| Andalucía, 16 de octubre de 2001 |
REFERENCIA DEL
CONSEJO DE GOBIERNO
En el Palacio de San Telmo ha tenido lugar
la habitual reunión del Consejo de Gobierno de la Junta de
Andalucía. El Consejo, que ha tenido carácter decisorio, ha
adoptado, entre otros, los siguientes acuerdos:
El próximo 20 de octubre se cumplen 20 años del referéndum de ratificación del Estatuto de Autonomía para Andalucía, la norma que consagró el autogobierno tan dificultosamente perseguido por los andaluces desde los albores de la Transición.
El desafío por impulsar un proyecto de una Andalucía más próspera, más justa y más avanzada tomó cuerpo en el Estatuto, ejemplo de consenso y acuerdo entre todas las fuerzas políticas que hizo posible que Andalucía, por méritos propios, se situara, en los planos jurídico, político y competencial, al mismo nivel que las denominadas comunidades históricas.
La lucha por la autonomía fue el cauce y el Estatuto la expresión de la vitalidad política y social de Andalucía. Un Estatuto para una Andalucía ansiosa de explotar sus enormes potencialidades, empeñada en convertirse en una sociedad moderna, alcanzando el Estado de Bienestar, dejando atrás los lastres de un pasado injusto y recuperando nuestra autoestima como pueblo, convirtiendo nuestra identidad en un estímulo a nuestro proyecto de progreso.
No podemos, en modo alguno, recrearnos en la autocomplacencia pero sí es justo y necesario hacer aquí y ahora un reconocimiento expreso a las generaciones de andaluces que han hecho posible que los anhelos de una educación para todos, una sanidad a la vanguardia de toda España y unos servicios sociales infinitamente más justos que los que heredamos sean hoy una realidad palpable para todos los que viven y trabajan en nuestra tierra. La nueva Andalucía que encarna el Estatuto es mérito de toda la sociedad y a toda hay que reconocer su esfuerzo.
Estos 20 años de Estatuto nos permiten, pues, contemplar con perspectiva el camino recorrido. Sólo desde la ceguera puede regatearse a los andaluces el mérito de los avanzado, que es mucho y bueno. Precisamente impulsados por ese éxito, sin duda ha llegado el momento de perfilar un nuevo horizonte, afrontar una segunda modernización de Andalucía.
Es evidente que no hemos superado todas y cada una de las secuelas de un pasado difícil, en el que el abandono, el subdesarrollo y la marginación política y social eran tristes señas de identidad de nuestra tierra. Pese a alguna de esas secuelas, el futuro se dibuja bien distinto: la Andalucía de hoy cree en sus propias posibilidades y, tras veinte años de crecimiento económico, de maduración social, de fortalecimiento de nuestro tejido productivo, de ampliación y mejora de nuestras infraestructuras, de enriquecimiento cultural y educativo, especialmente en el caso de las generaciones más jóvenes, la sociedad andaluza se siente capaz de afrontar los retos del nuevo siglo, las exigencias de la nueva sociedad de la información, la demanda de una economía crecientemente globalizada.
La integración de Andalucía en la Unión Europea ha supuesto un salto cualitativo para las oportunidades de nuestras mujeres y hombres. En igualdad con otras regiones de Europa, Andalucía tiene un campo abonado para demostrar su espíritu emprendedor, su potencial creativo, su capacidad de trabajo. Mucho es lo avanzado en estos años y así lo demuestra la creciente apertura de nuestra economía, su presencia en los mercados exteriores. Pero mayores han de ser los esfuerzos para expandir nuestros mercados y afrontar con garantías los vaivenes de la economía mundial.
Es necesario, pues, que Andalucía establezca sin complejos y consciente de sus propias potencialidades, los ámbitos de debate que nos permitan encarar los objetivos de esta nueva etapa que ahora se abre, los objetivos que pretendemos legar a las nuevas generaciones de andaluces. Los efectos de la globalización; la posición de nuestra comunidad en el seno de la UE y nuestra apuesta por un orden internacional más justo, equilibrado y seguro; la descentralización y la modernización de las administraciones públicas en sus distintos niveles; el debate sobre Andalucía en la España plural; la evolución de la sociedad y los derechos de la ciudadanía ante la nueva estructura demográfica, el envejecimiento de la población y las nuevas necesidades de los mayores, los nuevos tipos de familia, la plena integración de los inmigrantes, etc.
En este sentido, Andalucía tiene que convertirse en un proyecto social en el que el principio de igualdad de oportunidades se traduzca en la paridad de mujeres y hombres en el ejercicio de la representación política y en la igualdad de hecho de la población femenina y de los jóvenes en el acceso al mercado de trabajo.
En ese contexto y desde el orgullo irrenunciable por lo conseguido, también debemos afrontar en nuestra sociedad una reflexión sobre el propio instrumento de autogobierno, el Estatuto de Autonomía. España y Andalucía han cambiado mucho en las dos últimas décadas. Adaptar el Estatuto a los nuevos tiempos, llegando a su reforma si se considera necesario, es una posibilidad que nos brinda nuestra propia norma. Desde la lealtad a la Constitución y al modelo de convivencia política, social y territorial que encierra, este aniversario es una gran ocasión para reverdecer el compromiso de todos con Andalucía.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el Reglamento de Ordenación de la Caza, en el que se fijan las normas para el aprovechamiento sostenible de los hábitats y recursos cinegéticos, el fomento de la calidad, la agilización de los procedimientos administrativos y la planificación general de esta actividad, que practican alrededor de 250.000 andaluces.
El nuevo texto legal, que sustituye a una orden de 1991, introduce como principal novedad la creación obligatoria, dentro de los cotos, de unas zonas de reserva y protección en las que no se podrán practicar la caza ni otras actividades que incidan negativamente sobre las especies cinegéticas.
Igualmente novedoso es el reconocimiento del derecho de ciudadanos, colectivos e instituciones a constituir en los montes de su titularidad vedados o reservas ecológicas para aprovechamientos no cinegéticos (científicos, deportivos o ecoturísticos).
En materia de procedimientos administrativos, el reglamento unifica e integra en el plan técnico de cada coto todas las medidas de gestión, incluyendo, entre otras, las relativas a repoblaciones de especies, capturas en vivo, sueltas y control de daños. También abre la posibilidad de que los titulares de cotos colindantes puedan elaborar planes integrados de caza que engloben bajo unos criterios comunes a los distintos planes técnicos individuales. La norma fija un plazo máximo de un año, a partir de su entrada en vigor, para que los gestores de cotos cinegéticos adapten sus previsiones y renueven sus autorizaciones administrativas de acuerdo con la nueva configuración de estos planes.
Respecto a los cercados de terrenos cinegéticos, el texto legal distingue entre los dedicados a la gestión y los utilizados para protección en las zonas de reserva del interior de los cotos.
Los primeros sólo deberán instalarse, con carácter general, en superficies mayores a 500 hectáreas y para ellos se exigen condiciones técnicas de mayor permeabilidad, con el fin de facilitar el tránsito de la fauna silvestre y evitar así su aislamiento y el consiguiente empobrecimiento genético. Frente al modelo único establecido por la orden de 1991, la nueva norma añade otros dos tipos de mallas preceptivas con retículas de mayores dimensiones. Además, obliga a la apertura de pasos de fauna a ras de suelo cada 50 metros en aquellas cercas construidas según el modelo anterior.
Por su parte, los cercados de protección se definen como vallas parciales y no cerradas que se instalan en el interior de los cotos con el objetivo de preservar de posibles daños a la fauna cinegética, especialmente en las zonas de reserva.
Censo cinegético
En el ámbito de la planificación general, el reglamento establece la creación del Censo Cinegético Andaluz como principal instrumento para la ordenación del sector en la comunidad autónoma. Este censo, que será elaborado con la participación de las federaciones y asociaciones interesadas, incluirá, entre otros aspectos, un diagnóstico de la actividad y un diseño del seguimiento de poblaciones cinegéticas por hábitats homogéneos.
También se incorpora la prohibición, establecida por el Gobierno central, del uso de munición de plomo en los humedales protegidos, ampliándola a los no protegidos a partir de la próxima temporada de caza 2002/2003.
Finalmente, la norma introduce la posibilidad de que los titulares de los cotos obtengan para sus aprovechamientos unos certificados de calidad que serán otorgados por la Consejería de Medio Ambiente de acuerdo con criterios específicos de armonización entre actividad cinegética y preservación de los recursos.
El reglamento aprobado hoy se anticipa a la futura Ley de Flora y Fauna Silvestres de Andalucía con el objetivo de evitar un vacío legal tras la anulación de la orden de caza de 1991 por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Este tribunal, por razones estrictamente formales, dictaminó el pasado año que dicha norma debía ser reemplazada por una de rango superior.
Inicio de la tramitación
En relación con la Ley de Flora y Fauna Silvestres, el Consejo de Gobierno también ha autorizado hoy el inicio de su tramitación. El proyecto, que tiene prevista su entrada en el Parlamento de Andalucía en mayo de 2002, definirá el nuevo marco jurídico a partir del cual se desarrollarán los reglamentos de pesca continental y especies silvestres, que se unirán al aprobado hoy sobre caza. Esta ley actualizará también las normas relativas a sanciones e infracciones, actualmente sujetas a las directrices de la legislación estatal.
La actividad cinegética en Andalucía contó el pasado año con cerca de 250.000 licencias y superó los 4,3 millones de piezas abatidas. La superficie ocupada por cotos privados es aproximadamente de 6,9 millones de hectáreas, de las que 5,5 millones corresponden a caza menor y 1,4 millones a caza mayor. Al menos 184.000 hectáreas de estos grandes cotos están cercadas con mallas cinegéticas.
La Empresa Pública de Puertos de Andalucía (EPPA), dependiente de la Consejería de Obras Públicas y Transportes, asumirá a partir de ahora la gestión de las áreas que prestan servicios logísticos de transporte e intercambio de mercancías en la comunidad autónoma. El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy la modificación del estatuto de dicha empresa pública para hacer posible este cambio, con el que se pretende aprovechar la importancia del sistema portuario andaluz para mejorar e intensificar la conexión entre los principales modos de transporte (carretera, puertos y ferrocarril).
Además de la planificación, gestión y control de las Áreas de Transporte de Mercancías, la EPPA también se encargará de mejorar la articulación de la red andaluza de transportes con las redes nacional e internacional, de acuerdo con las actuales demandas del sector.
Entre las funciones específicas asignadas a la EPPA, destacan las de proponer la creación de nuevas áreas logísticas; la obtención de los suelos para su desarrollo; la gestión económica y financiera; la elaboración de los reglamentos de régimen interior y de servicios; las labores de inspección y control, y la fiscalización de la actividad de los entes gestores de cada centro.
La nueva actividad de la EPPA se centrará tanto en las tres grandes áreas de interés autonómico, situadas en Sevilla, Málaga y el Campo de Gibraltar, como en el resto de los complejos logísticos de ámbito menor participados por la Junta de Andalucía.
Las Áreas de Transporte desarrollan una amplia gama de actividades, que van desde el almacenamiento, distribución y gestión de mercancías a las estrategias de marketing. En función de la complejidad y del grado de participación de las empresas privadas, se diferencian dos tipos: centros y estaciones de transporte. Los primeros disponen de una zona pública para la prestación de servicios y de otra privada para el establecimiento de empresas, mientras que las estaciones sólo cuentan con el área de uso público.
Los centros de transporte pueden ser de interés local y de interés autonómico. En Andalucía funcionan los centros de interés autonómico de Sevilla y Málaga, que acogen a más de un centenar de empresas y alrededor de 2.400 trabajadores. A ellos se unirá el del Campo de Gibraltar, actualmente en fase de promoción.
El Consejo de Gobierno ha acordado hoy agilizar las obras de remodelación del cruce de las carreteras A-306 y A-309, en el municipio cordobés de Bujalance. Para ello ha declarado la urgente ocupación de los bienes y derechos afectados por este proyecto, en el que la Junta de Andalucía invertirá 200 millones de pesetas.
Las obras consistirán en la creación de una glorieta de cruce a diferente nivel para mejorar las condiciones de seguridad vial en la carretera A-306 (Córdoba–Jaén por Bujalance). En esta vía se construirá un nuevo tramo de un kilómetro de longitud, de forma que su entronque con la carretera A-309 (Montoro–Puente Genil por Castro del Río) se realice mediante dos pasos inferiores y dos carriles unidireccionales.
La Consejería de Educación y Ciencia invertirá 142 millones de de pesetas en la ampliación del Instituto de Enseñanza Secundaria Nº 2 de Fuengirola (Málaga). El Consejo de Gobierno ha aceptado hoy los terrenos donados por el ayuntamiento de esta localidad para llevar a cabo el proyecto. Las obras consistirán en la construcción de tres nuevas aulas polivalentes, dos aulas de Plástica, una de Música y dos talleres de Tecnología, entre otras instalaciones.
Fuengirola es uno de los más de 400 municipios andaluces que se han sumado al Plan Aula 2000, promovido por la Consejería de Educación y Ciencia para adaptar los colegios e institutos de la comunidad autónoma a las exigencias del nuevo sistema educativo de la Logse.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy un decreto que permitirá a la Consejería de Empleo y Desarrollo Tecnológico delegar en sus delegaciones provinciales diversas funciones relativas a gastos y contrataciones, con el objetivo de agilizar su tramitación administrativa.
De acuerdo con esta norma, las delegaciones provinciales de Empleo y Desarrollo Tecnológico podrán aprobar y proponer gastos, liquidaciones y pagos en servicios propios con los límites de 50 millones de pesetas (300.506 euros) en contratos de obras y de 15 millones de pesetas (90.151 euros) en contratos de suministros, consultoría y asistencia y servicios.
El Consejo de Gobierno ha aprobado hoy el nombramiento de Francisco Fontenla Ruiz como director de Gestión Económica del Servicio Andaluz de Salud (SAS). Francisco Fontenla, nacido en la localidad onubense de Nerva en 1951, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Sevilla y funcionario del Cuerpo Superior de Administradores Generales de la Junta de Andalucía. Desde 1991 ocupaba el puesto de interventor central del SAS.