encuentran, tanto en los campamentos como en los países cercanos de acogida debe ser prioritaria. Las acciones de ayuda a estos países limítrofes ha de ser efectiva e inmediata.
-En el caso de población de carácter más vulnerable, de personas mayores, niños enfermos o en situación de riesgo, de familias que voluntariamente lo deseen o sean incapaces de quedarse en esa región, se les debería de facilitar la acogida temporal en otros países. A estos refugiados se les garantizará la permanencia en dichos países hasta que su país de origen esté en situación normalizada, y por el espacio de tiempo que se considere razonable, con la intención de no desarraigar a estas personas de su contexto y de su cultura.
-A juicio de la Junta de Andalucía, cada Comunidad Autónoma debe ser responsable de organizar las campañas de ayuda y la atención a los grupos de refugiados que acojan en cada territorio, contando con la colaboración de entidades privadas que ya se han ofrecido. Para tal finalidad, la Junta de Andalucía pondrá a disposición de todos los ciudadanos y entidades un número de cuenta bancaria y número de teléfono de información. Asimismo, tiene previsto la firma de un convenio con la FAMP para canalizar las ayudas con objeto de que los criterios de trabajo sean homogéneos y eficientes entre Diputaciones, Ayuntamientos y Delegaciones Provinciales de la Junta de Andalucía. En opinión de la Junta de Andalucía, esos esfuerzos deberán de ser coordinados por el Gobierno Central, el cual, a su vez será responsable de acciones en el ámbito de sus competencias: logística, transporte de la ayuda humanitaria, tarjeta de permanencia, reagrupación de familias, garantizar el retorno, así como la de facilitar intérpretes.
-Dados los ofrecimientos de solidaridad ofrecidos tanto por ONGS como por ciudadanos particulares, es imprescindible, y así se los pedimos al Gobierno, que mantengamos el máximo nivel de información y transparencia en los datos a través de medios de comunicación, de teléfonos de información, etc.
Para la Junta de Andalucía, resulta inexcusable que el Gobierno de la nación defina con claridad el destino de los fondos para este programa de cooperación y defina las estrategias que se van a desarrollar, para evitar que las actuaciones se vean privadas del carácter efectivo y duradero que exige la actual situación de crisis.
Teléfono: 900/ 10 00 70