| Andalucía, 13 de junio de 2000 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, presidido por el consejero de la
Presidencia, Gaspar Zarrías
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el proyecto de Ley de Regulación de las Consultas Populares Locales en Andalucía. Esta norma, que ya fue remitida al Parlamento el pasado año pero no pudo ser aprobada al agotarse la legislatura, tiene como principal objetivo establecer un sistema para que los ciudadanos puedan expresar su opinión sobre determinados asuntos de competencia municipal y carácter local.
El proyecto garantiza los principios de transparencia, publicidad, participación y pluralismo en este tipo de consultas, de las que se excluyen los asuntos relativos a la hacienda local. Se regulan así aspectos como las campañas de información, el voto anticipado de los electores, el desarrollo de la votación, el escrutinio, los requisitos de la convocatoria, la administración y el cuerpo electoral, además de prever la creación de un registro de consultas para facilitar el seguimiento y control administrativo de las mismas. De acuerdo con el texto legal, estas iniciativas no podrán menoscabar las facultades de decisión que corresponden a la Administración local y sus resultados no serán vinculantes para las entidades locales que las convoquen.
La norma aprobada hoy se ajusta a las previsiones de la Ley de Bases de Régimen Local, de 2 de abril de 1985, que establece la posibilidad de que los alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del pleno del Ayuntamiento y autorización del Gobierno de la nación, puedan someter a consulta popular aquellos asuntos de competencia municipal y de carácter local que sean de especial relevancia para los intereses de los vecinos. Esta posibilidad también está prevista en el Estatuto de Autonomía de Andalucía.
Según la futura ley andaluza, la iniciativa para organizar una consulta de este tipo deberá partir de la propia corporación local, mediante acuerdo por mayoría simple o previa solicitud de un grupo de vecinos, cuyo número mínimo dependerá la población del municipio. En poblaciones de hasta 5.000 habitantes serán necesarias las firmas del 10% del censo; en municipios de entre 5.001 y 100.000 se requerirán 1.000 firmas además de otra cantidad equivalente al 5% del número de habitantes que exceda de 5.000, mientras que las ciudades de más de 100.000 habitantes precisarán de 10.500 firmas y una cantidad equivalente al 3% del número de habitantes que sobrepase los 100.000. El cuerpo electoral estará formado por los residentes que gocen de sufragio activo en las elecciones municipales.
El proyecto también establece que las consultas populares locales no podrán coincidir con la convocatoria o celebración de ningún proceso electoral, tanto de carácter nacional como autonómico. Su procedimiento de organización y funcionamiento será similar al de otros comicios electorales generales.
Finalmente, la solicitud para la celebración de un consulta popular deberá ser tramitada por el alcalde, previo acuerdo favorable del Ayuntamiento en pleno, ante la Junta de Andalucía, que la trasladará al Gobierno de la nación, al que corresponde autorizar la iniciativa según la Ley de Bases de Régimen Local.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que desarrolla las competencias de la Consejería de Gobernación en materia de voluntariado. Además de delimitar el contenido de estas atribuciones, la norma incluye la creación de la Agencia Andaluza del Voluntariado y de la Comisión del Voluntariado. El primero de estos órganos realizará tareas ejecutivas y de apoyo administrativo, mientras que el segundo se encargará de coordinar e impulsar las iniciativas del Gobierno andaluz en la materia. Ambos estarán presididos por la viceconsejera de Gobernación.
En la Comisión del Voluntariado participarán nueve directores generales en representación de las Consejerías de Presidencia, Justicia y Administración Pública, Empleo y Desarrollo Tecnológico, Turismo y Deporte, Salud, Educación y Ciencia, Cultura, Medio Ambiente y Asuntos Sociales. Este órgano podrá crear comisiones técnicas, permanentes o no, de apoyo a temas concretos.
Por su parte, la Agencia Andaluza del Voluntariado actuará como un instrumento para la ejecución de las nuevas competencias atribuidas a la Consejería de Gobernación. Entre estas competencias, el decreto aprobado hoy incluye la promoción del voluntariado; la coordinación de los programas de los distintos departamentos de la Junta; el apoyo a las iniciativas de las entidades públicas; la canalización de la actividad de las organizaciones hacia los sectores más desfavorecidos; la gestión de un censo de entidades dedicadas al voluntariado; la realización de campañas de información y el fomento de la relación de las organizaciones andaluzas con las de otras comunidades.
El Consejo de Gobierno ha aprobado la estructura orgánica de la Consejería de la Presidencia, que mantiene sus anteriores competencias e incorpora la coordinación de las políticas relacionadas con la sociedad de la información.
Como principal novedad, la Consejería de la Presidencia contará con una Secretaría General para la Sociedad de la Información, que desdoblará sus funciones en dos direcciones generales: la de Comunicación Social y la de Sistemas de Información y Telecomunicaciones.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el decreto que regula el Consejo Andaluz y los Consejos Provinciales de Atención a las Personas con Discapacidad. Estos órganos adscritos a la Consejería de Asuntos Sociales, que se constituirán en un plazo máximo de seis meses a partir de la entrada en vigor de su norma reguladora, tienen como principal fin asesorar a las Administraciones públicas en la promoción y coordinación de las iniciativas previstas en la Ley de Atención a las Personas con Discapacidad en Andalucía, aprobada el pasado año.
Los consejos también se encargarán, entre otras funciones, de formular propuestas y recomendaciones en relación con los planes dirigidos a este colectivo; realizar el seguimiento de las actuaciones de los poderes públicos y promover la elaboración de estudios e investigaciones sobre la calidad de vida de las personas discapacitadas.
El Consejo Andaluz de Atención a las Personas con Discapacidad estará presidido por el consejero de Asuntos Sociales e integrado por once vocales en representación de la Administración autonómica, las corporaciones locales, las asociaciones de personas con discapacidad, las organizaciones sindicales y empresariales y los Consejos Provinciales. En sus reuniones también podrán participar un máximo de dos personas de relevancia en este ámbito.
Por su parte, cada Consejo Provincial de Atención a las Personas con Discapacidad estará presidido por el delegado provincial de la Consejería de Asuntos Sociales y contará con ocho vocales en representación de las Administraciones autonómica y local, las asociaciones de personas discapacitadas, las organizaciones sindicales y empresariales y los Consejos Locales de Personas con Discapacidad.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy una modificación presupuestaria, en la modalidad de generación de crédito, por un importe de 1.671,7 millones de pesetas, destinada a cubrir compromisos adquiridos con cargo a los fondos comunitarios IFOP 1994-99 (Instrumento Financiero de Orientación de la Pesca) que no estaban presupuestados en 1999 y cuyo pago se realizará durante los años 2000 y 2001.
En 1999 Andalucía superó el presupuesto inicial de estos fondos en un total de 1.617,7 millones, que han sido gestionados con cargo a anualidades futuras, ya que el plazo para comprometerlos finalizó el pasado 31 de diciembre. La generación de créditos aprobada hoy obedece a la existencia de una prórroga de dos años, hasta el 31 de diciembre de 2001, para efectuar los pagos.
Durante el quinquenio 1994-1999, el sector pesquero andaluz se benefició de unas ayudas públicas de 33.000 millones de pesetas procedentes de los fondos IFOP. Estas ayudas propiciaron inversiones de unos 50.000 millones en renovación y ajuste de la flota pesquera, fomento de la acuicultura, protección de zonas marinas costeras, mejora del equipamiento portuario y mejora de la comercialización y transformación de productos pesqueros.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy los siguientes nombramientos en la Consejería de Presidencia: José Carlos Alarcón Arévalo, secretario general para la Sociedad de la Información; José María Rodríguez Sánchez, director general de Sistemas de Información y Telecomunicaciones, y Joaquín Dobladez Soriano, director del Instituto Andaluz de la Juventud.
José Carlos Alarcón, de 44 años, es ingeniero de Telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Madrid y desde 1996 ha ocupado la Dirección General de Comunicación Social. También ha desempeñado distintos cargos directivos en firmas nacionales y multinacionales del sector informático. Es funcionario del Cuerpo Superior Facultativo de la Junta de Andalucía (Área Funcional de Informática y Telecomunicaciones).
José María Rodríguez Sánchez, de 41 años, es ingeniero industrial. Desde 1997 ha estado al frente del Servicio de Telecomunicaciones de la Consejería de Presidencia.
Joaquín Dobladez Soriano, de 29 años, venía desempeñando hasta ahora el cargo de coordinador provincial del Instituto Andaluz de la Juventud en Córdoba. Ha sido presidente de la Federación de Estudiantes Progresistas de Andalucía.
APROBADOS LOS NOMBRAMIENTOS DE LOS DELEGADOS DE JUSTICIA Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA EN ALMERÍA, CÓRDOBA, JAÉN Y SEVILLA
El Consejo de Gobierno ha nombrado hoy a los nuevos delegados de la Consejería de Justicia y Administración Pública en las provincias de Almería, Córdoba, Jaén y Sevilla.
El nuevo delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Almería es Manuel Ceba Pleguezuelos. Nacido en la localidad granadina de Alquife en 1948, ha sido alcalde de Berja (Almería) desde 1983 y fue fundador de la Federación de Servicios Públicos del sindicato UGT en la provincia de Almería.
Soledad Pérez Rodríguez, nombrada delegada de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Córdoba, nació en Melilla en 1964. Es licenciada en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid y abogada en ejercicio desde 1992.
El nuevo delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Jaén, Celso José Fernández Fernández, nació en Zaragoza en 1961. Licenciado en Derecho por la Universidad de Granada ha sido asesor jurídico del Centro Municipal de Información a la Mujer de Úbeda y profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Jaén.
El delegado de la Consejería de Justicia y Administración Pública en Sevilla, Carlos Toscano Sánchez, nació en Sevilla en 1957. Licenciado en Derecho, entre 1990 y 1995 ocupó sendas direcciones generales y una secretaría general en la Consejería de Trabajo e Industria. En la actualidad ocupaba el puesto de coordinador de la Oficina de Respuesta Unificada de Sevilla.
EL CONSEJO APRUEBA TRES NOMBRAMIENTOS EN LA CONSEJERÍA DE EMPLEO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy tres nombramientos en la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico: José María Bueno Lidón, secretario general de Industria y Desarrollo Tecnológico; Manuel López Casero, director general de Desarrollo Tecnológico e Incentivos, y Jesús Nieto González, director general de Industria, Energía y Minas.
José María Bueno Lidón (Epila, Zaragoza, 1949) es doctor ingeniero industrial y desde 1972 ha ejercido como profesor en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de la Universidad de Sevilla y en la Universidad Politécnica de Madrid. Actualmente es catedrático universitario de Organización de Empresa. Asimismo, desempeña el cargo de decano del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental y es presidente del Consejo General de Colegios Oficiales de Ingenieros Industriales. José María Bueno ha ocupado diversos puestos de relevancia en la empresa privada y desde este año es miembro del Consejo de Administración de la Sociedad Andaluza para el Desarrollo de la Informática y la Electrónica (Sadiel).
Manuel López Casero, nacido en la localidad sevillana de El Castillo de las Guardas en 1956, es ingeniero industrial y ha sido gerente del Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de Andalucía Occidental entre los años 1992 y 2000.
Jesús Nieto González, nuevo director general de Industria, Energía y Minas, es natural de Sevilla y tiene 42 años. Ingeniero técnico industrial, ha desempeñado el cargo de director de la Agencia de Medio Ambiente en Sevilla entre 1992 y 1994 y, desde ese año hasta ahora, el de delegado de la Consejería de Medio Ambiente en dicha provincia.
EL CONSEJO NOMBRA A JOSÉ ANTONIO COBEÑA FERNÁNDEZ SECRETARIO GENERAL DEL SERVICIO ANDALUZ DE SALUD
El Consejo de Gobierno ha nombrado a José Antonio Cobeña Fernández secretario general del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Nacido en Sevilla en 1947 y licenciado en Psicología y Antropología, José Antonio Cobeña ha ocupado puestos de máxima responsabilidad en las Administraciones local y autonómica dentro del campo de la salud. En la actualidad dirige el Programa de Gerencia de Riesgos en el SAS, así como diversos proyectos de sistemas y tecnologías de la información y comunicación en este organismo, donde también ha desempeñado el cargo de subdirector de Ordenación y Organización.
JOSÉ CASTRO ZAFRA, NUEVO DELEGADO DE LA CONSEJERÍA DE AGRICULTURA Y PESCA EN JAÉN
El Consejo de Gobierno ha nombrado a José Castro Zafra como nuevo delegado de la Consejería de Agricultura y Pesca en Jaén. José Castro Zafra nació en Peal de Becerro (Jaén) en 1964 y ha sido alcalde de esta localidad desde 1991. También es vicepresidente de la Asociación para el Desarrollo Socioeconómico de la Comarca de Cazorla.