| Andalucía, 13 de diciembre de 1999 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En la mañana de hoy ha tenido lugar en el
Palacio de San Telmo la habitual reunión del Consejo de Gobierno
de la Junta de Andalucía, bajo la presidencia de su titular,
Manuel Chaves González.
El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha adoptado, entre
otros, los siguientes acuerdos:
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la creación del Consejo Regional de la Infancia y de los Consejos Provinciales de la Infancia, órganos colegiados de coordinación entre instituciones públicas y privadas para fomentar la participación social en la planificación y seguimiento de las políticas dirigidas a la infancia y la adolescencia.
Los nuevos órganos, previstos en la Ley de los Derechos y Atención al Menor, se constituirán formalmente en un plazo máximo de tres meses. En su funcionamiento participarán de forma activa los propios niños, representados por menores usuarios de centros públicos de protección y por integrantes de consejos escolares.
La composición de estos consejos se completa con representantes de la Junta de Andalucía, asociaciones de padres de alumnos, Federación Andaluza de Municipios y Provincias, organizaciones sindicales y empresariales, entidades sin ánimo de lucro, fiscales y jueces de familia y de menores.
El Consejo de Gobierno ha adoptado un acuerdo por el que requiere de incompetencia al Gobierno central en relación con una resolución del Ministerio de Fomento por la que se autoriza la transmisión de 748.848 acciones de la sociedad Uniprex, propiedad de la Corporación Empresarial ONCE, a favor de Telefónica Media, S.A.
Igualmente, el Consejo de Gobierno ha autorizado al Gabinete Jurídico de la Junta a que plantee el correspondiente conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional, en el supuesto de que el Gobierno de la Nación no atienda el requerimiento acordado.
Ambos acuerdos han sido tomados por el Consejo de Gobierno a propuesta de la Consejería de la Presidencia, a la que fue comunicada la citada resolución de la Secretaría de Comunicaciones del Ministerio de Fomento, que vulnera el orden competencial establecido, entre otras normas, en el artículo 149.1.27 de la Constitución; en el artículo 16 del Estatuto de Autonomía para Andalucía y en la Ley de Ordenación de las Telecomunicaciones.
El artículo 16 del Estatuto de autonomía atribuye a la Comunidad Autónoma, en el marco de las normas básicas del Estado, el desarrollo legislativo y la ejecución del régimen de la radiodifusión y la televisión.
Por su parte, la citada Ley de Ordenación de las Comunicaciones dispone que las concesiones para gestión indirecta de los servicios de radiodifusión sonora se otorgarán por el Gobierno, con exclusión de las concesiones de los servicios de radiodifusión sonora en ondas métricas de modulación de frecuencia que serán otorgadas por las Comunidades Autónomas con competencias en medios de comunicación. La misma Ley establece que cualquier modificación en la titularidad de las acciones, participaciones o títulos equivalentes deberán ser autorizadas previamente por la Administración.
De otro lado, el artículo 8.2 del decreto 75/1989 de 4 de abril, que regula la concesión de emisoras de FM, fija que cualquier modificación en la titularidad de las acciones debe ser autorizada por el consejero de la Presidencia.
La resolución del Ministerio de Fomento, con fecha de 22 de julio de 1999, autorizaba la transmisión de 748.848 acciones de la sociedad Uniprex S.A, propiedad de la Corporación Empresarial ONCE, a favor de Telefónica Media.
Dicha resolución fue comunicada a la Consejería de la Presidencia el pasado 21 de octubre, una vez consumado el cambio de propietario de estas emisoras.
Como se ha señalado, el acuerdo del Consejo de Gobierno requiere de incompetencia al Gobierno de la Nación y solicita la anulación en su totalidad de la resolución del Ministerio de Fomento. Al mismo tiempo, autoriza al Gabinete Jurídico de la Junta de Andalucía que plantee el correspondiente conflicto positivo de competencia ante el Tribunal Constitucional en el supuesto de que el Gobierno de la Nación no atienda este requerimiento.
El Consejo de Gobierno ha aprobado iniciar las primeras expropiaciones para llevar a cabo el proyecto de modernización de 5.000 hectáreas de regadíos privados en el Entorno de Doñana. Estas obras, incluidas en el Plan de Desarrollo Sostenible del Entorno de Doñana, permitirán proteger el Acuífero 27, conocido también como Acuífero de Doñana, al cambiar la extracción de 30 Hm.3 de aguas subterráneas anuales por la aportación de recursos hídricos procedentes del embalse del Chanza.
Con la decisión adoptada hoy, se abre el proceso expropiatorio de una serie de terrenos pertenecientes a 17 propietarios de los municipios onubenses de Moguer y Palos de la Frontera, donde se instalarán las primeras tuberías para hacer posible dicho transvase. El proyecto, que supondrá una inversión total de 900 millones de pesetas, está supeditado a que la Confederación Hidrográfica del Guadiana construya una balsa de regulación dentro del conjunto de obras del Anillo Hídrico de Huelva.
La instalación de estas tuberías de transporte de agua constituye el primero de los cuatro proyectos que la Junta de Andalucía realizará en el Entorno de Doñana para modernizar los regadíos y consolidar una actividad agraria compatible con el medio ambiente. La inversión global prevista alcanza los 2.613 millones de pesetas.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy una inversión de 2.717 millones de pesetas para las obras de soterramiento de la vías del ferrocarril en la ciudad de Cádiz. Se cumplen así los primeros compromisos adquiridos por la Junta de Andalucía con el Ministerio de Fomento y el Ayuntamiento de Cádiz para el desarrollo de este proyecto, cuyo presupuesto total es de 17.000 millones de pesetas.
Las obras incluyen la construcción de un túnel subterráneo por el que el tren de cercanías funcionará como un metro, con tres apeaderos en su trayecto, y sobre el que se urbanizará una nueva avenida en la ciudad, que actualmente queda separada en dos mitades insuficientemente comunicadas.
El soterramiento de las vías del tren a su paso por Cádiz será financiado por el Ministerio de Fomento (organismo competente en materia ferroviaria), con 10.200 millones; la Consejería de Obras Públicas, con 3.400 millones, en función de sus competencias en materia de ordenación del territorio y urbanismo; y el Ayuntamiento de Cádiz, con 3.400 millones, destinados fundamentalmente a la urbanización de la nueva zona resultante.
Este proyecto se incluye en el Plan Intermodal del Transporte en la Bahía de Cádiz, elaborado por la Junta de Andalucía con el objetivo de potenciar el transporte ferroviario en la comarca.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar diversas obras de mejora de la red de carreteras de la provincia de Córdoba, mediante la declaración de ocupación urgente de los bienes y derechos afectados por estos proyectos. La mayor inversión, 8.162 millones de pesetas, se concentra en la construcción de la ronda oeste de Córdoba. El resto de las obras consisten en la mejora del trazado de la A-431 a su paso por Almodóvar y de la CO-140 en Palma del Río.
La nueva circunvalación de Córdoba, de 6 kilómetros de longitud, conectará al final de su trazado con el ámbito urbano en expansión de la Avenida de la Arruzafilla, además de enlazar con la N-IV Madrid–Cádiz; la carretera de Alameda del Obispo; la CN-437 Córdoba–Aeropuerto; la carretera Córdoba–Sevilla por el Guadalquivir y la carretera de Trassierra.
Por su parte, las obras de la A-431 a su paso por Almodóvar permitirán, entre otras mejoras, sustituir por una única intersección los diferentes accesos y salidas a la barriada de Los Mochos que actualmente se concentran en apenas un kilómetro. Este proyecto supondrá una inversión de 78 millones de pesetas.
En cuanto a las obras en la CO-140, presupuestadas en 104 millones de pesetas, sus objetivos se centran en suprimir curvas peligrosas y ensanchar hasta los ocho metros el trazado de esta vía entre los municipios de Palma del Río y El Águila.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Régimen Sancionador y Disciplinario Deportivo, cuyo objetivo principal es asegurar el normal discurrir de la actividad deportiva en Andalucía. La nueva norma, que desarrolla la Ley del Deporte de Andalucía, distingue entre la actividad sancionadora de la Administración y la potestad disciplinaria de las organizaciones deportivas sobre sus miembros.
El reglamento configura la función inspectora de la Administración no desde una perspectiva represora, sino como un mecanismo para materializar la corresponsabilidad de los sectores público y privado en el desarrollo del deporte andaluz. Asimismo, se agiliza el sistema de notificaciones de sanciones, con el objetivo de adecuarlo a la necesaria celeridad de los procedimientos disciplinarios que afecten al desarrollo de las competiciones.
Otra novedad es la regulación del Comité Andaluz de Disciplina Deportiva, que mantiene su denominación y funciones anteriores y pasa a asumir nuevas funciones consultivas, además de las competencias que anteriormente ejercía la suprimida Junta de Garantías Electorales y nuevas funciones consultivas.
El decreto aprobado hoy atribuye también al Comité la competencia para la instrucción y resolución de procedimientos disciplinarios a instancia de la Secretaría General para el Deporte, con el fin de depurar responsabilidades de directivos cuando las organizaciones a las que pertenecen no activen sus órganos disciplinarios de primera instancia.
Por último, el nuevo régimen disciplinario y sancionador amplía el número de miembros del Comité y modifica el reparto de instituciones representadas para asegurar una amplia representación del sector deportivo.
El Consejo de Gobierno ha autorizado hoy, a propuesta de la consejera de Economía y Hacienda, Magdalena Álvarez, una operación de préstamo con el Banco Europeo de Inversiones (BEI) por un importe de 29 millones de euros (4.825 millones de pesetas), destinados a la financiación de proyectos de infraestructuras, especialmente carreteras.
Este préstamo, que se realiza con cargo a las autorizaciones de endeudamiento contenidas en las leyes del Presupuesto de los años 1998 y 1999, tiene un plazo de hasta 17 años, con 4 de carencia y tipos de interés fijo, variable, reversible o variable convertible a fijo.
La operación se incluye en una autorización aprobada el pasado mes de junio por el Comité de Dirección del Banco Europeo de Inversiones, por un importe de hasta 180 millones de euros.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 410 millones de pesetas en la construcción de un instituto de Enseñanza Secundaria en Bujalance (Córdoba). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el Ayuntamiento de este municipio para llevar a cabo dicho proyecto, incluido en el Plan Aula 2000.
El nuevo centro, de 18 unidades y capacidad para 450 alumnos de Enseñanza Secundaria Obligatoria y Bachilleratos, estará dotado, entre otras instalaciones, de aulas de Informática, Música, Dibujo, Idiomas y Plástica. Dispondrá también de biblioteca, laboratorio, seminarios, dos salas de apoyo a la integración, gimnasio y dos pistas polideportivas.
Bujalance es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia para adaptar las infraestructuras docentes a las exigencias de la LOGSE. Este plan incluye tanto la construcción de nuevos centros como la ampliación y remodelación de los ya existentes.
El Consejo de Gobierno ha aprobado cuatro decretos por los que autoriza a los ayuntamientos de Canjáyar (Almería), Corteconcepción (Huelva) y Rioja (Almería) para adoptar sus escudos heráldicos y banderas municipales; y al de Berja (Almería) para adoptar su bandera municipal. Las características de estos símbolos son las siguientes:
Canjáyar
Escudo: de azur, una gavilla de trigo, de oro, atada con una cinta del mismo metal, puesta en situación de barra. Al timbre, corona real cerrada.
Bandera rectangular de proporciones 1:1,5, de color azul; en su centro, con dimensiones adecuadas al paño del vexilo, una gavilla de trigo atada con una cinta, de color amarillo, puesta en situación de barra, con las espigas hacia el batiente.
Corteconcepción
Escudo: de azur monograma de María de oro resaltado de venera de plata y cantonado de ruedas de molino de plata. Al timbre, corona real cerrada.
Bandera rectangular en la proporción de 11x18 con cinco franjas paralelas entre sí y perpendiculares al asta, la primera y quinta blancas, de 1/8 de la anchura, la segunda y cuarta amarillas, de 1/16, y la tercera o central azul, de 5/8. Centrado y sobrepuesto el escudo de armas de la localidad.
Rioja
Escudo cortado: primero, de oro, un chorro de agua de azur que se parte en dos mitades chorreando, acompañado en la diestra y la siniestra de sendos naranjos arrancados, de sinople, frutados de oro, segundo, de azur, sobre ondas de plata y azur, un puente de oro, de cuatro ojos, mazonado de sable, al timbre, corona real cerrada.
Bandera de proporciones 1:1,5 formada por tres franjas horizontales: azul, naranja y azul, siendo la naranja de doble anchura que cada una de las azules, cargado en el centro, sobre la franja naranja, el escudo municipal en el que los metales oro y plata se sustituyen por el amarillo y el blanco respectivamente.
Berja
Bandera: tafetán terciado en banda blanca de 1/4 de anchura, superior verde e inferior rojo-morado.